Imputaron a una exfuncionaria de Rodríguez Saá

Cintia Ramírez se convirtió en la primera exfuncionaria de Alberto Rodríguez Saá en ser acusada formalmente por la Justicia por hechos de corrupción que se produjeron durante la gestión anterior y que fueron denunciados desde el 10 de diciembre, según informó el diario El Chorrillero en San Luis.

Ayer, ante el juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, el fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí acusó formalmente a la exsecretaria de Deportes por cuatro delitos: negociaciones incompatibles con la función, malversación de caudales, incumplimiento de los deberes y fraude en perjuicio de la administración pública.

El representante del ministerio Público Fiscal solicitó como medidas cautelares la firma del libro de imputados durante cuatro meses, la prohibición de salir de la provincia por el mismo plazo y la inhibición general de sus bienes hasta la finalización del debate oral.

Ramírez es investigada porque durante el gobierno anterior cumplió tres roles en simultáneo (secretaria de Deportes, presidenta del Ente Deporte y del San Luis Fútbol Club (SLFC). Sospechan que aprovechándose de esas funciones, usó recursos del Estado para beneficio propio.

Para la formulación de cargos, Assat Alí tuvo en cuenta el nombramiento de Ramírez en la cartera deportiva en marzo de 2022, la creación un mes después del Ente Deporte, las misiones del organismo, los Aportes del Tesoro Provincial (ATP) girados, y la conformación del SLFC como asociación civil.

Agrupó la acusación en dos partes. Una consistió en 276 transferencias que se realizaron entre 2022 y 2023 al club por $166 millones. Los recursos estuvieron vinculados a viandas, transporte y gastos diarios.

"Cualquier gasto que tuviese el SLFC, propiedad de Ramírez, era cubierto con fondos públicos gestionados por la secretaría de Deportes, canalizado por el Ente Deporte", sintetizó el fiscal.

Planteó que estas "acciones tenían una apariencia formal en lo legal, pero siempre estaban encubriendo un ardid destinado a privilegiar intereses particulares por sobre los fines públicos".

En un segundo lugar, Assat Alí se refirió la "última acción delictiva" que fue la misiva firmada por Ramírez y las jugadoras donde le solicitaban a Rodríguez Saá el subsidio para comprar un colectivo con 60 asientos. Mencionó el expediente, la excusación de la exfuncionaria y la velocidad del trámite. Sumó que la empresa no vendía vehículos, sino que se dedicaba al turismo.

Por otra parte, tuvo en cuenta una cotización que hizo una martillera pública donde se fijó el valor del colectivo en $144 millones, mientras que el Estado desembolsó en ese entonces $290 millones. Así, habló de un sobreprecio.

En relación a las transferencias al SLFC, dijo que Ramírez incurrió en negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales e incumplimiento de los deberes. Todos los delitos concursan con negociaciones incompatibles con la función, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes por la compra del vehículo.

En su exposición, el fiscal enumeró cada una de las acciones desempeñadas por la ex funcionaria por las que cometió cada delito. Se refirió a la imparcialidad con que deben tomar decisiones los funcionarios públicos, la misión de preservar los intereses de la administración y la transparencia. Advirtió que la acusada tuvo un "desdoblamiento de personalidad" en los tres roles que ocupaba.

Sobre la inhibición general de bienes, argumentó que de acuerdo a la escala penal, Ramírez podría tener que hacer frente a un embargo de $2283 millones ante una posible condena. Llegó a ese número al multiplicar en cinco los recursos estatales afectados de las transferencias y el colectivo, que ascienden a $456.612.164.

En representación de la fiscalía de Estado interviene en la causa el abogado Santiago Calderón Salomón, quien inicialmente expresó su coincidencia con Assat Alí.

La querella aclaró que la denuncia no está vinculada a una cuestión política porque llegó a la Justicia y afirmó que hubo una "manipulación de los fondos del Estado para beneficio personal".

Tras enumerar las diversas irregularidades, Calderón Salomón se detuvo en el rol que tiene la Justicia ante los hechos de corrupción para que la ciudadanía se anime a denunciar y no se resigne.

Cuestionó la "impunidad" con que se manejó Ramírez: "Estaba tan confiada que no le iba a llegar la justicia que dejó todas las evidencias a flor de piel".

En relación a las medidas de caución, solicitó un embargo por los $2283 millones y prisión preventiva por 120 días.

Ramírez, escuchaba con atención los relatos y acusaciones de la Fiscalía y la querella. Sus reacciones iban desde los murmullos hasta risas irónicas como cuando Assat Alí pidió la prohibición para salir de San Luis. Marcos Juárez y Ramiro Rubio fueron los encargados de defenderla. Ella se abstuvo de declarar.

En su alocución, Juárez solicitó la nulidad de la formulación de cargos por incongruencia. Apuntó a una violación del debido proceso y de defensa de Ramírez. Consideró que se trató de una acusación apresurada y tergiversada.

En otro tramo, aseguró que las transferencias sólo fueron 125 y que "ninguna corresponde a las cuentas del SLFC". Agregó que el expediente del colectivo "no pasó por Ramírez".

Subrayó que "cada peso que se transfirió estaba destinado a fomentar el deporte" y que fue "una funcionaria ejemplar".

Tras la réplica de todas las partes, Flores Leyes decidió rechazar el pedido de nulidad de Juárez, la prórroga de los ocho días y la prisión preventiva que solicitó Calderón Salomón.

Así, Assat Alí tendrá 120 días para llevar adelante la investigación. Durante ese mismo tiempo, Ramírez tendrá que acudir del 1 al 10 de cada mes a firmar el libro de los imputados, no podrá salir de la provincia salvo cuestiones de trabajo, salud u urgencia. Pero antes deberá avisar a la Fiscalía.