Los medidores de agua, el robo y el bolsillo del ciudadano

En los últimos días, los mendocinos nos encontramos con una noticia que resulta, cuanto menos, insólita: el gobierno provincial ha decidido que el recambio de medidores de agua para evitar su robo lo pagarán los usuarios. 

Como si los robos de medidores de bronce, impulsados por el vandalismo y la reventa de este metal, fueran culpa de quienes sufren el daño, ahora nos hacen responsables también del costo de reemplazarlos. 

Lo preocupante no es solo que nos quieran cargar a los ciudadanos con este gasto, sino que en el contrato de concesión de Aguas Mendocinas (Aysam), una empresa de mayoría estatal, claramente se establece que el reemplazo de medidores obsoletos es responsabilidad del concesionario. 

En el Artículo 53 del contrato se especifica que "el reemplazo de los medidores obsoletos será a exclusivo cargo del concesionario". Entonces, ¿por qué el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de Aysam, Humberto Mingorance, insisten en que seamos los usuarios quienes paguemos? ¿Es que acaso se nos olvida que el contrato ya prevé quién debe hacerse cargo de estos gastos? 

El contrato de concesión es muy claro respecto a las responsabilidades de los usuarios. En su Artículo 2.4.14, se prohíbe cualquier manipulación del medidor de agua por parte del usuario, y en caso de daño o alteración atribuibles a este, se especifica que será el usuario quien pague los costos de reparación.

Sin embargo, aquí estamos hablando de algo completamente diferente: el vandalismo, algo que ni los ciudadanos ni los usuarios pueden controlar. Es injusto que se nos obligue a pagar por un servicio cuando el daño proviene de un delito que no cometimos. 

Este tipo de decisiones no solo son injustas, sino que además reflejan una clara desconexión entre las autoridades y la realidad económica que viven los mendocinos. En un contexto de crisis económica, donde la inflación devora el poder adquisitivo de las familias, cargar con un nuevo costo en la boleta del agua es directamente meterle la mano en el bolsillo a la gente. 

No se trata simplemente de una medida administrativa, se trata de hacerle pagar a la ciudadanía los errores de gestión y la falta de control por parte del Estado y de la empresa encargada de velar por el correcto funcionamiento del sistema. Lo que vemos aquí es otro claro ejemplo de cómo se traslada el costo de la ineficiencia estatal al bolsillo del usuario. 

En lugar de implementar políticas preventivas, de mejorar los controles de seguridad o de actuar de manera más enérgica contra el vandalismo, se elige el camino más fácil: que lo pague la gente. En este punto, es fundamental que el Gobierno reconsideren su decisión. 

El recambio de medidores obsoletos o robados debe estar a cargo del concesionario, tal como lo establece el contrato de concesión. Y si la empresa no está en condiciones de hacerlo, lo que corresponde es que se realice una revisión a fondo de su situación financiera y de gestión, no que se cargue el peso de esta incapacidad sobre los hombros de quienes ya pagan por un servicio que muchas veces no se presta en las condiciones adecuadas. 

En el Partido Verde Mendoza defendemos los derechos de los consumidores, y en este caso, queda claro que la decisión de trasladar este costo a los usuarios es, además de insensible, una violación de los términos contractuales. Exigimos transparencia y justicia en las tarifas que pagan los mendocinos. 

No podemos permitir que, ante la falta de control y gestión por parte del gobierno y la empresa, seamos los usuarios quienes sigamos pagando los platos rotos. 

Es hora de que el Estado y Aysam asuman sus responsabilidades, y que el ciudadano deje de ser el chivo expiatorio de las malas decisiones. Basta de cargar sobre la gente costos que no le corresponden.