Un programa de seguridad a la medida del peronismo

El gobierno nacional anunció recientemente un Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de la provincia de Buenos Aires que merece algunas consideraciones. Lo que se sabe hasta el momento es que la Nación invertirá en la Provincia de Buenos Aires, específicamente en lo que conocemos como el conurbano bonaerense, $37.700 millones de peso que serán destinados a móviles policiales, chalecos antibalas, construcción de unidades carcelarias, paradas seguras de colectivos, y el traslado de 4.000 efectivos policiales de las fuerzas federales; todo destinado a garantizar mayor seguridad en la Provincia de Buenos Aires. Es un gran esfuerzo económico que hace la Nación para asistir al distrito electoral más importante del país.

Más allá de las suspicacias políticas que el anuncio deja traslucir, no se trataría estrictamente en un programa de fortalecimiento de la seguridad sino, más estrictamente hablando, de un programa de compra de equipamiento para la policía y el sistema penitenciario bonaerense. No podría ser de otra manera ya que todo "plan" (como lo denominó el gobernador Kicillof) requiere estar sustentado en una política, la que en este caso no se advierta que exista. Y es el propio presidente Alberto Fernández quien en su discurso deja al descubierto este vacío en una política pública de gran sensibilidad. Para ello, hace una indisimulada parábola tratando de conformar a los dos extremos que conviven (al menos por ahora) en su gobierno: la causa de la inseguridad es la desigualdad, y proponemos más policías.

Las encuestas mandan, y estas dicen que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la sociedad. Semejante revelación obligó a gran parte de los funcionarios, incluida la ministra Sabina Frederic, a modificar el discurso zafaroniano que sostiene que los delincuentes no son más que víctimas del sistema liberal - capitalista. Está manera de ver el problema los llevó al principio de la actual gestión a liberar más de 4.500 presos, y ahora a prometer la construcción de más cárceles. Pero para que todo no parezca lo que es, se hace necesario hablar de la desigualdad como una de las principales causas del flagelo.

Del otro lado de la General Paz no ven el problema de la misma manera. El ministro de Seguridad de Buenos Aires asumió desde el principio una posición neoconservadora que tanto rédito electoral de dio a George H. W. Bush en EEUU y Margaret Thatcher en Inglaterra en las décadas de 1980 y 1990. Para este otro peronismo, el delincuente es una persona racional, que hace un detallado análisis que le permite evaluar los riesgos y beneficios de cometer un delito y actúa en consecuencia. Para esta mirada neoconservadora, la prevención tiene una sola respuesta: aumentar el riesgo de delinquir aumentando la cantidad de policías y cárceles. El anunciado programa de fortalecimiento encaja con esta posición. Ganó la mirada de Berni.

Entre estas dos posiciones tan antagónicas es muy difícil definir una política de seguridad, ya que hacerlo significaría romper con uno u otro sector. La salida adoptada es jugar con los dos extremos. Esto es lo que explica el abandono del Consejo de Seguridad Interior establecido en la ley 24.059, ámbito de coordinación de la política de seguridad y del "esfuerzo nacional de policía". La decisión del presidente ha sido renunciar a cualquier intento de abordar la problemática en forma coordinada con todas las provincias del país, y manejarse en forma radial con las provincias y municipios en las que crea conveniente hacerlo.

No puede dejarse de lado lo controversial de algunas de las medidas anunciadas. La primera de ellas es el traslado de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina desde las fronteras o la hidrovía del Paraná, por donde ingresa la droga al país, para ponerlas a hacer controles de tránsito vehicular. Es claro que el único objetivo de la medida es darles visibilidad, aunque esto sea a costa de mayor tráfico de droga. Estas fuerzas federales no estaban en el cuartel esperando ser convocadas, por el contrario, estaban protegiendo la frontera y evitando el tráfico de drogas y/o personas. La decisión fue sacarlas de esas funciones. Ya se hizo antes y no nos fue bien.

Otro aspecto que traerá consecuencias no deseables es la pretendida descentralización de los recursos a través de los municipios. Algo muy parecido a las descentralizaciones propiciadas por la dupla Menem - Dromi en la década del 90 cuando se le transfirieron a las provincias las funciones sin los recursos. En este caso se les da los caciques municipales los recursos, pero no las funciones, en tanto y en cuanto no tiene bajo su subordinación a la fuerza policial. La pregunta correcta será ¿de quién dependerán los policías de la bonaerense? Del ministro Berni, dentro de una estructura jerárquica y disciplinaria, que dispone de los ascensos, traslados y sumarios; o de los intendentes que serán los que le deciden cómo se distribuyen los recursos, a quienes se beneficiaran y a quienes no. En este sentido, nunca fue bueno que las fuerzas policiales tengan dos cabezas, y menos aún, cuando no existen mecanismos de control y rendición de cuentas adecuados.

El programa anunciado nada dice sobre las causas que generan el delito. No se ha tratado de explicar los motivos por los cuales ha habido un aumento tan exponencial en tan pocos meses, y los funcionarios que trataron de explicarlo desde la pobreza fueron rápidamente silenciados por no ser políticamente correcto. Lo cierto que la pobreza puede explicar una parte menor del problema pues lo sustancial está en el deterioro experimentado en las relaciones sociales, la frustración, la angustia, la negación de las aspiraciones, y el deterioro irrecuperable de la totalidad de los controles sociales informales dentro de la familia, del año escolar, la pérdida de la práctica deportiva, entre otros aspectos que tanta tensión social ha generado. El daño provocado al tejido social por un encierro excesivo no será fácil de reparar. Cierto es que ha habido daño económico, pero el daño social ocasionado es de una magnitud descomunal, y es el primer factor que debería tenerse en cuenta al momento de tratar de recuperar en algo la seguridad perdida. Por el contrario, al daño social provocado se lo intenta reparar con móviles, chalecos y balas. Temo que las consecuencias sean peores.

El programa de fortalecimiento anunciado, por las características que tiene, no nace para solucionar el aumento del delito, y solo logrará desplazarlo hacia las zonas que no se beneficien con el equipamiento policial que se adquiera y la mayor dotación de personal que se destine.

Lo que si busca solucionar esta gran inversión de recursos públicos nacionales es la interna desatada dentro del peronismo entre los que se auto perciben de izquierda en la Nación, el neoconservador de provincia de Buenos Aires ya en campaña, y los voraces caciques del conurbano, siempre ávidos de dinero. Quizás el medio de noticias que mejor lo describió haya sido Pagina 12, que expresó: "el Presidente decidió tomar el tema en sus manos, dada la importancia que tiene el Conurbano como sostén electoral del peronismo".