Las alarmantes cifras sobre violencia de género que analizaron aliados de Suarez
Durante una reunión interprovincial con entendidos en la materia de otros puntos del país, profundizaron sobre diferentes temáticas sociales.
Impulsada por la legisladora Josefina Canale, integrante del Partido Demócrata Progresista (PDP), se llevó a cabo una reunión interprovincial con referentes políticos y especialistas en la materia de seguridad.
Una de las que asistió al encuentro, es la diputada nacional Ana Copes, representante del Partido Demócrata Progresista de Santa Fe, y ex Coordinadora del Comité para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas durante el gobierno de Mauricio Macri.
"Las mujeres no fabricamos, no circulamos, no usamos, no compramos ni vendemos armas de fuego, pero sí sufrimos sus consecuencias", dijo Copes.
Además, en el conclave se profundizó sobre diferentes temas de interés social, entre ellos la utilización de armas de fuego y su correlato: la violencia de género. Al respecto, Copes sostuvo que la "circulación de armas de fuego y su manifestación en la violencia de género", constituye un problema "no identificado convenientemente por la agenda pública".
"Esa intersección, agregó, se intensificó en cuanto a la gravedad de los sucesos durante la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio" por lo que consideró que parte de los desafíos del Gobierno consiste "en la producción de datos, con criterios compatibles".
En tal sentido dio como ejemplo la existencia de registros que "todavía no distinguen entre "armas de fuego" y "corto punzantes", con la diferencia que esto implica en cuanto a letalidad y, por tanto, la posibilidad de implementar diferentes políticas públicas de prevención. "Sin datos sólidos, no se pueden construir políticas públicas sólidas", aseveró.
"Un hecho conocido (y corroborado por organismos internacionales), dijo, es que las mujeres no fabricamos, no circulamos, no usamos, no compramos ni vendemos armas de fuego, pero sí sufrimos sus consecuencias", lanzó.
Reveló datos al referirse a que de "100 usuarios de armas en Argentina, 99 son hombres y de cada 4 femicidios, uno es cometido con arma de fuego, de ellos, en por lo menos el 16% de los casos había existido una denuncia previa, pero el Estado no fue capaz de evitar que el agresor siguiera teniendo acceso a armas de fuego".
Remarcó además que "los jueces y juezas tienen la posibilidad (prevista en la ley) de secuestrar el arma de fuego del agresor en, por ejemplo, las clásicas medidas de prohibición de acercamiento, sin embargo, la evidencia muestra que no proceden a dicho secuestro en 6 de cada 10 casos".
A raíz de este panorama, la legisladora subrayó que el Estado "puede y debe intervenir al menos en tres dimensiones: diseñar políticas para restringir el acceso a las armas, limitar y controlar sus usos e intervenir en casos de denuncia de violencias de género".
Al encuentro asistieron además, el ex legislador y convencional nacional constituyente Pablo Cardinale, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, el Subsecretario de Salud Oscar Sagas, como así referentes del PDP Mendoza: Diego Arenas, Luli Gabrielli, Vanina Borcia y Richard Battagion.