El paso de Lijo por el Senado confirma la necesidad de su rechazo

La audiencia pública realizada hoy en el Senado dejó en evidencia los polémicos antecedentes del juez federal, que generan serias sospechas sobre los verdaderos objetivos de su candidatura a la Corte Suprema. La ciudadanía demostró su interés y preocupación presentando casi 200 preguntas, que fueron leídas durante una hora y que en su mayoría quedaron sin respuesta. Pero ni siquiera esta modalidad, deliberadamente cómoda para el candidato, fue suficiente para ocultar su manifiesta incapacidad para integrar el Máximo Tribunal de Justicia del país.

Sin embargo, el árbol no debe tapar el bosque. Su exposición, sintomática de su escasa formación técnica y de su desconocimiento de la Constitución Nacional, no debe hacernos olvidar que el problema central de Lijo es su sistemática ineficacia en casos de corrupción y criminalidad económica, y las denuncias de que ese blindaje habría sido a cambio de beneficios personales. El peligro de Lijo no es su falta de idoneidad, sino las sospechas sobre su capacidad de brindar impunidad.

La descripción de Lijo de los problemas del Poder Judicial, como la lentitud, la falta de respuesta o de acceso a la justicia, fue una involuntaria descripción de su propio desempeño como juez federal. Ante el récord de denuncias por mal desempeño, Lijo se excusó con la protección que le brindó el Consejo de la Magistratura, que, pese a eso, al día de hoy tiene causas en su contra pendientes de resolución, que son previas a su candidatura. Ante las estadísticas oficiales que demuestran que es el juez más ineficaz y con más causas de corrupción demoradas, Lijo las relativizó sin ofrecer ningún otro dato empírico que evidencie su supuesta laboriosidad.

Lijo, atrincherado a la defensiva en el Senado: fuego a discreción

Por último, como único mérito mencionó que su juzgado obtuvo la certificación de calidad de las Normas ISO, una certificación paga obtenida, por ejemplo, por la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea, la CIDH y múltiples organismos internacionales por ser una pieza clave del tristemente célebre "Pacto de Corruptos" de ese país.

La audiencia pública expuso la deshonra que implicaría para los senadores y las senadoras brindar un acuerdo para el cual no hay excusas válidas, ni sustanciales ni de pragmatismo político. Así como hace 12 años el Senado frenó la postulación de Daniel Reposo para la Procuración General, en esta ocasión se enfrentan al mismo escenario. Deben exigirle al Gobierno candidaturas que, aún cuando no sean ideales, al menos no sean absolutamente indefendibles.