¿Y si evitamos las usurpaciones con un plan de viviendas en serio?
Daniel Urquiza plantea en este artículo una crítica a la posición planteada por Jorge Difonso en Diputados en torno a quitarles beneficios a personas que tomen tierras. Formula además una propuesta.
Hace unos días, la Legislatura Provincial, sancionó la ley 9271, más conocida como la Ley que "quita planes sociales a quienes usurpen tierras". Impulsada por el Diputado Jorge Difonso, en compañía del radicalismo y el Pro mendocino, se sancionó una ley que en nada ayuda a resolver un tema central a la hora de pensar en el desarrollo de Mendoza y que solo se transforma en un titular de ocasión, motivado por la ocupación de tierras en lugares como la provincia de Buenos Aires.
La Ley Difonso plantea una "sanción social" -que se suma a la sanción penal que se aplica- consistente en privar del acceso a "Planes sociales otorgados por el Gobierno de la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta todas las modalidades de subsidios monetarios, alimenticios o de cualquier otra índole y concepto" tal cual reza la ley. Como si quienes pudieran realizar tal acción no supieran de sanciones sociales, de privaciones, de injusticias sociales y estómagos vacíos.
Asimismo la ley va un poco más allá y en su segundo artículo -de los cuatro que tiene-, prohíbe el acceso a los "beneficios sociales emanados del Instituto Provincial de la Vivienda", como si perder este beneficio fuera una gran preocupación para los 103.320 grupos familiares que se encuentran inscriptos, desde hace años, en el Registro de Necesidades Habitacionales (ReNHabit). El I.P.V. en su estado actual es sinónimo de desesperanza para quienes necesitan acceder a una vivienda.
¿Caprichoso o apropiado? Quien tome tierras perderá beneficios sociales
Entonces la Ley de Difonso, que promueve el gobierno provincial, está vacía de soluciones a los problemas de hábitat, solo propone sanciones, que amplificadas por grandes titulares, intentan generar sensación de estar ocupándose del tema. Ni una palabra se encuentra que haga referencia a esas cientos de familias mendocinas que no encuentran un horizonte donde visualizar su techo digno.
Lejos de quedarnos en el análisis de una ley pobre, punitivista y alejada de la realidad, que llevó horas de debate legislativo y desperdició la oportunidad de poner en relieve una problemática social acuciante, vale preguntarse por dónde hay que empezar a resolver un problema estructural que requiere fuerte decisión política en nuestra provincia, teniendo en cuenta que el organismo encargado de ejecutar políticas públicas tiene actualmente más demanda que todas las soluciones habitacionales dadas en sus 73 años de historia.
Tierra, techo y trabajo
Hablar de déficit habitacional es hablar de las familias que carecen de una vivienda, de familias que la comparten con otras o que habitan en casas de carácter muy precario en términos de sus materiales (viviendas irrecuperables), sin agua potable, luz eléctrica y sin saneamiento; viviendas de categoría regular en la tipología de materiales y hogares con hacinamiento por cuarto, en condiciones críticas, con tres o más personas por habitación, tal cual lo define la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), integrada por el Movimiento Evita, CCC, Somos, MP La Dignidad, UST, APEPRO, La Poderosa, FSP, Octubres, FPDS, MTE, OLP, Pueblo Unido.
Frente a este duro diagnóstico es que las organizaciones sociales nucleadas en la UTEP presentaron en la Legislatura provincial un proyecto de Ley que viene a abrir un necesario debate y dar una nueva perspectiva con aportes concretos de cómo comenzar a solucionar esta problemática.
Planificación ya tiene un "banco de terrenos" y propuestas sobre cómo utilizarlos
Construir Soluciones Habitacionales, viviendas nuevas e infraestructura social básica para la población en situación de déficit habitacional y la entrega de lotes para la construcción de viviendas es uno de los primeros objetivos propuestos.
Instrumentar políticas de acceso a la tierra priorizando la agricultura familiar, campesina y originaria que encuentra en la tierra su principal sustento y constituyen la base de las economías regionales; para la tierra urbana partiendo de los 247 barrios populares del RENABAP, y la necesidad de dar cumplimiento a los alcances de la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana y así avanzar, también, en la regularización dominial urbana y rural.
La creación de un banco de tierras e inmuebles, sumado al registro de postulantes con déficit habitacional que vendrá a ordenar las necesidades, la construcción de equipamiento social y la generación de Centros de Producción de Elementos Constructivos serán algunas de las acciones que se prevén en este proyecto.
Asimismo se propone la creación de un fondo específico de recursos con una suma inicial de 5.000 millones de pesos, destinados a dar 10.000 soluciones habitacionales en el primer año de iniciado el Programa.
La propuesta además implica la generación de puestos de trabajo local, dinamizadores de la economía y promueve la adquisición de bienes, materiales, servicios, suministros también locales.
En nuestra provincia sobran ejemplos de grandes barrios que se han levantado a partir del esfuerzo comunitario, con la ayuda mutua, con la organización como pilar en la construcción, no solamente de paredes, sino de sueños colectivos, éste proyecto nos invita a recrear aquellos momentos.
La Legislatura de Mendoza debe comenzar a discutir, con seriedad, un plan para la provincia en materia habitacional, existen diversas iniciativas que pueden dar comienzo a una nueva etapa, debatirlas y construir los consensos necesarios puede ser el inicio de una política de Estado capaz de resolver un problema estructural que lleva años, que no encuentra una efectiva respuesta y que por el contrario se agrava exponencialmente. Será responsabilidad de legisladoras y legisladores seguir debatiendo iniciativas coyunturales o abordar seriamente este tema.
Okupas VIP: usurpó 3.000 m2 en Cacheuta y el Gobierno busca desalojarlo
El Poder Ejecutivo local tiene la oportunidad de generar grandes cambios en el organismo encargado de llevar adelante la política de viviendas, que hoy resulta lento, burocrático y vetusto. Emular los cambios a nivel nacional, con la creación por parte del gobierno de Alberto Fernández del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat -y hasta con los cambios de funcionarios si hace falta-, puede ser un inicio.
Repensar a Mendoza desde una nueva integración territorial, con más equidad, con más arraigo en las ciudades medianas y pequeñas, con acceso al suelo y la vivienda, entre otras cosas, debería ser una preocupación constante de cualquier gobernante.
EL AUTOR. Daniel Urquiza es militante del PJ en Las Heras.
