Incremento de la presión fiscal a las actividades económicas

 El consenso fiscal que firmarán el Gobierno Nacional y la mayoría de los Gobiernos Provinciales traerá mayor presión fiscal, ya que autoriza que las provincias incrementen una carga tributaria de por sí ya excesiva. Concretamente, contempla el aumento de las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos y del impuesto de sellos. 

En materia del impuesto sobre los ingresos brutos (IIBB), el consenso establece que: 

-El hecho imponible alcanzará al ejercicio habitual y a título oneroso de la actividad del contribuyente, con independencia de su carácter lucrativo o no. Esta nueva definición -que ya existe en los códigos fiscales provinciales- pretende ampliar la base de imposición que está prevista en la LCF, con la clara intención de que las cooperativas y otros entes sin fines de lucro abonen el impuesto, en un contexto en que la justicia ha dictado sendos fallos declarando la inconstitucionalidad de esta regulación por oponerse, precisamente, a la LCF. 

-En la comercialización de bienes o servicios digitales, el consenso apunta a "flexibilizar" el sustento territorial reemplazándolo por un "nexo jurisdiccional": esto significa la potestad tributaria para aplicar el impuesto estará dada, no ya por la existencia de gastos en la jurisdicción como elemento que determina la existencia de actividad, sino por el mero de hecho de generar ingresos, lo que se opone a la LCF y al Convenio Multilateral (cfr. art. 4°). Sostenemos desde ya que el consenso fiscal no puede modificar o flexibilizar las obligaciones que surgen de la ley de coparticipación federal, que tiene jerarquía constitucional y su reforma requiere del consenso unánime de todas las jurisdicciones (cf. art. 75 inc. 2 de la CN). 

- Desaparece la disminución progresiva de alícuotas que había planteado el anterior consenso fiscal de 2017. En cuanto a esto último, las actividades encuadradas dentro de Agricultura, Ganadería y Silvicultura, Pesca, Explotación de Minas y Canteras e Industria manufacturera que vendan a consumidores finales quedarán sujetas, con relación a esas operaciones, a la alícuota máxima establecida para Comercio Mayorista, Minorista y Reparaciones en Gral. (5%). En los demás supuestos, la alícuota máxima oscila entre 0,75% y 1,5%. La cuestión aquí es que todas estas actividades, según el consenso de 2017, para 2022 debían quedar exentas, y la mayoría ya estaba exenta desde 2020. Se retrotrae así todo a la realidad impositiva que tenían en 2019 en perjuicio del sector productivo y el impacto será significativo. 

- No establece ningún tipo de consecuencias para aquellas provincias que incumplen la obligación de devolver en forma automática saldos a favor. En otro orden, el consenso también prevé, en materia del impuesto de sellos, establecer una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general. En materia de impuesto inmobiliario, fijar la alícuota en un rango entre el 0,5% y el 3% del valor fiscal establecido conforme a las valuaciones uniformes establecidos por el O.Fe.V.I. 

Y finalmente, prevé la creación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes en cualquiera de las jurisdicciones subnacionales firmantes, que recaerá sobre cualquier enriquecimiento a título gratuito (como herencias, donaciones, etc.), incrementando así la carga tributaria patrimonial sobre bienes que ya están gravados por el impuesto sobre los bienes personales. Recordamos que este impuesto actualmente solo existe en la Provincia de Buenos Aires, habiéndose derogado a partir de 2018 en la Provincia de Entre Ríos porque fue declarado inconstitucional. 

Para CONINAGRO preocupa el aumento de una carga impositiva sobre la actividad productiva que ya de por sí resulta asfixiante. Claramente, va en detrimento de la reactivación económica y de la inversión productiva.