Otro proyecto trascendente para Mendoza que difícilmente concrete esta gestión
Se han impulsado iniciativas sustanciales para Mendoza que, por distintas razones, no se han podido realizar y difícilmente se materialicen en los próximos dos años.
El impulso a la actividad minera a través de un nuevo marco regulatorio, la reforma de la Constitución de Mendoza con modificaciones institucionales, la sanción de una nueva ley de Educación y ahora el inicio de las obras de Portezuelo del Viento son proyectos trascendentes para Mendoza que ha impulsado la actual gestión y que difícilmente puedan concretarse.
Si bien en algunos de estos temas fueron las diferencias con la oposición lo que generó la parálisis, el Gobierno tampoco pudo (o quiso) avanzar en las reformas acordadas con el peronismo. Un claro ejemplo de esto fue la reforma de la ley minera, que se votó a favor y que luego se derogó por las movilizaciones posterior a su sanción.
Las marchas de diciembre de 2019.
También podría eximirse de culpas al Frente de Todos sobre el freno a la reforma educativa, ya que fue el Gobierno el que dio por suspendido el debate ante la resistencia de la oposición política y, además, sindical. Durante 2020, y tras una serie de manifestaciones del SUTE, se postergó la posible sanción de la nueva ley de Educación.
Ese mismo año, en la Asamblea Legislativa del 1 de mayo, Rodolfo Suarez anunció la presentación de un proyecto de reforma institucional que, sí o sí, implicaba un cambio integral de la Constitución de Mendoza. Aquí sí el oficialismo necesita sí o sí el acompañamiento del peronismo, ya que requerirá dos tercios de los votos para sancionar la necesidad de reforma.
Desde entonces, el Frente de Todos resistió una y otra vez la posible sanción de la reforma que, entre otros puntos, implicaría la reducción de la Legislatura a una sola cámara y establecería cambios en la representatividad: habría nueva distribución de distritos electorales y, al menos, un diputado por cada departamento, además de la eliminación de la elección de medio término.
El argumento formal del Frente de Todos fue que "no nos consultaron" antes de elaborar el proyecto de reforma. Sin embargo, la razón práctica es que el nuevo esquema electoral y de representatividad legislativa, bajo el esquema político actual en el que Cambia Mendoza gobierna en la mayoría de la provincia, destruiría al peronismo mendocino.
Víctor Ibañez, el impulsor de la reforma institucional que quedó estancada.
Igualmente, en medio de una pandemia con consecuencias sanitarias y económicas inéditas, Suarez mantuvo altos niveles de aceptación -ratificados en la última elección- a partir de una buena administración financiera de Mendoza, que en 2021 tuvo superávit (así se terminará de confirmar cuando esté listo el informe de diciembre), y una flexibilización anticipada de las restricciones que intentaban imponer desde Buenos Aires.
El derrotero de Portezuelo
Antes de ahondar en las responsabilidades, habría que hacer un resumen de lo que ocurrió en relación al proyecto desde diciembre de 2019, ya que previo a eso parecía estar todo encaminado.
Quien empezó a apretar el freno a la obra fue el presidente Alberto Fernández, en una conferencia de prensa que dio en La Pampa. "No voy a financiar una obra que resisten cuatro provincias", dijo, olvidando que los recursos para Portezuelo del Viento no pertenecen a Nación, sino a Mendoza, por el tan comentado resarcimiento por la promoción industrial.
Eso generó la primera luz de alerta en Mendoza, más allá de que posteriormente la Nación cumplió con el pago trimestral de las cuotas que hacia octubre de 2024 deberían acumular U$S 1.023 millones. Y le siguió aquella reunión de comité de cuenca del río Colorado (Coirco), en la que La Pampa pidió que se revisara el laudo de Mauricio Macri que favorecía el proyecto.
En ese momento, el gabinete mendocino mantenía una postura más beligerante que la actual. Llegaron a replicar que, de ser necesario, podrían incluso adjudicar la obra y desconocer el Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado), respetando el caudal máximo que podría utilizar Mendoza del río Grande: 34 metros cúbicos por segundo.
¿Quién tiene la culpa del freno a Portezuelo?
El reciente cruce "tuitero" entre el ministro del Interior y presidente del Coirco, Wado de Pedro, y Suarez abrió el interrogante sobre quién tiene razón. ¿Mendoza realmente debería haber presentado una pedido específico de laudo, como sostiene el funcionario nacional, o alcanzaba con lo planteado en la última reunión del Coirco, como sostiene el gobernador?
En el acta 73 (reunión del Consejo de Gobierno del Coirco del 26 de junio de 2020) que compartió parcialmente Suarez, quedó establecido que Mendoza se reservaba el derecho de solicitar el laudo presidencial. "El desarchivo está cuestionado (...) Si el Consejo entendiera otra cosa, Mendoza se opondrá y solicitará un laudo sobre el particular", se advierte, según el resumen de esa reunión incluido en el acta mencionada.
