Que consecuencias legales puede tener el criptogate para Javier Milei

Una de las aristas sobre la que hay que estar atentos luego del criptogate es la cuestión legal. El abogado constitucionalista Diego Armesto habló con Gabriel Conte y Evangelina Argüello en "Tenés que saberlo", por Radio Post 92.1, y explicó las implicancias legales y políticas que podría tener el asunto.

"En primer lugar, el que esté implicado en esta cuestión es el presidente de la República, entonces hay que ser precavidos y cuidadosos. Hay dos aristas principales, que son la judicial y la política, donde obviamente la política es el juicio político. No veo que exista razón o motivo alguno. No hay una implicancia desde el punto de vista del mal desempeño. Obviamente que el Congreso de la Nación tiene que intervenir, están diciendo mediante una comisión investigadora, que tendrá que llevar adelante y evaluar si existen razones o motivos para enjuiciar al presidente por un mal desempeño", señaló Armesto.

A su vez, el abogado dejó en claro que el presidente "es presidente las 24 horas": "A mí me pueden venir con la estupidez de que ‘no, porque en realidad'. Caemos en el mismo argumento que decía Alberto Fernández cuando llegó a la fiesta de Fabiola ‘yo llegué y no sabía, entonces yo en ese momento dejo de ser presidente porque cuelgo a la banda presidencial'. No, el presidente es la 24 horas", señaló.

En esa línea señaló que lo que hay que buscar es la implicancia que tiene el control alrededor del presidente y los asesoramientos: "Hay que analizar cada cosa que tiene que hacer el presidente y que no afecte a la institución presidencial. Saco a Milei, cualquier presidente: Cristina, Alberto, Macri, Alfonsín, Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear, Perón. Es el presidente, hay que tener cuidado con eso".

En la parte judicial, el abogado marcó que hay denuncias referentes al artículo 256 sobre que un funcionario no puede intervenir ni promocionar empresas: "Después también el presidente, que produce una influencia en el aumento o en alza o baja de acciones y del mercado. Todo eso ¿pasó? ¿Lo hizo? Esta es la pregunta ¿está el delito? ¿Está la acción típica antijurídica? ¿Hay una estafa? ¿Fue parte de la estafa? Todas estas preguntas no las podemos responder y decir ahora a boca de jarro ‘sí cometió un delito'. Es la justicia la que debe investigar. El presidente debería poner a disposición su agenda, poner a disposición todo el entramado de esta cuestión y descubrir verdaderamente quiénes fueron los que llevaron adelante esta acción delictual, si se puede decir delictual, y descubrir quiénes fueron. Y si él está implicado, obviamente que recibiría las consecuencias. Hay un principio del derecho que dice que nadie puede alegar su propia torpeza".

A su vez, mencionó que el hecho de no poder promocionar empresas está en el artículo 2 de la ley de ética pública: "El artículo 3 dice que, si vos incumplís con eso, lo que tenés que hacer es la remoción o sanción. Pero primero hay que descubrir si la intención fue promocionar, acá lo que hay que descubrir es la intención y la finalidad. Cuando hablamos de estafa, en la estafa tiene que haber un engaño con un fin de lucro y que alguien se llene los bolsillos. Acá viene otra pregunta. ¿Quién se llenó los bolsillos con todo esto? Hay un montón de preguntas que no podemos responder, todo esto es judicial, será lo judicial que termine de resolver el tema. Y en lo político, se tendrá que analizar y evaluar. Pero no pueden salir así a lo loco pidiendo juicio político. Están mal las comparaciones, pero no revoleó un bolso. Agarremos el Código Penal y busquemos en qué lado está sancionado aquel que hace esto que estamos viendo que hizo el presidente con tres o cuatro personas. No está en el Código Penal, ¿cuál es el delito? Entonces ahí empiezas a derivar, estafa, asociación ilícita. Todo eso hay que descubrirlo judicialmente".

Armesto señaló que las consecuencias graves se pueden dar en el exterior: "No las consecuencias de Argentina o que nos vengan a demandar a la República. No, las consecuencias para el presidente en el exterior. Yo estoy viendo videos en las redes sociales que hay tipos que gritan, se ponen como locos, que perdieron un montón de plata. Si ese tipo afectado va a un juez en el estado de California y hace un planteo judicial, ahí tenemos que empezar a evaluar que el que va a ser demandado es el presidente de la República Argentina. Esto es lo grave y lo que hay que tratar de poner el ojo es que el mundo no es las redes sociales. Entonces me parece que hay que ser un poco más responsables con estas cosas".

Además, criticó el hecho de que el gobierno haya dicho que la Oficina Anticorrupción va a investigar: "Esto es como si yo me mando una macana y salgo a la televisión o en la radio en cadena nacional y digo ‘voy a decirle a mi señora y mis hijos que me investiguen'. ¿Vos qué vas a hacer? Te vas a matar de risa. Aparte hay una cosa que es graciosa: la Oficina Anticorrupción tiene la obligación de investigar constantemente e ir monitoreando todos los hechos de corrupción, ¿cómo puede ser que el presidente le da la orden para que lo investigue? Todo el tiempo tiene que estar monitoreando".

Finalmente, el abogado constitucionalista señaló que en 15 años se seguirá hablando de esto porque la justicia Argentina es muy lenta: "Le doy crédito al presidente que capaz que fueron por su buena fe. Si cualquiera fuera gobernador de Mendoza, y yo le digo ‘traje este proyecto que vas a hacer que todas las empresas pyme de Mendoza reciban dinero', va a aceptar. Ahí le doy la buena fe al presidente. Ahora, quien termina investigando es la justicia. Yo he conocido mucho gran vendedor de negocios que termina siendo un estafador. Hay que cuidar la figura presidencial, los controles alrededor del presidente, no puede ser que vaya cualquiera y se saque una foto, una selfie, el presidente haciendo los deditos, después twittea la foto y a los dos minutos termina siendo un tipo que hizo cualquier macana. Hay que tener cuidado con esas cosas, mucho cuidado", concluyó.