Si la Nación hace trampa con Portezuelo, el contraataque debe ser histórico

El próximo 26 de junio se reúne el Consejo de Gobierno del COIRCO para tratar entre otros temas Portezuelo del Viento, lo que resulta al menos extemporáneo, cuando Mendoza con legítimos fondos propios y luego de haber obtenido todas las aprobaciones legales pertinentes, ha iniciado el proceso de construcción de la obra con el llamado a licitación, cuyas ofertas serán presentadas el próximo 3 de julio de 2020.

Ese día hay 2 posibilidades, que a Mendoza le vaya bien o no. En el primer caso estaremos en presencia de un mero ajuste de sintonía fina y todo podrá seguir adelante con normalidad. En el segundo caso se habrá materializado la solapada amenaza, que la inquietante convocatoria al Consejo y las declaraciones del Presidente Fernández sugieren desde hace algunas semanas.

Creemos que hay muchas chances de que Mendoza salga airosa de la reunión, porque la verdad está de nuestro lado y porque el Gobernador acude con herramientas nuevas como el Fondo de Garantías que propone, pero no hay cero posibilidades, que mezquinos intereses políticos se interpongan y afecten nuestros derechos a realizar la obra.

Es por eso que consideramos, que ante la eventualidad de la trampa, Mendoza debe prepararse para un contraataque federal histórico.

En este marco conceptual consideramos que el señor Gobernador, debe instruir de inmediato al Asesor de Gobierno, para que en conjunto con el Fiscal de Estado, procedan a redactar la Demanda Ejecutiva, contra la Nación y el Presidente Alberto Fernández, siguiendo el temperamento sugerido en reciente publicación, por el destacado jurista mendocino José Luis Correa.

Si en la reunión del 26 se materializa la iniciativa obstruccionista, se generará incumplimiento, dejando allanado el camino para que la Provincia demande a la Nación por daños y perjuicios, ante la Corte Suprema de la Nación, sostiene Correa. El abogado considera además que tal circunstancia hará responsable también al propio Fernández, a quien nuestra provincia debería demandar personalmente por daños y perjuicios por incumplir con culpa sus funciones de Presidente.

El presidente Fernandez declaró a Radio Nacional el viernes: "Pido que los gobernadores vean la manera de que, en caso de hacerse, no afecte a nadie y haya una administración conjunta de las provincias". Su expresión, sostiene Canale, ignora lo que ya ha logrado Mendoza y ha quedado plasmado en el Acta 70 del Comité Ejecutivo del COIRCO, la que entre otros considerandos establece: "Conforme a lo previsto en el artículo 39 del Estatuto, las instalaciones que se realicen en la Provincia de Mendoza, en el marco de la obra resultan de su propiedad, no correspondiendole ni dominio ni jurisdicción sobre cualquier parte del territorio de la provincia al COIRCO, ni a las restantes signatarias".

Resulta evidente que el Presidente actúa o mal asesorado o con aviesa intención, y es por ello que si su proceder errático e irregular, afecta los intereses de Mendoza, debe ser demandado en el plano civil, sin descartar el fuero penal.