Y más adelante, en el mencionado acta 73 se lee que Mendoza "manifiesta que solicitará se active el mecanismo de solución de controversias previstos en el Capítulo V del Estatuto para todos aquellos puntos de los cuales no hubo acuerdo". Pese a que el verbo aparece en futuro, el ministro de Gobierno Víctor Ibañez, integrante mendocino del Coirco, insiste en que esa sola mención implica un pedido de laudo. No es lo que considera De Pedro ni algunos juristas consultados.
"Es una picardía de De Pedro que puede tener una base argumental", fue quizás la mejor síntesis que obtuvo este diario al consultar sobre la validez, o no, del pedido de laudo presidencial. En ese punto, se entiende que tras ese encuentro en el Coirco, Mendoza debería haber iniciado un pedido específico solicitando un "desempate" de Fernández.
Los argumentos técnicos de un funcionario de Cornejo y Suarez a favor de Portezuelo
Pero detrás de esto hay una cuestión de fondo, ya que lo anterior alude únicamente al acto de laudar, y no a las características que tendría ese laudo. En ese sentido, lo más probable es que el eventual "fallo" de Fernández obligue a Mendoza a acordar con las otras cuatro provincias del Coirco, por lo que, en este estado de situación, la obra no avanzaría. Distinto era el escenario cuando Macri arbitró a favor de Portezuelo, ya que Buenos Aires era gobernada por Cambiemos, mientras que Neuquén y Río Negro eran administradas por frentes locales que históricamente son afines al Gobierno de turno. No había más resistencia que la de La Pampa.
En este sentido, la principal causa del freno a Portezuelo del Viento recae sobre el Gobierno nacional, primero por "desempolvar" un fallo de Macri e intentar revertirlo, tal como quería La Pampa, gobernada por el peronismo, y luego por el presumible laudo de Fernández cuyas características demorarían el avance de la obra. Pero eso no exime a Mendoza de responsabilidades.
Al respecto, más allá de haber descartado la posible adjudicación de la obra desconociendo el Coirco, en las últimas semanas el Gobierno de Mendoza dio señales de cierta resignación. Previamente, se estaba trabajando en la letra chica del contrato con la UTE para que, en caso de un freno judicial a la obra luego de ser adjudicada, las empresas no pudieran reclamar ninguna indemnización. Ahora, se modificó la ecuación: no se va a adjudicar sin autorización de Fernández ante el eventual riesgo económico que correría Mendoza.
Y un tema no menor es que, hoy en día, Mendoza no violaría ninguna norma si adjudicara la obra; es más: ni siquiera debería desconocer al Coirco.
Esto es así porque, en primer lugar, las decisiones del Consejo de Gobierno del Coirco, integrado por los gobernadores, tienen que ser unánimes. Y cuando en 2020 se decidió desarchivar el laudo de Macri, hubo un voto en contra, el de Mendoza, por lo cual lo que se decidió allí aún no tiene validez. Entonces, mientras que no exista un laudo de Fernández sobre esa reunión, sigue vigente el acta 70 de 2016, la cual da luz verde a Portezuelo del Viento.
En esa reunión realizada hace seis años, La Pampa fue la única provincia que votó en contra, por lo tanto no se obtuvo la unanimidad necesaria. Sin embargo, sí existió un laudo presidencial posterior, el de Macri en 2018, que le dio validez a lo que votó la mayoría. Esa decisión incluso fue ratificada por la Corte Suprema de la Nación, ante el reclamo de los pampeanos.
Sin embargo, el propio Gobierno de Mendoza pide el laudo sobre el acta 73 para tener certidumbre y garantías sobre el futuro de la obra, tal como recomendó Fiscalía de Estado.
El valor de conservar las cosas como están
El resumen de los proyectos que impulsó este Gobierno y que no se han podido concretar, lejos está de significar un problema para Cambia Mendoza, sino todo lo contrario. El freno a la minería, la no sanción de la ley de Educación y la reforma institucional en stand by no significaron una pérdida de apoyo por parte de la ciudadanía, sino lo contrario: parece que la sociedad premiara la conservación del status quo, y Suarez ha sabido interpretarlo, combinándolo con una buena gestión de la pandemia y administración.
Y bajo esta lógica, el eventual fracaso de Portezuelo del Viento podría incluso hasta valorarse, más allá de cualquier conveniencia energética y de flujo de caja que generaría la represa. Basta con que algunos alcen la voz en contra de algo y que otros tantos lo repliquen para garantizar la sostenibilidad de este modelo "exitoso", en el que todo tiene que tener el visto bueno de la corporación vitivinícola.
