No, Colombia no está legalizando la cocaína, pero debería
Daniel Raisbeck recuerda que es extraño asociar a los izquierdistas con una política de liberalización de las drogas, dado que en la práctica es precisamente en estos regímenes donde se aplican algunas de las políticas de drogas más draconianas de la región.
La cobertura de los medios estadounidenses de la supuesta nueva política de drogas de Colombia ha sido extraña. Como argumento en mi artículo reciente en Foreign Policy, el izquierdista Gustavo Petro, quien asumió la presidencia en agosto pasado, ha estado ofreciendo las mismas viejas fórmulas prohibicionistas a pesar de las afirmaciones en contrario en The New York Times, The Washington Post y otros medios de comunicación tradicionales.
Tomemos, por ejemplo, la afirmación del gobierno colombiano de que un cambio en la política regional de drogas es inminente porque, como dijo el "zar antidrogas" de Petro, este es "un momento poco común en el que muchos gobiernos clave de la región, incluidos los países productores de cocaína Colombia, Perú y Bolivia están dirigidos por izquierdistas". Esta es una extraña línea de razonamiento. Después de todo, la Cuba comunista y Nicaragua, una dictadura de izquierda de facto, han aplicado sin piedad algunas de las leyes de drogas más draconianas de América Latina. En Perú, el presidente Pedro Castillo, que pertenece a un partido marxista-leninista, fue elegido sobre una plataforma autoritaria que incluía su oposición a la legalización de la marihuana, y con frecuencia se jacta de su "ataque frontal" contra los narcotraficantes.
La postura tradicional de guerra contra las drogas de Castillo socava las esperanzas de Petro de que, como escriben Samantha Schmidt y Diana Durán en The Washington Post, "un bloque regional unificado pueda renegociar las convenciones internacionales sobre drogas en las Naciones Unidas". Sin embargo, los países latinoamericanos no son el principal obstáculo para la reforma de las drogas a nivel de la ONU tanto como lo son los regímenes autoritarios más poderosos del mundo. El gobernante Partido Comunista de China, que erradicó sin piedad todo el consumo y la producción de opio a mediados del siglo XX, todavía ejecuta a los traficantes de drogas. Por su parte, Vladimir Putin de Rusia afirmó en 2013 que "la legalización de las llamadas ?drogas blandas'" en los países occidentales era "un camino muy peligroso".
Putin también dejó claro que no se debe modificar "el actual marco legal internacional en esta materia, que descansa sobre todo en las tres convenciones básicas de la ONU" sobre estupefacientes (las de 1961, 1971 y 1988). En la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de la ONU de 2016, el Kremlin saboteó el intento de hacer de la "reducción de daños" la pieza central de un nuevo enfoque global sobre las drogas. Esto debería plantear la pregunta de por qué se permitió que una burocracia transnacional irresponsable estableciera el marco para una política global de drogas en primer lugar. Petro, sin embargo, insiste en la necesidad de "una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado", recibiendo mucha fanfarria en la prensa mundial.
Esta afirmación, sin embargo, no es una novedad en lo que respecta a las florituras retóricas de los presidentes colombianos en funciones. Durante un discurso de 2011 en la Universidad de Brown, el expresidente Santos pidió "una nueva discusión global" sobre política de drogas, que requería "nuevas estrategias, nuevas visiones y nuevos métodos". Al igual que Petro, Santos buscó aprovechar el estatus de víctima de Colombia en la guerra contra las drogas, pero sus esfuerzos por cambiar los términos del debate mundial sobre las drogas fracasaron. Entonces, como ahora, estaba claro que la indignación moral de los políticos colombianos, por muy justificada que fuera, era poco probable que alterara las políticas de drogas en el mundo desarrollado.
De todas las posibilidades disponibles para poner fin a la guerra contra las drogas que ha durado décadas en el país, la legalización unilateral es la opción menos mala de Colombia. Sin embargo, bajo un gobierno de extrema izquierda que no se da cuenta de la dinámica del mercado del narcotráfico, la mejor apuesta ni siquiera está sobre la mesa.
EL AUTOR. Daniel Raisbeck es un analista de políticas públicas para América Latina en el Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Instituto Cato. Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (EE.UU.) el 21 de noviembre de 2022.
