La inflación sigue firme porque no hay medidas de fondo para bajarla

El índice inflacionario de marzo, de 6,7%, puso nervioso a más de un funcionario. Algunos exigen respuestas mirando las consecuencias políticas mientras otros están atentos a que no se tomen medidas que también generen costos políticos. Queda claro que entre los funcionarios reina la desorientación y se marean buscando excusas/explicaciones y tratando de recurrir a medidas que son paliativos transitorios con peores consecuencias.

El día lunes el presidente Fernández se presentó con el ministro Guzmán y explicaron una serie de medidas asistencialistas como un bono adicional para jubilados y monotributistas de bajas escalas, junto a un nuevo impuesto, a las "ganancias inesperadas" para quienes hayan tenido rentabilidad superior a $ 1.000 millones de pesos.

Estas decisiones no van al fondo de la cuestión porque ninguna va a ayudar a bajar los índices ni a mejorar las expectativas. Incluso, el impuesto propuesto es probable que no sea aprobado por el Congreso ante lo cual la pregunta es ¿de dónde saldrán los recursos para financiar este operativo que implica una erogación de $ 200.000 millones? Muy simple, los recursos los aporta la inflación. A medida que aumentan los precios, hacen crecer la recaudación. Si el gobierno aumenta el gasto con estos operativos, lo que conseguirá es acelerar la inflación.

Está claro que el Gobierno solo quiere ganar tiempo mientras Guzmán intenta renegociar las metas con el FMI. Lo principal, que es bajar el gasto, no lo piensan encarar: en su ADN no figura bajar el gasto sino todo lo contrario. Por eso buscan bajar el déficit aumentando ingresos, ya sea por medio de impuestos o apelando a la inflación, que le ajusta a la suba la recaudación. Los precios en alza de los granos, sobre todo la soja, también los ayuda porque aumentan las retenciones.

El problema es que este nuevo "Plan Platita" llega en un año en el que no hay elecciones, con lo cual Fernández está quemando los últimos recursos antes del año electoral. Tampoco se sabe qué reacción tomarán con los jubilados y el próximo ajuste de sus ingresos. Sobre todo, porque el IPC de marzo fue muy alto y el de abril también puede estar cerca del 6%.

Hemos dicho muchas veces que, además del efecto monetario, como principal vector de la inflación, se le suman las expectativas y la confianza. Y este es un punto muy importante para prever las conductas de los ciudadanos. No hay que olvidar que estamos ante el juego de los sombreros. Las personas que tienen el de consumidores luego se lo cambian y se ponen el de ciudadano elector.

Todo esto siempre y cuando no haya problemas de movilizaciones de protesta y otras manifestaciones que generen un clima de malestar social. Por ahora los gremios, aliados del gobierno, están conteniendo la situación. Algo ocurre en forma similar con las organizaciones sociales, cuyos líderes son mantenidos por dineros del Estado y que son los que tiene la capacidad de movilizar personas.

Así las cosas, con decisiones poco acertadas del gobierno, las expectativas no son las mejores y la desconfianza gana entre los ciudadanos. Por esto es que, el anuncio de un IPC cercano al 6% en abril ya está proyectando una inflación del 75%, si los meses siguientes se mantuvieran en una media del 4,5%. Si, en cambio, se mantienen en terrenos similares, podremos ver números muy elevados. Pero esperemos. El Gobierno puede reaccionar.

El problema financiero y la bomba de tiempo

El Gobierno, para no bajar el gasto y no emitir moneda, sigue tomando deuda en el mercado interno. La mayor parte de esa deuda es indexada por inflación, lo que hace que crezca en forma exponencial. Todos los favores que le hace la inflación para recaudar se los quita a la hora de pagar las deudas. A su vez, el Banco Central sigue tomando deuda al 47% y acumulando una peligrosa curva ascendente de obligaciones. Además, para pagar los intereses, todos los meses hay que emitir una gran cantidad de pesos.

El problema de esta deuda, que medida en dólares ha crecido en casi 76.000 millones de dólares desde diciembre de 2019, es que la deuda total consolidada de Tesorería y del BCRA suma ya US$ 416.000 millones. La tesorería paga intereses mensuales de uS$ 7.500 millones (aprox) y el BCRA US$ 13.217 millones. Está claro que el problema no es la deuda con el FMI sino la generada para alimentar el gasto público y los subsidios.

Cuando se le pide al Gobierno que baje el gasto es mirando estos números. Estas decisiones no parecen ser de quien aspira a ganar las elecciones en 2023 sino de quien se propone complicarle el panorama al gobierno que lo suceda, y en realidad se lo va a complicar. El problema es que ya se deberían estar debatiendo desde la oposición y entidades civiles acerca de esta locura de endeudamiento, que está en conocimiento del FMI y que el organismo lo señala, pero sin mayores exigencias.

A este ritmo, será muy difícil que el Gobierno pueda seguir pateando deuda porque los acreedores, que son, básicamente, los bancos están sobrecargados de títulos del Gobierno y están muy cerca de sus límites técnicos.

Todo cae en el mismo punto. Hay que bajar el gasto para que baje la inflación, por una parte, y el endeudamiento, por la otra y para esto deben comenzar por los subsidios, lo que implica decidir aumentos en los precios que pagarán los usuarios. Ningún panorama es fácil, más aún cuando falta tanto tiempo para las elecciones.