Por un país federal y con control del gasto político

Hace ya mucho tiempo el gobierno nacional ha descentralizado los recursos para Salud y Educación a las provincias y últimamente se ha hecho y se está haciendo lo propio con los recursos y la responsabilidad en materia de seguridad, incluso se observa una derivación del ordenamiento y control de tránsito más las tareas de prevención del delito a los municipios. 

Como vemos, la Nación ha puesto en manos de las provincias tres temas de los más importantes que hacen al desarrollo de la sociedad. La pandemia dejará a nuestro país en una situación económica mucho más grave de lo que estaba, e inserta en un mundo también con dificultades para ayudarnos, y no hablo estrictamente del aspecto crediticio, sino fundamentalmente por el cambio de condiciones y la retracción del comercio exterior. 

Es impostergable la descentralización, mediante los índices de coparticipación, de los recursos destinados a ayuda social, obra pública de carácter provincial y municipal, y de viviendas. 

En una situación sumamente complicada como es la que sufre aproximadamente la mitad de nuestra población, debemos desburocratizar y agilizar la llegada de la ayuda a los sectores más necesitados y generar empleo hacia el interior del país en una medida de neto corte federal. 

El Ministerio de Desarrollo Social posee delegaciones en todas las provincias para la implementación de distintos programas: ayudas urgentes, talleres familiares, apoyo institucional a entidades y organizaciones sociales, deportivas, religiosas, etc., programas nutricionales, de microcrédito, mutuales y cooperativas, entre otros, que se superponen o interfieren en la mayoría de los casos con programas similares que implementan los gobiernos provinciales y municipales, que de hecho cuentan con importante recurso humano probadamente capacitados y que ostentan la ventaja de conocer en mayor y mejor medida el territorio, la idiosincrasia y las necesidades de su población para diseñar las estrategias más adecuadas para el abordaje de cada situación. 

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación debe administrar los programas mas importantes como la AUH (Asignación Universal por Hijo y efectuar los controles de salud, nutrición y escolaridad de los beneficiarios), pensiones por discapacidad y ancianidad, Tarjeta Alimentar y otros que puedan crearse. Para la atención de situaciones de catástrofe como puede ser un terremoto, inundaciones, sequías, etc., la Nación cuenta con la herramienta de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) para auxiliar a las Provincias y municipios afectados. 

Es incongruente que hoy un trámite para una ayuda urgente que se gestiona en el interior, por ejemplo para un audífono para un niño/a, deba seguir un trámite administrativo en Buenos Aires que redunda en una demora de varios meses para que el beneficio se materialice. 

Es a todas luces innecesario que el gobierno nacional siga manteniendo una superestructura para realizar tareas similares a las que de hecho realizan, en forma mucho más ágil y con mayor certeza, las provincias y municipios. 

El Ministerio de Desarrollo Social posee una importante cantidad de empleados capacitados distribuidos en las provincias que podrían reforzar las delegaciones de PAMI y Anses, por ejemplo. 

En materia de pública y viviendas, es incomprensible que la Nación administre fondos para vivienda y obras de carácter provincial y municipal, diseñando programas como el Argentina Hace (uno de tantos en los últimos 30 años) que conllevan innumerables trámites, gestiones, tiempo y gastos para la concreción de viviendas u obras menores como alumbrado, asfalto, cordón y cuneta, que son obras menores de neto corte municipal. 

La descentralización de estos recursos fortalecería a las empresas y a todo el sector comercial vinculado a la construcción existente en el interior del país generando mayor empleo. 

Descentralizar los recursos de ayuda social, viviendas y obra pública, de acuerdo a los índices se coparticipación, tendrá un significativo impacto en el crecimiento y desarrollo de las economías provinciales y departamentales, posibilitando además atenuar la migración constante y creciente hacia los centros de mayor población, ayudando a corregir otro de los déficit que se ha observado a lo largo de nuestra historia como es el desarraigo de la gente del interior hacia la Ciudad y provincia de Buenos Aires y desde nuestros pueblos a las ciudades capitales de provincia, y la creación de cordones urbanos donde las alternativas de inserción económica, social y cultural de esa gente se hace muy difícil, cosa que a diario vemos reflejado en nuestro país, y hoy más que nunca. 

Claro que este desarrollo dependerá en gran medida de la sana administración de los recursos y de la acertada gestión de los gobiernos provinciales y municipales. 

La Nación tendrá la responsabilidad de descentralizar equitativamente esos recursos y de velar por la buena administración de los mismos a través de los organismos de control pertinentes. 

La descentralización de estos significativos recursos debe llevar consigo como exigencia para acceder a los mismos que los gobiernos provinciales y municipales se comprometan a no gastar más del 3% del presupuesto total provincial y municipal en gasto político (Sueldo de Funcionarios y Legisladores y funcionamiento de los poderes Legislativos y Concejos Deliberantes respectivamente), atendiendo al control del gasto político, ordenando además las asimetrías salariales notorias que existen entre distintas provincias y municipios en nuestro país, a pesar que las responsabilidades son las mismas. 

Además debe exigirse también que las provincias ostenten una legislación sobre coparticipación de estos recursos hacia sus municipios en forma equitativa, a fin de evitar el uso discriminatorio de los mismos, propendiendo al ordenamiento del gasto. 

Esta propuesta pretende ser un aporte a un debate seguramente más amplio y con la imprescindible participación de todos los sectores representativos de la política y la economía de nuestro país; la pandemia que hoy sufre Argentina y el mundo, nos obliga a repensar el funcionamiento del Estado, y animarse a hacer aquellas transformaciones estructurales para las que nunca parece ser el tiempo político adecuado, desprendiéndonos de egoísmos e intereses partidarios o particulares.