Bullrich denunció que quieren intervenir Jujuy para amnistiar a Milagro Sala
En diálogo con el canal LN+, Bullrich se tomó del proyecto presentado en el Congreso por la diputada kirchnerista Gisela Marziotta para avalar sus afirmaciones.
La precandidata presidencial Patricia Bullrich denunció que el gobierno nacional apoya el estallido protagonizado por sectores gremiales y de la izquierda en Jujuy "porque quiere intervenir la provincia y amnistiar a Milagro Sala".
Empresarios de Mendoza cuestionaron la violencia en Jujuy
La dirigente del PRO que hoy anunciará formalmente que el mendocino Luis Petri será su compañero de fórmula, junto a una serie de otras candidaturas, puso en valor al gobernador radical jujeño Gerardo Morales, víctima de la situación y que es atacado en simultáneo tanto por el presidente Alberto Fernández como por su vice, Cristina Kirchner.
En diálogo con el canal LN+, Bullrich se tomó del proyecto presentado en el Congreso por la diputada kirchnerista Gisela Marziotta para avalar sus afirmaciones.
En la iniciativa plantea que es necesario esta medida para "restablecer la forma representativa, republicana y federal de gobierno (artículo 6º, C.N.), en resguardo de la vida, integridad y libertad de las personas humanas, y restablecer la supremacía de la Constitución Nacional (artículo36, C.N.), y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (artículo 75, inciso22º CN)".
Además, la diputada kirchnerista explica que su propuesta está contemplada en el artículo 6 de la Constitución Nacional que se refiere a la conmoción interior "por el intento de alterar la estructura jerárquica del orden jurídico establecido por los artículos 31 y 75, inc. 22º de la C.N. y la ostensible lesión a lo preceptuado por el artículo. 75, inc. 17 de la C.N. de reparación histórica a los pueblos originarios y su derecho a habitar en comunidad sus tierras ancestrales".
Luis Petri será el candidato a vicepresidente de Bullrich
El proyecto establece que el Poder Ejecutivo designará al Interventor federal, la cual se extenderá por un plazo de 180 días "prorrogables por el Poder Ejecutivo Nacional por un período igual" y que "para asegurar la normalización y pleno funcionamiento de los Poderes Provinciales el Interventor deberá convocar a elecciones".
También se dispone en la provincia intervenida "la inmediata caducidad de los mandatos del Poder Ejecutivo y de los miembros del Poder Legislativo y que se declare en comisión a los miembros del Poder Judicial".
En los fundamentos se dice que "el Gobierno de la Provincia de Jujuy decidió realizar una reforma parcial de la Constitución provincial, que en sus modificaciones contradice los principios garantizados por la Constitución Nacional".
Marziotta dijo que en ese contexto "el pueblo jujeño decidió movilizarse por sus derechos y afirmarse contra la nueva reforma de la constitución de Jujuy. En esas circunstancias, el gobierno provincial reprimió a los argentinos y argentinas que alzaron la voz en la provincia de Jujuy. El nivel de violencia y represión fue tan grave, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exclamó su preocupación por el accionar de la policía local ante las movilizaciones, los arrestos y el uso excesivo de la fuerza".
"Es necesario destacar que, además de los motivos previamente mencionados, la provincia de Jujuy posee antecedentes recientes de alteración de la forma republicana de gobierno, en tanto su poder judicial no solo es dependiente del poder político, sino que de hecho se encuentra cooptado por este en gran medida", subrayó.
La iglesia católica tomó partido por los que promueven el estallido en Jujuy
En tanto, señaló que "esto se refleja en la ampliación por ley del Tribunal Supremo de la provincia de 5 a 9 miembros, donde dos de los nuevos miembros incorporados fueron diputados que votaron dos días antes por esta ampliación. Aún más, el gobernador instó a renunciar a tres de los integrantes previos, con el pretexto de imponer su propia mayoría. Además, la provincia de Jujuy registra un historial de persecución y presos políticos, teniendo el caso de Milagro Sala como antecedente. Estos hechos constituyen una gravedad institucional extrema".
