El Senado, la Corte y el arte de poner freno a la suma del poder

Un revés que excede lo jurídico

El rechazo en el Senado a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar la Corte Suprema, significó algo más que una derrota legislativa. 

Representa una señal institucional clara: hay límites que el sistema político argentino aún puede y debe defender, incluso en un contexto de fragmentación y polarización.

En momentos donde los liderazgos preponderantes tienden a tensionar las reglas del juego, el resultado de esta votación muestra que la arquitectura republicana sigue teniendo resortes para frenar decisiones que no cuentan con suficiente consenso.

El lenguaje como construcción política

Tras la votación en el Senado, el presidente Javier Milei expresó su "repudio" a lo que fue una decisión legítima de otro poder del Estado. Desde una perspectiva comunicacional, estas expresiones no son menores. Cuando el lenguaje presidencial se aleja del respeto institucional, puede generar una narrativa de enfrentamiento entre poderes, alimentando climas de deslegitimación recíproca que debilitan la confianza pública.

La política necesita firmeza, pero también formas. Y el respeto a la autonomía de los poderes del Estado es un componente esencial del sistema democrático.

Una oposición que empieza a ordenar su resistencia

Si bien todavía actúa de manera reactiva y sin conducción clara, la oposición logró articularse frente a una propuesta que interpretó como un intento de colonización institucional. El rechazo a los pliegos mostró una capacidad de organización para frenar una decisión relevante. El paso fue desordenado e impredecible, pero evidenció que en la Argentina se sigue haciendo oposición, y que esa oposición puede revertir avances que considera peligrosos para el equilibrio de poderes.

Gobernar sin red: el riesgo de la soledad institucional

El proyecto libertario, centrado en la reducción del Estado al mínimo, implica -en los hechos- romper con lógicas tradicionales de negociación política. Pero esa disrupción puede derivar en una soledad institucional riesgosa. Sin partidos fuertes, sin gobernadores aliados y con una relación tensa con el Congreso y el Poder Judicial, el Ejecutivo corre el riesgo de quedar atrapado en una lógica de aislamiento que obstaculice reformas estructurales.

En esa soledad, la democracia puede volverse inestable, y el margen entre gobernabilidad y autoritarismo se vuelve peligrosamente delgado.

Comunicación, poder y legitimación

Como han desarrollado Luciano Elizalde y Mario Riorda, la comunicación gubernamental no es sólo una herramienta para "informar", sino una forma clave de legitimar. En este sentido, y como plantea el artículo publicado por Perfil (2024), titulado "¿Hacia dónde va la comunicación gubernamental?", la comunicación política actúa "ex ante" como legitimación, antes que como respuesta o publicidad "ex post".

"Esto implica reconocer que mucho de la comunicación gubernamental tiene que ver con la legitimación antes que, con el hecho, la respuesta gubernamental, la obra o el servicio que se haya dado. No ex post como acción publicitaria, sino ex ante como acción legitimadora. Significa que la diferenciación en la comunicación del sector gubernamental, entre comunicación de tipo administrativa y comunicación de tipo política, es una distinción artificial e imposible de operacionalizar en la realidad. La legitimidad contempla a ambos elementos."

En contextos de reforma o de decisiones institucionales sensibles, comunicar no es solo explicar: es construir sentido y habilitar consenso. Sin ese componente previo, toda política corre el riesgo de ser interpretada como imposición.

¿Repliegue táctico o punto de inflexión?

El episodio de los pliegos podría marcar un punto de inflexión. No sólo por la derrota parlamentaria en sí, sino porque muestra que el Ejecutivo deberá reformular su forma de construir poder. Ni la mayoría social obtenida en las urnas ni el relato disruptivo alcanzan para avanzar con decisiones que afectan el corazón institucional del sistema.

En un régimen presidencialista, el poder no se suma: se equilibra. La gobernabilidad requiere consensos, institucionalidad y una comunicación que anticipe legitimidad, en lugar de buscar imponerla a posteriori.

El poder como equilibrio, no como suma

La política no puede convertirse en un juego de suma cero. La tentación de avanzar sin escuchar, de rechazar todo disenso y de simplificar el poder en una única voz es alta, pero peligrosa. En la Argentina de hoy, fortalecer la democracia no implica evitar los conflictos, sino gestionarlos con responsabilidad institucional, con diálogo y con comunicación legítima.

Porque si la institucionalidad se debilita, la sociedad toda -no solo un gobierno- paga el precio.