Una cosa es vigilar con drones y otra "ciberpatrullar"

Sócrates, Platón y Aristóteles en sus reflexiones políticas, les otorgaban un valor preponderante a conceptos tales como la justicia, la virtud, las leyes y otras nociones sobre la condición de hombre y su capacidad para organizarse en comunidad, argumentos que consolidan el mensaje de que "es el Estado como el único garante de lo justo", que en el paradigma de Gobierno Abierto podremos decir que al mismo, se le suma la transparencia en la información, la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil y la consecuente co-gestión de lo público.

Hace un tiempo, contaba el Ing. Francisco Bravo en alguna charla de comisión directiva del Polo TIC, que cuando iniciaron hace 20 años la lucha por transformar la economía mendocina en una economía del conocimiento, en sintonía con los cambios mundiales, visitó nuestra provincia, el Dr. Jorge Wagensberg: físico, pensador y ensayista catalán, a quién le preguntaron sobre cuál era el límite ético de la ciencia y sus avances tecnológicos, y él respondió: "...que el único límite que reconocía era la obligación del científico o tecnólogo de informar sobre los beneficios que tendría su innovación y ADVERTIR sobre las consecuencias de su posible mal uso, y daba un ejemplo: un cuchillo es bueno o es malo según se use para comer o para matar a una persona. Esto ha pasado y pasa con todos los avances de la tecnología. En la primera revolución industrial aparecieron las tejedurías impulsadas por la máquina de vapor, ¿alguien puede poner en duda su tremenda utilidad? Sin embargo, hubo que adecuar legislaciones laborales, ocuparse del reemplazo de empleos, advertir sobre los peligros de su mal uso o descuidos, etc.

Al considerar estos comentarios, no debemos olvidar que siempre hay un gap de tiempo entre que aparecen las nuevas tecnologías y el cómo se adaptan las sociedades a su uso. Hoy los cambios tecnológicos se producen a una gran velocidad y la sociedad va más lenta en su adaptación a los cambios. Todo cambia exponencialmente en muy poco tiempo.

Hace unos días, una legisladora nacional expresaba que efectivamente en Mendoza estamos frente al diseño de un nuevo Estado, donde a través de drones "ya" nos vigilan día y noche afirmando que el ciberpatrullaje es una realidad; también abordaba las distintas formas de utilizar las redes sociales aseverando que "... Se debería intervenir sólo cuando sea posible establecer que una amenaza representa un objeto de actuación de la justicia"; destacaba también, la necesidad de incorporar tecnología para recabar y analizar big data para casos menos visibles. No desaprovechó la oportunidad para destacar las virtudes de la resolución 144/2020 por sobre la 31/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación, tampoco ahorró críticas poniendo sobre la mesa el caso de la transmisión en vivo de una reunión de amigas, cuando estos encuentros están prohibidos.

De todo lo mencionado en el párrafo anterior, solo coincidiré en que las tareas de "ciberpatrullaje" lo deben realizar los magistrados competentes del poder judicial o del ministerio público, según corresponda, para investigar un hecho concreto o para la inteligencia criminal. Esa inteligencia criminal que se debe llevar a cabo para investigar casos, tales como las amenazas al Intendente de la Ciudad de Mendoza y la publicación de su número telefónico en las redes sociales o la amenaza a los familiares del Intendente de Malargüe y promesa de golpe de Estado, por ejemplo, y no ser usadas por las fuerzas policiales para "medir el humor social" o "investigar de forma policial las redes sociales y la vida de los ciudadanos que no han cometido acciones delictivas al momento para imputarlos de posibles y potenciales delitos". El cuchillo se usa para comer o para matar.

Pero para que esto suceda y el Poder Judicial actúe como corresponde, es necesario un cuerpo legislativo que adecúe, como dice la ahora referente justicialista, la normativa vigente y así acompañe el accionar del Ejecutivo provincial que, con la incorporación de nuevos materiales tecnológicos, protocolos de actuación adecuados, manuales de procedimientos promocionados y con interlocutores debidamente calificados, lleve adelante operativos de calidad.

También es importante el aporte realizado por las organizaciones de la sociedad civil a la Resolución 144/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, ya que la participación activa de las mismas nutre y legitima a dicha política pública y no incurre así en la creación de normativas como la repudiada, extemporánea e inconsultada nueva "Ley Nacional de Teletrabajo", único caso en el mundo conocido por ser sancionada en situación de pandemia, crisis económica y además no crea empleo.

Coincido en la necesidad de una correcta adecuación de la legislación vigente y como dice la legisladora "...Es necesario dar las discusiones legislativas e institucionales de cara a la ciudadanía para no cometer errores", no solamente en materia de seguridad, sino también en salud, servicios públicos, turismo e infraestructura, acompañando al gobierno en una buena normativa que garantice la tan necesaria conectividad en la provincia, otorgue certidumbre a las startups y pymes locales, con una ley de economía del conocimiento provincial que potencie y ayude a diversificar a nuestra tradicional y obsoleta matriz productiva haciéndola más competitiva, garantizando el acceso a Internet a más hogares, achicando la brecha tecnológica en nuestra sociedad, generando mayor cantidad de recurso humano calificado, colaborando con el gobierno escolar en la mejora y actualización permanente de contenidos, generando más educación técnica en los niveles iniciales, con más robótica, fomentando la biotecnología, incursionando en la nanotecnología, apoyando al desarrollo audiovisual, creando más ecosistemas tecnológicos en el territorio provincial.

De esa manera lograremos qué, además, Mendoza sea identificada y conocida como la tierra del sol, el buen vino y del conocimiento.