Cómo el estallido y Boric llevaron a Chile a vivir entre asesinatos y crimen organizado

Encontrar un hecho puntual para la crisis de inseguridad que vive Chile es complicado, pero claramente se cruzó una línea. La población está impactada por los 17 homicidios en sólo cuatro días, pero ya se venía espantando con el crecimiento de secuestros y hechos relacionados con el crimen organizado o de tinte mafioso.

Para llegar a lo que se enfrenta actualmente se dieron por lo menos una serie de situaciones que tienen su punto de inflexión en el estallido social del 2019, momento en que en el vecino país las movilizaciones espontáneas y otras dirigidas, pusieron en jaque la gobernabilidad y afectaron fuertemente a muchas instituciones, principalmente de orden y seguridad.

A eso, se suma un fuerte impacto del movimiento migratorio que hizo que más de un millón de personas llegaran a Chile, muchos de los cuales -claramente- llegaron a delinquir. Las cifras indican una fuerte presencia de extranjeros dentro de los hechos que llevaron a un aumento del 22% en la cantidad de asesinatos que se registraron en el primer trimestre del 2024 respecto al año pasado.

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Lo más preocupante, es que muchos hechos tienen claras señales de la presencia del crimen organizado, con agrupaciones criminales como la venezolana denominada Tren de Aragua, cuyos integrantes habrían llegado a fines del 2020 y estarían involucrados en muchos hechos de sangre. Se estima que son los responsables, por ejemplo, del secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, quien tenía refugio en Chile tras ser perseguido por Nicolás Maduro.

Pero más allá de los números y el impacto de cada hecho, la inseguridad que se comenzó a sentir en Chile después del estallido social se acentuó con el primer proceso para cambiar la Constitución. El texto, lejos de intentar mejorar la carta magna y corregir injusticias, casi intentó "refundar" Chile, con posiciones fuertes de izquierda que, incluso, buscaban cambiar el nombre oficial del país. el himno y la bandera.

Aunque el texto fue rechazado, muchas instituciones se vieron afectadas y hasta menospreciadas y cuestionadas. Los políticos de turno, los convencionales y el documento, apuntaban fuertemente a limitar el accionar de las fuerzas de orden y seguridad, cuestionando sus funciones y hasta su creación.

Quizás la institución que más fuerte sintió esos golpes fue Carabineros, la policía uniformada trasandina. Solía ser la más confiable y valorada por la población. A los golpes y cuestionamientos que recibió desde la política, se sumó un fuerte impacto por hechos de corrupción interna con montos de dinero millonarios.

El golpe de gracia para las policías fue la llegada del nuevo Gobierno, de corte de izquierda. Muchas de sus más altas autoridades, empezando por el mismo presidente Gabriel Boric, fueron críticos de la policía, llegando a usar fuertes insultos para cuestionar sus procedimientos, especialmente durante el estallido social.

Dentro de esta institución, como también en otras, sintieron que la llegada de las nuevas autoridades y sus discursos, significaban una pérdida de respaldo que tuvieron en las últimas décadas (con los presidentes Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera). Esa falta de respaldo, que era evidente, se sintió en una autocensura a la hora de actuar para evitar futuros problemas judiciales o cuestionamientos políticos.

Los que ahora habitualmente cruzamos la cordillera y que crecimos con la figura de Carabineros como un sinónimo de orden, notamos cómo la figura se deterioró y algo tan simple como su presencia en las calles disminuyó notablemente. En el aire al llegar a Chile se siente que es otro el ambiente y que la sensación de inseguridad es mayor, transmitida por los mismos ciudadanos trasandinos que transmiten ese sentimiento en cada conversación.

Indultos y palos de ciego

A esa falta de respaldo a la autoridad policial, la gestión de Gabriel Boric sumó muchas malas señales, como por ejemplo la entrega de 12 indultos a detenidos por el estallido social que tenían condenas por hechos delictivos. La razón para entregarlos fue política y era cumplir con el compromiso de campaña con los sectores más radicales de su conglomerado de Gobierno, como el Partido Comunista. Justificó sus decisiones con la búsqueda de paz.

