Jubilados: La eterna variable de ajuste de todos los Gobiernos

El día viernes, el Poder Ejecutivo anunció la publicación de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), mediante el cual reemplazaría la actual fórmula de movilidad jubilatoria.

La ley vigente hasta hoy -ley 27.609-, sancionada durante el Gobierno del ex Presidente Alberto Fernández, otorgaba cuatro aumentos por año -en marzo, junio, septiembre y diciembre-.

Cada uno de estos aumentos, se determinaba en base a dos componentes:

1- el aspecto salarial, para el cual se evaluaban dos índices: el RIPTE (publicado por el Ministerio de Trabajo) y el índice de Salarios del INDEC.

2- la recaudación tributaria destinada a la ANSES.

El aumento nunca podía superar los recursos. Por ello, en los últimos aumentos se aplicó ese tope y los jubilados recibieron una actualización inferior a la que tuvieron incluso los salarios de los trabajadores activos.

Pero hubo varios factores que sellaron de muerte a la ley 27.609. En primer lugar, la creciente inflación, que no se vio reflejada en la fórmula de movilidad. Esto generó un gran atraso de los haberes.

Además, la aplicación de ese tope fue bastante dudosa. Si bien podemos conocer los datos del RIPTE y el índice de Salarios del INDEC, nunca se especificó en las resoluciones de ANSES cómo se estaba aplicando el tope de la recaudación. Es decir que, cada vez que se decretó un aumento, no se explicó en números concretos, cómo entró a jugar dicho tope.

Durante el año 2020, con la paralización de la economía, el Gobierno tuvo que recurrir a la emisión monetaria para crear ayudas como el IFE. Esto iba a generar niveles de inflación crecientes a partir de 2021. La ley de Movilidad Jubilatoria, que se aplicó por primera vez en Marzo de 2021, ya quedó insuficiente en su primera aplicación: en Abril de 2021, se tuvo que otorgar un bono para que los jubilados más rezagados, no sufrieran tanto la pérdida de su poder adquisitivo.

La política de bonos se fue replicando, de manera aislada en el primer año y a partir de Septiembre de 2022, cada vez que se decretaba un aumento, se establecía un bono trimestral para un grupo de jubilados -en general quienes cobraban el haber mínimo o hasta dos mínimos-.

De tal forma, se produjeron una serie de distorsiones:

- el que se jubiló con un haber levemente superior al mínimo, en la práctica cobraba lo mismo que el jubilado de la mínima;

- los haberes superiores, recibían un aumento real inferior al de quienes recibían un bono;

Pero los que recibían los bonos, también se vieron perjudicados, porque el siguiente aumento se calculaba sobre la jubilación "remunerativa" y no sobre el bono. El aguinaldo tampoco se calculaba sobre los refuerzos discrecionales.

Mes a mes, la insatisfacción de los jubilados fue profundizándose y con ello, comenzó una nueva camada de reclamos judiciales de reajuste de haberes.

La situación, que ya era grave, se tornó desesperante a partir de Diciembre de 2023: la elevadísima inflación del primer trimestre del nuevo Gobierno, propició una licuación brutal de los ingresos de los jubilados.

En marzo de 2023, luego de los tres meses con mayor inflación en las últimas décadas, los jubilados recibieron un incremento del 27,18%, que apenas compensaba la inflación de diciembre. El clamor de la sociedad e incluso de la política, llevó al Gobierno a tener que atender la situación de los jubilados, que hasta este momento fueron los grandes olvidados.

En la Cámara de Diputados, el bloque liderado por Pichetto, impulsó un proyecto de reforma de la Ley de Movilidad, que contemplaría una recomposición del 20,6% -correspondiente a la inflación de enero- y un aumento mensual por IPC desde febrero. Esta nueva fórmula se pagaría a partir de Abril.

El oficialismo boicoteó dicho proyecto y presentó una nueva versión de la "Ley Bases" -la tercera- en la cual se incluía una reforma de la ley de movilidad.

Finalmente, el Poder Ejecutivo decidió adelantarse y emitir un Decreto de Necesidad y Urgencia -que aún no fue publicado en el Boletín Oficial-. Esta norma determinará:

-que las jubilaciones se actualizarán mensualmente por la variación del IPC -esto es, por inflación-;

-el primer aumento se pagará en Abril y reflejará la inflación de Febrero;

- se otorgará un aumento inicial de 12,5% por el mes de Enero.

Ahora bien, si todos sabemos que la inflación de enero fue del 20,6%, ¿por qué otorgar un aumento inferior por ese mes? Nuevamente, con la excusa de proteger a los jubilados, se los sigue utilizando como variable de ajuste de las cuentas públicas.

Pero lo peor es que se estaría recurriendo a la herramienta del DNU, con el sólo fin de "anticiparse" a la posibilidad de que el Congreso dicte una ley más favorable.

En caso de aplicarse este DNU, estamos seguros de que traerá dos cosas: por un lado, un breve respiro a los jubilados, que recibirán un aumento en el próximo mensual. Pero también una nueva oleada de juicios, tal como ocurrió en Marzo de 2018, durante la suspensión de la movilidad en 2020 y luego, con el sistema de bonos de 2022-2023.

En este caso, estamos frente a un supuesto aún más grotesco que los anteriores, porque se intenta solucionar el problema creando una nueva fórmula de movilidad, pero en el primer mes que correspondería su aplicación -Enero 2024- no se otorgará el aumento completo. Con lo cual, este DNU trae servido en bandeja el reclamo judicial de absolutamente todos los jubilados y pensionados de la ANSES.

Ser jubilado hoy en Argentina es muy doloroso, no sólo por la situación económica, sino por la plena conciencia de que es el grupo que siempre recibe los mayores ajustes. Si nos remontamos a cada gobierno que pasó, veremos situaciones como un descuento del 13%, cambios de la ley de movilidad cada vez que venía un aumento importante y hasta pago de juicios con bonos. Los jubilados son la variable de ajuste de todos los Gobiernos, con independencia del partido político que ejerza el poder. Esperemos que algún día esa realidad se modifique y los jubilados puedan vivir con tranquilidad su etapa de retiro.