Fernández multiplicó el presupuesto de violencia de género por 24

La lucha contra la violencia de género está presente de manera explícita en la agenda de políticas públicas de Argentina desde hace más de 3 décadas. En 1992 se creó el Consejo Nacional de las Mujeres en el ámbito de la Presidencia de la Nación. En 2017 se transformó en el Instituto Nacional de las Mujeres con autonomía financiera y presupuesto propio. En 2020 aumentó su jerarquía cuando se crea el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

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El contraste entre este proceso y el descubrimiento -casual y tardío- de que quien promovió la creación de este Ministerio está involucrado en actos de violencia contra su pareja provoca consternación e indignación. El hecho es tan irónico como fácil de criticar. Mucho menos frecuente y más complejo es abordar una autocrítica seria para dilucidar las causas de tan baja eficacia de las políticas públicas destinadas a evitar este tipo de delitos.

Un punto de partida relevante es cuantificar el volumen de fondos públicos destinados a esta temática. Considerando solo el nivel nacional, según datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía expresados a precios actuales, se observa que:

• - Entre el 2013 y el 2015, el presupuesto ejecutado en el Consejo Nacional de las Mujeres fue de unos $ 4 mil millones por año.
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• - Entre el 2016 y el 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres gastó aproximadamente $ 9 mil millones por año.
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• - Entre el 2020 y el 2023, el presupuesto del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue de $ 212 mil millones por año.

Estos datos muestran el constante y creciente compromiso presupuestario que el Estado nacional tuvo con el objetivo de cuidar a las mujeres. En la última década, diferentes gobiernos con diferentes tendencias ideológicas asignaron cada vez más recursos a la causa de la mujer. El apogeo se logra con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la multiplicación en 24 veces del presupuesto respecto a lo que se venía erogando durante el gobierno previo de Cambiemos. Las evidencias muestran que la lucha contra la violencia de género no tuvo escasez de recursos públicos nacionales.

Como ocurre en el resto del sector público, el principal problema no es la falta de recursos sino los déficits de gestión. Una estrategia que se repite es que ante deficiencias de un organismo del Estado, en lugar de resolver el problema, se crea otro organismo que asume responsabilidades similares. Esto genera solapamientos que aumentan el gasto, sin mejorar los resultados. En el caso de la lucha contra la violencia de género, el Ministerio de las Mujeres se superpone con los Ministerios provinciales de la Mujer y con las Secretarías municipales de la Mujer. Se crean tres estructuras burocráticas que tratan de suplir las deficiencias del Poder Judicial que es quien tiene la competencia y la responsabilidad de luchar contra todos los delitos, incluyendo los de género. Si la Justicia fuera empática con las víctimas no sería necesario montar estructuras burocráticas paralelas.

Para ser más eficaz en la lucha contra la violencia de género es imprescindible ordenar el Estado. A nivel nacional se debería concentrar esfuerzos en gestionar y difundir las estadísticas de violencia de género. Actualmente existe el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género, pero limitado a contar intervenciones de acompañamiento, sin informar a la población sobre la cantidad de casos, sus características y la eficacia de la intervención estatal. Un sistema estadístico integral permitiría monitorear los resultados en la lucha contra la violencia de géneros obtenidos en cada provincia, promover la rendición de cuentas y, lo más importante, generar la presión social para que los responsables mejoren la gestión de los recursos públicos asignados a esta finalidad.

Superponer organismos con iguales o similares funciones, entre diferentes niveles de gobierno, es una práctica generalizada en el sector público argentino. Es políticamente atractivo porque permite aparentar compromiso con las demandas de la sociedad y sirve de excusa para nombrar personal y generar otros tipos de contrataciones. Hasta que esta mala práctica de gestión no se revierta no hay posibilidades de lograr equilibrio fiscal sustentable con buena calidad de los servicios públicos.