Reformas

Reformas: Esta palabra tiene papel para un tiempo todavía en la comunicación cotidiana de las y los mendocinos y de las y los argentinos

Los gobiernos provincial y nacional han lanzado sendas reformas, bien distinguibles y distintas.

Pecado sería contener el espíritu que alienta a la comparación.

Por un lado una "reforma de la constitución de Mendoza la que supo ser la primera, la más nueva del país pero que hoy es la más vieja. Pareciera ser "lo debido", lo debido y que no pudo ser tantas veces por el recóndito capricho de reelección al que no pudieron escapar en el pasado tantos dirigentes.

Es cierto que ambas reformas se erigen como "parciales", ni la constitucional es total ni la judicial es total. Pero tal similitud en el espejo, es abismal diferencia en el reflejo de las realidades concretas que una y otra suponen proyectivamente para la ciudadanía.

Es que la reforma constitucional como ha sido planteada parece una sinfonía donde varios podrían tocar varios instrumentos de los que se vale, le son conocidos como si ellos mismos los hubieran puesto allí. El achicamiento de la política y de los gastos que representa -con el ajuste para no comprometer esta representación-, mas bien modificando la partitura para que la unicameralidad sea "única" en cuanto ámbito de asamblea de los legisladores, pero asegurando la representación de todos los departamentos de la provincia. Todos, todos los municipios, gane quien gana el concurso de la mayoría de habitantes. Suena allí el reclamo popular por una política que sacrifique parte de lo suyo en pos del todo. Se materializa también esa voz ciudadana en la limitación de la reelección de los cargos electivos y en la taxativa manda que ordena mantener la prohibición de la reelección inmediata de gobernador y vicegobernador que no parece ser más propiedad de la Constitución que de la misma cepa institucional mendocina.

Una reforma que exige abrir debate sobre el alcance de las inmunidades parlamentarias aquellas que hacen a "algunos mas iguales que otros", a fin que sin menguar las garantías de la libertad de expresión y palabra, no puedan ser excusa para entorpecer la investigación judicial de los delitos cometidos por esos beneficiados. Ordenando a su vez jerarquizar al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa.

Por esto último podría empezar una reforma judicial que se dignara a llamar refractaria del progreso que supuso a nivel judicial el abandono del sistema inquisitivo, con preeminencia judicial y sin división clara de roles entre juez, fiscal y defensa, y un sistema acusatorio donde estén equilibradas las fuerzas frente a un juez más garantistas que intervencionista y con posibilidades de apartarse de los requerimientos fiscales.

La limitada competencia de la justicia federal sobre la vida misma de los ciudadanos hace pensar lo poco que cualquier reforma que la tenga de protagonista va a traer de beneficioso para las y los terrestres.

Es que así entráramos en el ámbito penal, con toda la carga emotiva que las cuestiones delictivas pueden tener para despertar el interés común y popular, resultara que en lo federal esta atención por la seguridad se limita a casos de corruptela política, estupefacientes, evasión, entre otros. No menos importantes por cierto, que en definitiva tienen en su gran mayoría al Estado Nacional mismo como víctima. Lo cierto es que si miramos quienes llenan las cárceles federales encontraremos un estado bastante menos proteccionista de sus intereses de lo que mandaría la ley. Pocos empresarios mega evasores, menos políticos corruptos, pero eso sí, muchas "mulas", en calidad de pequeños infractores, ultimo bastión de las grandes cadenas de narcotráfico, quizás más a título de justificación de la justicia federal misma que por merecimiento.

Ahora bien, pero esta reforma seguramente pretende revertir eso... Pues no.

La estratégica configuración de la reforma judicial, donde la mayoría de los artículos pretenden disimular el objetivo común de unos pocos hace añicos cualquier proyección de cambio en dicho sentido.

Es que no está destinada a diversificar las investigaciones incorporando un sistema más eficiente de investigación jurídica aplicada específicamente a esto, sino que rudimentariamente bajo los mismos parámetros pretende incorporar personas humanas como jueces con más vocación de deber y devolver la "gracia" a quienes alzaron la pluma del texto de la ley, que de investigar -lo que además no podrían según el sistema acusatorio- y menos que menos con pretensiones de juzgar a la clase política eventualmente infractora que los eleva a dicho poder.

Lo que por otra parte, a contraposición de "achicar el gasto" viene a "ensanchar" el mismo, sin siquiera que los ciudadanos tengan posibilidad de decir algo más.

Quizás en este último sentido esta reforma nacional tenga más que ver con la etimología de la palabra donde la raíz "re" implica ir hacia atrás que con el significado semántico "modificar algo para mejorarlo", al que parece corresponder la proyección de la reforma constitucional mendocina.

LA AUTORA. María Mercedes Rus es Abogada. Senadora provincial por la UCR en Cambia Mendoza.