Política, economía y el "subdesarrollo sostenible" de nuestro país

Recientemente, Jorge Remes Lenicov, interpretando y coincidiendo con una cada vez más generalizada y preocupante percepción de muchos expertos, incluso desde diversas pertenencias partidarias y diferentes preferencias ideológicas, efectuó una valiosa reflexión titulada "El desencuentro entre política y economía". En ella y en el marco de la racionalidad que impone la visión de largo plazo de la gestión pública por resultados, sostenida en la objetiva evidencia empírica y dejando de lado a la tan atractiva "post verdad" de los relatos políticos, interpela a nuestra democracia, de casi 4 décadas continuas, el periodo democrático continuo más extenso de nuestra historia institucional, con algunos sustanciales datos de largo plazo, a los que ampliamos:

• - La economía argentina exhibe, en su conjunto, una muy baja cuantía de su inversión reproductiva, privada más pública, con una tendencia permanentemente declinante y actualmente apenas resulta superior al 10% de su PIB. Ello no alcanza para mantener plenamente operativo al stock reproductivo de bienes y servicios y para preservarlo de su obsolescencia tecnológica.

• - De allí se deriva en una cada vez menor productividad, generalmente muy desestimada por la gestión política. Productividad es la eficiencia con que una economía transforma a sus factores de producción acumulados (los recursos humanos, la tecnología disponible, la infraestructura física, los recursos naturales, el entorno de las instituciones públicas y privadas, etc.) en la producción de bienes y servicios. Actualmente nuestra productividad es de solo alrededor de un 30% de la de los países que crecen sostenidamente e incluso resulta inferior a la de varias naciones de Latinoamérica.

• - Como consecuencia de la insuficiente inversión y de la muy baja productividad, resulta un escaso crecimiento económico. Nuestro PIB per cápita de largo plazo crece a una tasa promedio inferior al +1% anual.

• - Además, hace una década cambio el régimen de nuestra economía. Antes, a cada año de un eventual crecimiento le seguía casi indefectiblemente otro año de recesión, en una continua cadencia de muy alta volatilidad e incertidumbre llamada "stop and go". Desde hace alrededor de unos 10 años la economía argentina está encerrada en la situación estacionaria denominada "trampa de estancamiento económico".

• - Asimismo, Argentina muestra aún una elevada y continua inflación, de 2 dígitos desde hace alrededor de 15 años; fenómeno monetario que ha sido superado por los demás países de la región, salvo obviamente el muy grave caso de Venezuela. La inflación argentina tiene, desde 1983, un promedio anual de casi el +60%, incluyendo el pasaje por un proceso de hiperinflación de 4 dígitos.

• - Como consecuencia de la insuficiente inversión, de la muy magra productividad, del escaso crecimiento económico y de la elevada y continúa inflación; la pobreza, que en 1983 alcanzaba solo al 16% de la población total (si la hubiésemos medido con la metodología actual), hoy resulta del 42%, después de haber atravesado graves crisis que la llevaron incluso al 55% de la población.

Probablemente sea Orlando Ferreres y su equipo técnico, entre otros economistas preocupados por lo sistemático del estancamiento económico de Argentina como José María Fanelli y Juan José Llach entre otros, quienes alrededor de una década atrás, proveyeron de un grado de objetividad al referido "desencuentro" entre la política y la economía y a los penosos resultados de esta creciente divergencia del caso argentino, al introducir la propuesta de la necesidad de estimar un gasto público consolidado (nación + provincias + municipios) que resulte sostenible en el largo plazo, como un parámetro de la divergencia de una economía fiscal sana con la que resulta de la elevada irresponsabilidad fiscal que deriva de la desmesura de la política, cuando está es casi solamente electoral.

El concepto es que un gasto público consolidado, cuyos correlativos tributos excedan a la capacidad de pago de impuestos de las familias y de las empresas y avancen sobre el imprescindible remanente de ahorro, destinado a ser aplicado a la inversión y a la generación de empleos del sector privado, reduce a su productividad, ahoga a la actividad productiva formal, generando así una recesión económica interna, una menor recaudación fiscal y finalmente también les quita competitividad a las exportaciones, cerrando a la economía.

