Por qué deben normalizarse ya los entes reguladores nacionales de gas y electricidad

En la década de 1990 la Argentina realizó un drástico cambio en la organización y funcionamiento del sector energético dando preeminencia a las empresas privadas y habilitando la privatización de las empresas publicas nacionales. Este cambio se cristalizó en las leyes 24.065 y 24.076 de 1992, conocidas como ley de Marco Regulatorio Eléctrico y de Marco Regulatorio del Gas Natural respectivamente, que hasta la fecha se encuentran vigentes y rigen las relaciones de todos los actores del sector eléctrico y de estos con los consumidores.

A pesar de que nuestro Instituto formuló críticas en su momento, como las innecesarias privatizaciones de dos empresas eficaces y eficiente como Gas del Estado e Hidronor, las reglas de la democracia y el consenso político y social prevalecieron y consolidaron el nuevo modelo energético.

Precisamente para proteger el derecho de los consumidores y del resto de los actores (generadores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios) en el nuevo sistema adoptado ambas leyes crearon los que conocemos como Entes Reguladores de la Electricidad (ENRE) y del Gas Natural (ENARGAS), a los que les asignó autarquía y plena capacidad para actuar en los ámbitos del derecho publico y privado.

Para darle continuidad y consistencia atravesando las apetencias políticas del gobernante de turno, estos entes fueron diseñados para contar con un reducido plantel de alta calidad técnica e irreprochable ética dirigidos por un cuerpo propuesto mediante concurso público y oposición de antecedentes por el Poder Ejecutivo y ratificado por una Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, cuya duración en el cargo fue fijada de cinco (5) anos, escalonados en el tiempo.

Con falsos argumentos, estas instituciones fueron intervenidas a partir de la crisis económica del 2002, y esa intervención se mantuvo sin razones que lo justificaran hasta mediado de 2017, siendo parte indisoluble del periodo de desequilibrios mas profundos y prolongados del sector energético argentino: perdida del autoabastecimiento, prolongados cortes de luz y gas, déficit comercial energético nunca sufrido anteriormente y una masa insostenible de subsidios que nos llevaron al colapso macroeconómico.

En 2017, respetando las reglas establecidas por las leyes ambos Entes Reguladores fueron normalizados, eligiendo a sus autoridades entre un grupo numeroso de candidatos que se presentaron a concursar los cargos del Directorio, evaluados por un irreprochable jurado, tanto en términos académicos como profesionales designado por el Poder Ejecutivo, en la forma que la ley lo había previsto e indicado. Hacia mucho tiempo que la crisis de 2002 había quedado atrás.

Sin embargo, al asumir el actual Gobierno habilitó nuevamente en forma innecesaria la intervención de los Entes Reguladores, la que se produjo rápidamente en virtud de la nueva ley de emergencia 27.541, siendo ampliada hasta la finalización de las Revisiones Tarifarias Integrales (RTIs) fijadas con un plazo máximo para diciembre 2022, de acuerdo al DNU 1020/20.

La importancia de los temas que deben ser tratados y decididos por ambos Entes, exigen que estos sean normalizados a la brevedad posible. De esta forma las decisiones que se tomen tendrán el respaldo de haber sido analizadas y ejecutadas por instituciones de la Republica, respetando las leyes vigentes y lo que es mas importante, protegiendo a los consumidores y a todos los actores de las industrias de la electricidad y del gas natural con el precepto básico del preámbulo de la Constitución Nacional: provee el bien común y promover el bienestar general para todos los habitantes del suelo argentino.

Por lo anteriormente señalado, el Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi" se suma a todas las expresiones que exigen la urgente normalización de los Entes Reguladores, evitando las tristes experiencias de intervenciones pasadas, propiciando un nuevo concurso para la selección de sus Directores, que cuenten con irreprochables antecedentes técnicos y profesionales para el ejercicio de sus cargos, y aprobados por el Congreso de la Nación, como lo establecen las leyes vigentes.