Derecho a saber: la información condicionada
La diputada radical Daniela García y una columna de opinión en la que plantea la importancia de garantizar el derecho a la información desde el gobierno nacional.
El pasado 18 de setiembre fue el día internacional de acceso a la información pública, fue en el 2017 cuando se sancionó la ley en Argentina y en 2018 en Mendoza respectivamente, estas fechas dan un indicador, las Leyes de Acceso a la Información fueron sancionadas en gobiernos no peronistas.
Está claro que en general la sociedad no sabe que tiene el derecho a informarse y por lo general este derecho es ejercido por organizaciones, fundaciones, o grupos de poder, es por ello que es necesario mayor concientización y publicidad. Pocos conocen los recursos que existen para participar democráticamente en acciones de gobierno o para simplemente controlar.
La información es un bien público, por eso es necesario tratarla como "bien" y como un activo fundamental para la toma de decisiones hay que cuidarla, no distorsionarla y jerarquizarla.
El historial del oficialismo nacional califica poco en términos de este "cuidado y respeto de la información", recordemos años atrás el avasallamiento a las estadísticas y manipulación de datos del INDEC y las posteriores iniciativas surgidas para normalizarlo, sin embargo esta puesta en marcha de una nueva Imagen costó a la población creer nuevamente en una institución que se desmoronó, este costo lo pagamos los ciudadanos.
Veamos recientemente, en el presente año, el jefe de Gabinete, entonces Santiago Cafiero, modificó por Resolución y delegó en los titulares de unidades organizacionales con rango equivalente o superior a subsecretario/a, la facultad para emitir el acto denegatorio de información dispuesto en el artículo 13 de la ley 27.275, alterando lo establecido de que sea la máxima autoridad del organismo.
Por otra parte tal como lo publica un informe desarrollado por el periodista Luis Gasulla, la transparencia e institucionalidad no son una prioridad para el peronismo o kirchnerismo. Dicho informe periodístico revela como la Provincia de Buenos Aires mediante el decreto 167/2020 había avanzado contra el acceso a la información pública suspendiendo los plazos y procedimientos administrativos del estado provincial hasta el primero de octubre. Esto ve la luz gracias a un pedido de la oposición de la provincia de Buenos Aires al solicitar y hacer uso y ejercicio de su derecho al acceso a la información pública solicitando al Poder Ejecutivo de dicha provincia los registros de las entradas y salidas de posibles invitados en medio del escándalo mediático que agravió la investidura presidencial producto de la violación a las normas que el mismo presidente había dictado
Este año más que nunca se debería ejercer el acceso a la información con libertad para cuidar nuestra democracia. El gobierno nacional debe saber que es un activo prioritario, y que a pesar que cuando está en manos del peronismo no se ha cuidado, el resto de los ciudadanos estamos defendiendo nuestro derecho a saber.