Un gasto público total, sostenible en el largo plazo, debería cumplir con 3 condiciones simultáneas: 1) que la presión fiscal, sin impuestos distorsivos a la inversión, al empleo y a las exportaciones, además deje el suficiente margen de ahorro (el principio de la no confiscación) a las familias y a las empresas privadas, para posibilitar la generación del círculo virtuoso del ahorro, la inversión, el empleo y el crecimiento económico; 2) que la contra cara de la referida presión fiscal, el gasto público, resulte mayoritariamente aplicado a la calidad institucional y a la infraestructura física y sostenga así una productividad mínima para proveer los bienes y los servicios públicos, complementarios de la producción privada y 3) que el estado asuma relaciones técnicas de la deuda pública, tanto interna como externa, que resulten consistentes con la estabilidad del sistema impositivo diseñado y el gasto público planificado.

Cuando el gasto público consolidado supera ampliamente al estimado como sostenible en el largo plazo y, además lo hace sistemáticamente durante varios años consecutivos, la usual reacción de los sucesivos gobiernos, en la búsqueda de su equilibrio fiscal, es recurrir a nuevos impuestos, generalmente distorsivos, y/o a mayores tasas de los tributos ya existentes, comprometiendo así a la condición 1. Si no, también recurren a la emisión de dinero por encima de su demanda genuina, generando el regresivo impuesto no legislado de la inflación, que, a su vez, siempre incrementa la pobreza relativa de la sociedad.

También los gobiernos suelen recurrir a la emisión de más deuda pública, por encima de su efectiva capacidad de pago, comprometiendo a la condición 3 y generando inevitablemente las cesaciones de los pagos de los intereses y del capital adeudado, el consecuente incremento del "riesgo país" y el encarecimiento de la tasa de interés del imprescindible crédito, tanto para sí mismo como para el sector privado, clausurando también a esa fundamental herramienta del crecimiento económico.

Por último, es imprescindible que el estado acompañe con la condición 2, la del sostenimiento de una razonable productividad del gasto público en los bienes y los servicios públicos, necesariamente complementarios de la producción privada. Pero muchas veces, en pos de equilibrio fiscal, recortan justamente la inversión pública en infraestructura física. Pues, solo si la economía argentina en su conjunto crece, el tamaño consolidado del estado sostenible también puede crecer, en una similar proporción, pero solo si mide y sostiene a su productividad.

Así, el gasto público consolidado sostenible de nuestro país podría haber evolucionado, ajustando por el crecimiento económico efectivo de Argentina y la inflación del dólar, desde los poco más de 20.000 millones de dólares en 1983, pasando por los alrededor de 50.000 millones de dólares en el año 2000, hasta aproximadamente 100.000 millones de dólares desde el año 2011 hasta el presente, periodo en el que nos encontramos estancados. No parece poco haber podido quintuplicar el gasto público, en términos reales, en alrededor de 4 décadas. Asimismo, el gasto público sostenible por habitante se triplicó desde 1983 a la fecha.

Pero, lamentablemente, ello nunca fue suficiente para la desmesura de la política electoral, que llevó el gasto público consolidado desde unos 30.000 millones de dólares en 1983 hasta un máximo de unos 240.000 millones de dólares a mediados de la década pasada, superando excesivamente, en más de un +100% en la actualidad, al gasto público que hubiese resultado sostenible. Un "overshooting" de gasto público de la clase política argentina de 8 veces, en términos reales, y de casi 6 veces en términos per cápita en el periodo de los años 1983-2020.

La política solo electoral relajó, continua y sistemáticamente, a la muy importante condición 2 de mantener la productividad del gasto público. Las transferencias ya constituyen el 70% del gasto público, imposibilitando la necesaria acumulación de capital público en infraestructura (hospitales, escuelas, caminos, vías férreas, etc.). Relajamiento este que fue presentado a la sociedad como una política pública de equidad, progresista y moderna, al punto tal que cualquier intento de gestión pública por resultados es todavía rechazado como "antipatria".

Lo concreto es que, detrás de esas continuas y crecientes políticas públicas de impuestos distorsivos y de transferencias, solo obtuvimos, sin crecimiento económico, una cada vez mayor desigualdad, justamente la que decían que íbamos a alcanzar si seguíamos un sendero de eficiencia productiva. El relato político actual de nuestro país es el que permitió la muy penosa compatibilidad de una gradual y persistente decadencia económica con los éxitos electorales, en lo que podría llegar denominarse como un "subdesarrollo sostenible", siguiendo a la lógica fallida de aquel antecedente de una supuesta" inflación tolerable".

