Si hubiera Justicia, Fernández no podría hacer lo que quiere con Portezuelo

Resultaba obvio que el discurso de Alberto Fernández, al desembarcar en La Pampa, iba a tener que cuadrarse dentro del chauvinismo beligerante contra sus vecinos del que vive la política local. Sin embargo, nadie pudo anticipar que sería digno de ser editorializado a su estilo por sitios de satírica como "Chapanay City" o "El Mendolotudo". 

El Presidente no tenía información geográfica o bien pudo equivocarse o fue tentado por algún pampeano mañoso a errarle al río. Mencionó al Atuel como uno que "atraviesa cinco provincias" cuando el curso era otro, el Colorado, que podría haber recordado con una sencilla regla mnemotécnica: al hablar del COIRCO saldría solo que el tema es el Comité Interjurisdiccional del río Colorado.

Pero si bien muchos se detuvieron en su error geográfico, una sucesión de errores técnicos, políticos e históricos resultan peores, viniendo del Presidente de la República. Fue Fernández quien señaló a quien le informó sobre el tema: el ministro del interior, Eduardo de Pedro. En un primer momento se pensó: "Cómo va a resolver un conflicto hidrológico una persona que desconoce básicamente la hidrología de la región". Pero sostuvo conceptos erróneos más graves: 

1- Creer que la Nación y el resto de las provincias financian la obra de aprovechamiento multipropósito Portezuelo del Viento, cuando en realidad es el pago de una deuda, acordado entre el gobierno nacional con Mendoza en un acuerdo extrajudicial que el propio Alberto Fernández firmó en su momento.

2- Pedir un estudio de impacto ambiental para las provincias de la región, algo que ya fue realizado por las universidades nacionales de La Plata y del Litoral.

Los dirigentes que tiene Alberto Fernández en su frente en Mendoza salieron tarde y con mensajes variados, llamando a una "unidad" para pedirle al Presidente lo que es nuestro: vuelve el concepto de súbditos ante el poder onmímodo de un mandatario porteño, al que se le otorgan derechos que no tiene y poderes no establecidos constitucionalmente, solo por concebir a la política como algo religioso, y a su ejercicio, una cuestión de fe y no de legalidad.

En distintos momentos de la ochentena adjudicada a la pandemia de coronavirus covid-19 se advirtió sobre la desactivación del sistema republicano en la Argentina. Unos, muy opositores, lo hicieron brutalmente, hablando de "infectadura". Otros, en el extremo opuesto, acatan y santifican el encierro, como algo milagroso, paternalistas. Pero en el medio está la verdad: el Congreso que parece haber vuelto al funcionamiento, no debe permitir más decretos de necesidad y urgencia (DNU), poner en foco los excesos de uno de los tres (y no el mayor o único de ellos, el Ejecutivo) como el sucedido en La Pampa contra Mendoza.

Pero hay un factor extra que debería ocupar a los gobernantes mendocinos, centralmente a la figura del Gobernador y de la Fiscalía de Estado: si hubiera Justicia, Alberto Fernández no debería avanzar en el sentido que ha amenazado hacerlo en contra de cumplir con los acuerdos que llevaron a resarcir a Mendoza con la obra de Portezuelo del Viento.

Alguien tiene que ponerle límites al Presidente, más allá de los documentos y declaraciones, de los tuits y campañas de discusión. Y ese "alguien" es nada menos que el Poder Judicial, ordenando que se cumpla con lo pactado y que cualquiera que intente romperlo sea compelido a ajustarse a derecho.