Una medida efectiva, con algo de populismo y un toque de justicia

Las últimas semanas en Chile fueron convulsionadas por un proyecto de ley que ingresó al Congreso como una alternativa para que el ciudadano común pudiera enfrentar la crisis provocada por la cuarentena en el vecino país. Comenzó como una idea loca y terminó con una reforma constitucional que permitirá usar el 10% de los fondos jubilatorios a 11 millones de chilenos que podrán acceder a fondos entre los US$1.300 y los US$5.200.

Se trata de dinero que manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP (las AFJP en Argentina), y que deberán ser entregados a todos los que soliciten y serán descontados de las cuentas individuales de cada persona. Por estos días todos los afiliados están recibiendo correos electrónicos informando cuánto dinero tienen en sus cuentas y cuánto puede retirar.

El proyecto era resistido por el Gobierno por el efecto fiscal y una decena de otros argumentos, especialmente porque el dinero que se debe desembolsar va a salir de la venta de acciones de las que tendrán que desprenderse las AFP y que impactarán en toda la economía trasandina.

El rol que juegan estas entidades no es menor, porque manejan una caja que se calcula en un mínimo de US$250 mil millones que es fundamental porque es un verdadero motor económico y financiero en el vecino país.

Por eso, todo lo que mencionó el Gobierno para oponerse se puede justificar desde el punto de vista macroeconómico, pero al mismo tiempo contrastaba con la insuficiencia de la ayuda y asistencia que entregó el gobierno de Sebastián Piñera. El ciudadano de a pie sintió que había más preocupación por lo que sucedía a nivel de corporaciones y no por su complicada realidad en medio de la cuarentena.

Ya se habían visto escenas de protestas en las calles con personas reclamando ayuda y en medio de todo ese panorama la oposición encontró una puerta abierta para entrar en escena y, entonces, se presentó un proyecto para usar los fondos de pensiones. Antes se hizo en otros países como Perú o Australia, con matices distintos, pero apelando a los haberes jubilatorios que se descuentan a cada trabajador mensualmente y que no pueden tocarse hasta que llega la hora del retiro.

Con una cuota de populismo y oportunismo se lanzó la campaña que poco a poco fue tomando fuerza en la población, porque respondía a una necesidad inmediata de muchas personas y al mismo ofrecía una pequeña victoria para quienes piden que se reforme el sistema jubilatorio, uno de los principales pedidos del estallido social de octubre.

Tal como analizaron algunos especialistas, la misma falta de acción de Piñera y su gente permitió que este pedido tomara fuerza a tal nivel que diputados y senadores del oficialismo comenzaron a pensar seriamente en acompañar el proyecto. Esa intención se transformó luego en votos que permitieron la aprobación de una reforma constitucional que fue aprobada el jueves.

Se habló de un posible veto, pero Piñera no tiene capital político para una medida de ese tipo. Eso, porque según una encuesta de la Cámara de Comercio de Santiago un 72% de los mayores de 25 años consideró que esta idea es la mejor medida para ayudar a la población en tiempos de crisis. Además, se suma e quiebre que hubo al interior del conglomerado de Gobierno por los votos oficialistas que sumó el proyecto y que aún mantienen un clima de tensión, en el que se cuentan renuncias y acusaciones.

El economista trasandino Sebastián Edwards tuvo una definición muy clara respecto a lo sucedido. Si bien dijo que es un mal proyecto, también considera que la medida no es tan grave como la quiere hacer ver el Gobierno. Serán necesarias acciones del Estado para ordenar cuestiones macroeconómicas, pero nada que no sea posible manejar con equipos económicos eficientes. Además, criticó al Gobierno chileno porque considera que fue su falta de acción la que le dejó el plato servido a la oposición parlamentaria para que lograra una victoria que golpea fuerte al presidente.

Ahora está en cada uno de los 11 millones de afiliados que tiene el sistema de AFP decidir si saca o no el dinero ahorrado en su fondo jubilatorio. Se estima que una mayoría importante lo hará, aún sabiendo que afectará su nivel de ahorro para la vejez o la inactividad. Un importante número lo considera justo porque las AFP hacen negocios y lucran con su dinero. Por otro lado también están los más prácticos (que en muchos casos no tienen problemas de dinero apremiantes) que por efecto de la crisis han visto caer sus fondos por las inversiones que hacen las administradoras. En ese sentido, y con pérdidas en algunos casos similares al 10%, prefieren manejar  personalmente parte de esos fondos con la opción de perder o ganar, pero bajo su administración y sus decisiones. 

El lado efectivo de la medida es que alcanzará a la mayoría de los chilenos y entregará alivio para las cuentas familiares. Además, inyectará unos US$18 mil millones a la economía y -según estimaciones- gran parte irá al mercado interno que se verá reactivado por esos recursos. No debería haber un problema inflación con esa cantidad de dinero circulante, porque el chileno tiene una cultura de ahorro importante y cuando la aplica lo hace recurriendo a su moneda.

Entonces, en toda esta historia está el nivel de efectividad que mencionamos, el populismo de los que aprovecharon el momento, pero también el sentimiento de justicia que tienen muchos chilenos porque consideran que le ganaron una pequeña batalla al sistema de pensiones imperante.

Del mismo modo, los especialistas advirtieron que lo sucedido es una muestra de la falta que hace una reforma al sistema de pensiones, una cuestión que se ha postergado y que ahora se vuelve a poner sobre la mesa.

En la Argentina hoy no es posible aplicar una medida de ese tipo porque en el país tenemos un sistema de reparto, con fondos comunes y sin cuentas individuales. Este sistema se eliminó durante la administración de CFK y los casi US$30 mil millones que manejaban pasaron al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

Pensar en recurrir a fondos jubilatorios hoy en la Argentina para poder ir en ayuda de las familias es algo imposible, porque sería muy difícil de encontrar una forma para aplicar. Además, y más importante, hay un déficit importante con faltante de trabajadores activos que hagan aportes que permitan cubrir y mejorar el nivel de los pagos para quienes están retirados de la actividad productiva. Con un 40%, estimado, de trabajo en negro en el país es el sistema jubilatorio el que más golpeado siempre termina.

Por ahora la forma para inyectar recursos en las familias seguirá siendo a través de la Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, el cual se financiar a través de la emisión monetaria que se está realizando y que también sirve para programas como el ATP que paga la mitad de los salarios de los trabajadores de miles de empresas.

En Chile optaron por recurrir a una de las cajas más importantes que tienen, la cual crece en base al esfuerzo de los mismos trabajadores. De ahí que esta medida tenga ingredientes que van más allá de lo netamente práctico, que es poner dinero en los bolsillos de los laburantes. A pesar de la cuota de populismo y oportunismo que tiene, y aún sabiendo lo que significa para el Estado, la gente de a pie siente que en un momento duro se hizo algo en su favor y que llega -de una u otra forma- a todos. Eso no sido habitual en los últimos años y fue parte de lo que generó el estallido social de octubre que abrió la puerta para la posibilidad de discutir si se cambia toda la constitución, una discusión que llegará a las urnas justo un año después de se inició la protesta más grande la historia del vecino país.