Seguridad y protesta: ¿mano dura o diálogo?
El gobierno no solo busca justificar su postura, sino que también criminaliza el malestar social, limitando los espacios de protesta legítima. Sin datos transparentes, todo apunta a que las acciones se basaron en suposiciones y no en análisis estratégicos.
La resolución 321/2025 del Ministerio de Seguridad -que prohíbe el acceso a estadios a personas vinculadas a disturbios- es un ejemplo claro de la política de mano dura del gobierno, orientada a desincentivar la violencia.
Sin embargo, al etiquetar la marcha del 12 de marzo como "La Marcha de las Barras Bravas", el gobierno no solo busca justificar su postura, sino que también criminaliza el malestar social, limitando los espacios de protesta legítima.
¿El Gobierno Como "Barrabrava" Institucional?
La ministra Patricia Bullrich no solo endureció los protocolos de seguridad; también convirtió la política represiva en un espectáculo de fuerza. Al ampliar las sanciones contra los barrabravas mediante la resolución 321/2025, el gobierno envía un mensaje claro: "Aquí mandamos nosotros".
No obstante, esta estrategia no disuade la violencia, sino que la institucionaliza. Con prohibiciones masivas y despliegues policiales intimidantes, el Estado asume un rol similar al de una "barrabrava oficial", donde la autoridad se impone mediante la amenaza constante.
La ironía es evidente: mientras las hinchadas violentas buscan notoriedad enfrentando a la policía, el gobierno se legitima al presentarse como "garante del orden". El resultado: más polarización y menos diálogo.
Inteligencia criminal vs. represión indiscriminada
¿Utilizó el gobierno inteligencia criminal para diferenciar a jubilados de grupos violentos durante el operativo del 12 de marzo?
Sin datos transparentes, todo apunta a que las acciones se basaron en suposiciones y no en análisis estratégicos.
Esto evidencia una falla crítica: la ausencia de estrategias focalizadas para identificar a líderes violentos en lugar de aplicar una represión indiscriminada.
Seguridad y protestas: ¿Quién pierde en este conflicto?
En este escenario, nadie gana:
1. Los jubilados pierden visibilidad: sus legítimos reclamos quedan opacados por los disturbios.
2. Las barras bravas ganan protagonismo, reforzando su identidad como "defensoras de los débiles".
3. El gobierno erosiona su credibilidad: demuestra que su única herramienta es la fuerza, no la negociación.
¿Cómo construir una seguridad pública más eficiente?
La seguridad pública no puede basarse en la lógica de las tribunas. Para evitar que las calles se conviertan en un campo de batalla, es fundamental:
• Implementar inteligencia criminal efectiva: Identificar a líderes violentos en lugar de reprimir masivamente.
• Fomentar el diálogo con los jubilados: Establecer mesas de negociación para atender sus demandas económicas.
• Garantizar transparencia en la seguridad: Publicar datos sobre operativos y el uso de la fuerza policial. Un Estado seguro no es el que aplasta al rival, sino el que escucha antes de reprimir. La historia criminológica demuestra que la represión indiscriminada genera resistencia, no sumisión.
¿Cómo evitar que las protestas se conviertan en un conflicto perpetuo?
Si el gobierno insiste en medir fuerzas como una hinchada más, las calles seguirán siendo un campo de batalla... y los jubilados, víctimas colaterales.
La solución requiere un enfoque estratégico: diferenciar entre violencia legítima e ilegítima, proteger el derecho a protestar y sancionar a quienes destruyen propiedad pública. Argentina enfrenta una encrucijada: continuar con la lógica de la barra brava institucional o construir seguridad desde el diálogo.
El tiempo corre, y quienes más sufren las consecuencias de la inacción son los jubilados.