En este caso no sólo fue cuestionado por entregarlos, sino porque sobrepasando sus facultades, criticó los fallos judiciales, cuestión que no era necesaria porque, si bien el indulto es una atribución presidencial, no lo es la intervención en las decisiones de otros poderes y menos referirse a su desempeño. El panorama se puso peor cuando varios de los indultados volvieron a ser detenidos en casos graves, como uno de secuestro extorsivo. 

Después vino otro capítulo relacionado con el estallido social. La Contraloría chilena entregó un informe sobre dineros otorgados por el Gobierno a personas afectadas por los hechos del 2019 y registró que, por lo menos, 58 de los beneficiados contaban con antecedentes penales.

Las señales fueron totalmente claves, porque dieron a entender que a un delincuente no sólo se le regalaba la libertad, sino que además se le daba dinero porque el Estado lo perjudicó. Entonces, la acumulación de estas situaciones fueron generando un ambiente de desprotección en el ciudadano que, por el otro lado, fue abriendo las puertas a la impunidad que es un aspecto clave para que los delincuentes se animen a accionar de la forma en que están actuando hoy en Chile.

Reacción lenta y sin ideas

Lejos de hacer una fuerte crítica, desde la gestión política se trata de explicar lo evidente. Pero el principal problema que tiene Boric hoy es que teme actuar de la forma en que hubieran hecho otros presidentes (de derecha y centroizquierda) ante estas situaciones, porque la cuestión fuertemente ideológica que prima al interior de su conglomerado lo limita.

Ahora, con un largo historial de críticas, insultos y cuestionamientos a las fuerzas y organismos de orden y seguridad, les pide "unidad" para enfrentar el crimen organizado, porque gran parte de lo que hoy está sucediendo en Chile tiene que ver con la llegada de bandas criminales al vecino país.

Ante este panorama, toman más fuerza las palabras de Patricia Bullrich que en algún momento molestaron al Gobierno chileno y que señalaban la presencia de algunas operaciones de Hezbollah en el vecino país. En ese mismo período, al sistema judicial chileno se le escaparon dos iraníes que estaban en prisión domiciliaria nocturna por intentar ingresar con pasaportes falsos. Los dos sujetos llegaron al vecino país tras un periplo que incluyó Teherán, Moscú, Caracas y Ciudad de Panamá.

La sensación que existe es que la administración de Gabriel Boric está absolutamente sobrepasada por la situación y sólo se están dando palos de ciego. Ante eso, incluso desde el Partido Socialistas algunos senadores pidieron que se tomen medidas extremas para comenzar a zanjar el problema de forma radical. Se pide directamente un estado de sitio en la Región Metropolitana, donde se registra la mayor cantidad de casos.

El Estado de sitio es una facultad exclusiva del presidente de la República y se declara en situaciones extremas que ponen en peligro la estabilidad del país. Puede durar un máximo de 15 días, aunque es posible pedir prórrogas, la que debe ser señalada por el presidente. 

Las facultades que tiene el Jefe de Estado durante este tiempo son: 

-Restringir la libertad de locomoción. 
-Arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine y que no sean cárceles, ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes.
- Suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión.

La fuerte carga ideológica que hay detrás de las decisiones que toma la gestión de Boric hace que hoy esté en un momento complejo, porque este tipo de medidas son resistidas por los sectores más extremos de su conglomerado. Es el caso del Partido Comunista, del cual es parte al vocera de Gobierno y una de sus más cercanas colaboradoras, Camila Vallejo, quien fuera exdirigente estudiantil junto al actual presidente.

Lo cierto es que en Chile se encendieron las luces de alerta porque la situación pasó a mayores en lo que se refiere a la acción de los delincuentes y no se percibe una reacción adecuada de la autoridad.