La causa contra Jofré y el bastardeo a la justicia y a las víctimas de abusos sexuales

Luego de seis años, la cusa contra el ex subsecretario de Trabajo, Alejandro Jofré, acusado por tres mujeres por abuso sexual simple, finalmente tendrá sentencia. 

Esta semana comienza la instancia de alegatos y se espera que el juez dicte sentencia. En la última semana de declaraciones de testigos, una mujer dijo que también había sido víctima. Lo hizo seis años después del supuesto hecho. 

Aunque los títulos de los diarios hablan de "abuso sexual" y luego aclaran que se trata de "tocamientos en partes íntimas", lo cierto es que la justicia lleva casi seis años investigando si el ex funcionario les tocó la cola a algunas subalternas, aunque en las declaraciones las denunciantes reconocen que no sabían si era "con fines sexuales". Incluso hay un testimonio de una mujer que dice que, mientras le estaba mostrando unas fotos, Jofré "dirigió su mano" al pecho de ella, pero que ella se la frenó, es decir que nunca la tocó.

Otra de las denunciantes asegura que Jofré le tocó la cola en dos oportunidades pero que "no acarició ni presionó", es decir que apenas la rozó, pero parece que eso se puede interpretar como un abuso sexual.   

Jofré dejó la función pública mucho antes de que la justicia dirimiera si era culpable o no de las acusaciones en su contra, dado el estado mediático que tomó la causa por parte de las denunciantes que, incluso, hasta el día de hoy siguen haciendo declaraciones en los medios exigiendo que lo echen de la universidad adonde es profesor de derecho hace más de 20 años sin que nunca antes hubiera una denuncia similar en el ámbito universitario. Tal vez esa circunstancia sea lo que le ha dejado algún resquicio de credibilidad. 

Ahora, un juez debe enfrentar la tarea de decidir sobre la culpabilidad o no de un hombre que ha sido bastardeado mediáticamente sin ninguna prueba más que el testimonio de tres mujeres a las que el acusado, siendo su jefe superior, y de esto sí hay pruebas, les exigía cumplir con su horario laboral. 

De hecho, en el expediente figuran las pruebas de cómo las denunciantes marcaban su ingreso y luego salían del edificio de la Secretaría de Trabajo por una puerta lateral, para volver horas más tarde. Una de las denunciantes había declarado que se quedaba "todos los días" trabajando por la tarde, pero luego cambió su declaración y expresó que fue "una sola vez". 

Estas causas revelan la fragilidad de un sistema donde la justicia debe tomar decisiones que ya fueron tomadas en el ámbito mediático, y eso lo sabía bien la primera denunciante que declaró que decidió denunciar a Jofré un año y medio después del supuesto "tocamiento" porque otro jefe la había acusado de adulterar un expediente y ella quiso "cubrirse". ¿Cómo puede un juez tomar una decisión ecuánime cuando toda una sociedad, empujada muchas veces por razones ideológicas, presiona para que la balanza se incline hacia un lado? 

Por otro lado, esta causa también demuestra cómo cuando se legislan leyes que imponen privilegios en lugar de igualdad ante la ley, el tejido social se rompe y la justicia deja de ser confiable. Las leyes que intentaron proteger a las mujeres de los abusos son bastardeadas por denuncias carentes de lógica y absolutamente faltas de pruebas, justamente porque en los casos de violencia contra las mujeres es sabido que son delitos que se cometen en la privacidad y no hay forma de aportar testigos. Lo que sí debe primar es el sentido común: un roce de cola no es un abuso sexual. Una persona abusada sexualmente sabe perfectamente que no pasa sólo por un roce sino por todo un contexto de insinuaciones y tratos específicos, y un roce no es un manoseo. 

Todos estos bastardeos redundan en que hoy las relaciones sociales parten de la desconfianza: ya no se puede tener reuniones a puertas cerradas con los jefes, los hombres no quieren subir a los ascensores solos con una mujer, los jóvenes tienen pánico de "hacer enojar" a sus novias porque la amenaza del "te voy a denunciar" está siempre ahí, las madres les dicen a sus hijas mujeres que denuncien y a sus hijos varones que no estén nunca solos con una amiga o compañera. Y mientras todo esto pasa, los mismos que pregonan los derechos de las mujeres piden baños mixtos en universidades, boliches y hasta lugares de trabajo. 

Aún si Jofré hubiese tenido por costumbre realizar "tocamientos imberecundos" como decía el periodista Carlos Marcelo Sicilia, justamente demostrando que un roce y un manoseo son de naturaleza distinta, el bastardeo que supone utilizar el aparato judicial durante casi seis años por una denuncia tan inconsistente, es un bastardeo a las mujeres que realmente son víctimas de violencia laboral. 

Así como aquellos que enarbolan la palabra "Nazi" como insulto a cualquier cosa terminan banalizando el holocausto y el exterminio de más de 6 millones de personas, estas denuncias por rozamientos o interpretaciones de ulteriores intenciones, no hacen más que banalizar lo que es realmente un abuso sexual. 

El Ministerio Público Fiscal informó que, durante el año 2022, ingresaron un total de 8783 causas por Violencia de Género. De dicho total los Fiscales ordenaron la detención de 667 hombres lo cual representa un 7.59% del total de personas denunciadas. Esas detenciones se realizan cuando, luego de varios peritajes, se determina que hay un alto riesgo para la víctima. Casi 700 mujeres esperan un juicio que tarda en llegar porque hay 8 mil causas más que resolver. 

Y una sola, por un jefe que supuestamente rozó el culo de algunas empleadas que se escapaban del trabajo, lleva casi seis años. ¿Por qué? Porque las mismas denunciantes trababan el expediente. Esos "microhembrismos" contra los denunciados, contra la justicia y contra las otras víctimas deben tener un fin y ese fin debe ser haciendo cumplir el artículo 245 del Código Penal que impone prisión o multa "a quien denunciare falsamente un delito ante la autoridad". Mientras no haya ninguna consecuencia para quienes utilizan la denuncia como venganza, las víctimas reales tendrán que seguir esperando años.