EL AUTOR. Cástor López. Ingeniero vial, graduado en la universidad nacional de Santiago del Estero (UNSE) en el año 1978. Representante técnico de la empresa de ingeniería Puntal S.C.A. durante los años 1978/1980. Postgrado de ingeniería de caminos en la universidad de Buenos Aires (UBA) durante los años 1981/1982. Funciones en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) con responsabilidades en la planificación, la formulación y la evaluación económica y social de los proyectos de inversión en el transporte carretero, en Buenos Aires y en Santiago del Estero, durante los años 1980/1989. Postgrado en Economía y análisis de políticas públicas, con beca de estudios "Diners Club", cursado en el instituto Torcuato Di Tella (ITDT) y el Banco inter americano de desarrollo (BID) en Buenos Aires, durante los años 1985/1987. Postgrado en Ingeniería de caminos, canales, puertos y puentes, cursado en la Universidad Politécnica de Madrid, España, durante el año 1990, con beca de estudios en el "colegio mayor argentino nuestra señora de Luján". Subsecretario de Obras y Servicios Públicos, en el Municipio de la ciudad capital de Santiago del Estero, durante los años 1991/1995. Subsecretario de Planificación y Economía, en el municipio de la ciudad capital de Santiago del Estero, durante los años 1995/1999.  Consultor de la empresa "Louis Berger" en ingeniería del transporte y en evaluación económica y social de proyectos viales en Managua, Nicaragua y en San José, Costa Rica, en los años 2000/2003. Profesor e investigador en las universidades nacional (UNSE) y católica (UCSE) de Santiago del Estero desde el año 1980. Asesor del diputado nacional Mario Bonacina (años 1999-2002) y del diputado nacional Nicolás Massot (años 2016-2017). Integrante de la Fundación y Asociación Civil RAP (Red de acción política y de apoyo y participación) en Buenos Aires, desde el año 2003. Presidente fundador de la Fundación "Alas 1857" desde el año 2006. Premio líderes nacionales de la Fundación "Atlas 1853" en el año 2007. Presidente de la Fundación "Pensar a Santiago" desde el año 2013. •Autor de 4 libros y coautor de otros 6 libros, 2 de estos con investigadores del Instituto Torcuato Di Tella (ITDT), 3 con la Academia de ciencias y artes de Santiago del Estero y el último con el Dr Pedro Basbus "Pensar globalmente". Diputado provincial por Recrear y luego por Pro, en Santiago del Estero en los años 2005/2009 y 2010/2013 respectivamente. Autor de las leyes provinciales de la creación del colegio de corredores públicos inmobiliarios y de la Academia de ciencias y artes de Santiago del Estero, entre otras. Miembro de número, en el sitial "Dr Julio H.G.Olivera", de la Academia de ciencias y artes de Santiago del Estero desde el año 2010. Seminarios varios cursados en universidades de España (politécnica de Madrid), Australia (Swinburne de Melbourne) y en los EE.UU. (Texas en Austin, North Carolina en Raleigh, Columbia en Nueva York, Georgetown en Washington y Harvard en Boston). Asociado de la asociación argentina de economía política, desde el año 2003.  Consultor de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) ante la Subsecretaria de Relaciones Financieras Internacionales del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, para su programa de fortalecimiento institucional, reportando a la dirección técnica del instituto nacional de estadísticas y censos (INDEC) y a la súper intendencia de riesgos de trabajo (SRT) desde el año 2016 hasta 2019. Asistente Técnico de la facultad de ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ante el ministerio de modernización, innovación y tecnología del gobierno de la ciudad de Buenos Aires (GCBA) durante el año 2018. "Australia Award Fellowship" otorgado en la universidad de Swinburne en Melbourne, Australia, con la Fundación y Asociación Civil RAP de Argentina, año 2017. Consultor de TAS Europrojects para el programa Latín American Investment Facility (LAIF) en Argentina y para la delegación de la Unión Europea en Buenos Aires, en el proyecto GIRSU (Gestion integral de residuos sólidos urbanos) en la provincia de Jujuy, año 2019.