Volver a poner los reflectores sobre el femicidio de Florencia

Pasamos en cuestión de segundos del horror del femicidio de Florencia Romano a otro horror: el de pretender vivir sin poderes equilibrados del estado republicano, al incendiar la Legislatura. 

Por supuesto que convive gente que pretende imponer una sola visión, un solo camino, una sola forma de ver las cosas que tampoco es como lo indica la Contitución y su reglamentación mediante leyes y códigos, en un entrecruzamiento de buenas y malas intenciones e intereses que no necesariamente son maniqueos, sino muy variados.

Los hechos violentos del Barrio Civico, por los cuales aun no hay detenidos y que fueron permitidos por el gobierno mendocino con el pretexto del pronóstico de que su intervención hubiese sido fallida, produjeron que se dejara de lado el asunto principal: una joven fue asesinada y en el caso, hay una serie de traspiés que desnudan que no todo está funcionando como debiera en materia de prevención del delito de femicidio.

Fue el vicegobernador Mario Abed quien ayer, en diálogo con Radio Nihuil, dijo con suma claridad que "el Estado falló" cuando la operadora de la línea 911 no atendió una denuncia vecinal que podría haber servido -de ser atendida- para evitar el asesinato.

En el caso específico, hay que señalar datos objetivos, sacando todo el ruido que se ha colado en una conversación crucial que tiene que tener la sociedad con sus instituciones: 

1- Por un lado, hay un presunto asesino identificado y posibles cómplices. La justicia debe actuar allí con todo el peso del derecho, su poder de investigación y con menos excusas y argucias sociológico ideológicas que las usadas en otros casos: determinar quién o quiénes asesinaron y condenarlo/s en consecuencia.

2- Está identificada la persona que no atendió la denuncia en el CEO Policial que administra el 911: actuar en consecuencia y revisar sus prácticas, en este tipo de casos y en todos los otros.

En lo político

La política tiene un rol en todo esto y no pasa por sacar tajada para cada partido, ni para el que gobierna ni para los que se oponen. El contralor opositor es quien tiene la responsabilidad de indagar si hay órdenes o sugerencias superiores que cumplió la operadora acusada de alta negligencia de hacer la vista gorda ante la imposibilidad de atender todos los llamados, inclusive las falsas denuncias o mentiras, o si fue su entera responsabilidad. 

Nadie es inocente o puede alegar su inhabilidad o torpeza cuando ejerce una labor profesional para la que pasó todos los controles, y así y todo comete un error o un delito: tiene una responsabilidad individual en un marco colectivo, pero de ninguna manera se disuelve la actitud personal de nadie ante los condicionantes del contexto.

Si así fuese, comenzaríamos una vez más un largo debate en torno a los traumas del asesino y las presuntas culpas de la sociedad en su situación, que terminarían por victimizarlo a él y garantizarle impunidad al femicidio.

La oposición no abusa de su rol cuando pide explicaciones. Por el contrario, para eso está. El oficialismo no hace un favor al darlas, es su obligación. 

De allí en más, la discusión abierta es arbitraria, siempre, y está puesta en torno a si deben producirse renuncias o no: queda, primero, en la honorabilidad del sospechado; luego, en las manos de quien manda. Y finalmente, es un resorte que tiene la sociedad y sus representantes para reclamar transparencia o cambios de rumbo.

El debate social

La discusión social del tema, por otro lado, parece estar desbarrancando. Hay una tendencia que se aprecia en los medios de comunicación y las redes sociales en culpar a la víctima y a su familia por el asesinato.

Hay autoridades, presuntos expertos y opinólogos que se exceden en la pretensión de ser rectores de un orden moral, tarea que no les incumbe. Creen ser los cultores de una familia perfecta, criada en almácigos y trasplantadas sin mácula, lo que no es más que una sobreactuación o latransmisión de una ilusión exagerada, sino de la intención de imponer su propia formación cultural a una sociedad diversa y compleja, en donde esa presunta perfección militada se cae a pedazos apenas se rasca un poquito.

Si esa teoría tuviera algún fundamento, todos quienes mueren dolosamente tendrían su cuota de culpa y, por lo tanto, no haría falta la Justicia para resolverlo, ya que se diluirían las responsabilidades en lo que termina por instalarse como "una sociedad enferma", cuando en realidad hay ejecutores directos del asesinato y factores indirectos que teóricamente podrían haber apañado aquel plan aberrante.

Hay que hablar del caso Florencia Romano, pero sobre todo, tiene que hablar la justicia para que la sociedad no le reclame en el futuro como por tantos otros casos irresueltos, inclusive, con personas que desaparecieron cuando todos sabemos que las personas no desaparecen.

Mientras tanto, si incendian la Legislatura, el Poder Judicial o la Casa de Gobierno, no tendremos instituciones, nos guste poco o mucho quienes las conducen e integran. De ese caos soñado por grupos a quienes no se ha frenado y están activos, no saldría nada bueno. ¿O alguien cree que sí?

Foto: Joaco Roberto