La hora de que se caiga la máscara de los antimineros

La minería se volvió a instalar en la discusión pública a partir del plan del Gobierno de Mendoza de avanzar con proyectos de exploración en Malargüe. Como es habitual, en su ingreso a la Legislatura comienza un proceso vertiginoso y cargado de información cruzada que, generalmente, saca la discusión de lo netamente técnico y la lleva a todo tipo de escenarios.

También se reactiva un sector clave en el freno que ha tenido la minería en Mendoza, que son los sectores antimineros. Y hay que llamarlos así, porque aunque se autodefinen como ambientalistas, la evidencia indica que únicamente son antimineros. Están los que salían a las calles, los que los convocaban y los que jugaron siempre en las sombras.

En este nuevo proceso, que encuentra a una sociedad más abierta a escuchar (por diversos factores como la situación económica), marcando pequeños puntos es posible dejar claro qué papel jugó cada actor social en estos 17 años de Ley 7.722 y freno de la industria. 

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Para anclar esta afirmación, podemos -por ejemplo- tomar la hoja de ruta que están diseñando los realizadores del Plan Pilares, el cual apunta a un modelo de actividad basado -entre otras cosas- en la sustabilidad y el valor agregado. El último punto mencionado, es quizás el que mejor refleja la diferencia entre lo que es un ambientalista y un antiminero.

Qué se puede y qué no

En la primera exposición de autoridades estatales por MDMO, realizada el lunes pasado, un diputado lamentó que Mendoza no pudiera aprovechar la empresa IMPSA (en proceso de venta de acciones por parte de la provincia) para darle un valor agregado a la actividad minera. Ese punto, primero que todo, muestra el desconocimiento técnico que siguen teniendo los legisladores respecto a la industria y, por ende, a lo que se puede o no hacer en Mendoza bajo la Ley 7.722. 

Hoy, bajo la norma actual y los procesos (que resultan técnica y económicamente efectivos para la producción minera), lo único que se puede producir es concentrado de cobre, no cobre metálico para darle algún tipo de manufactura. Este concentrado debe exportarse a lugares como China para que, en sus fundiciones, se recupere el mineral y convertirlo en metal.

Dejando eso claro, hay otro error del legislador, porque el valor agregado no se limita a "producir alambre de cobre", como dijo categóricamente un geólogo. De hecho, uno de los puntos que el mismo Plan Pilares destaca, es que el valor agregado se puede dar en todas las etapas, apuntando a un modelo como el australiano. Aparte de ser un país productor de minerales, es un generador de tecnología minera y procesos patentados que luego son utilizados en todo el mundo.

Con ese punto sobre la mesa, y haciendo un análisis más profundo de lo que han sido los 17 años de vigencia de la Ley 7.722, podemos ver claramente cómo en Mendoza sólo actuaron grupos antimineros, porque los ambientalistas actúan y hubieran actuado entonces de otra manera.

Para 2007 los ambientalistas ya sabían que la electrificación iba a ser clave para enfrentar el cambio climático y, por ende, en lugar de cerrarle las puertas a la minería, se habrían enfocado en buscar alternativas para sus procesos, como se hace décadas en los países con mayor desarrollo minero. En 2005, cuando fue la misión del director de Minería Carlos Monjo a Canadá, ya se veía al cobre con especial atención por su importancia futura en el cambio de la matriz energética.

Por eso, no es coherente el discurso de los grupos antimineros de Mendoza que, aseguran que no se oponen a la minería, sino que no están de acuerdo con el uso de ciertos elementos químicos. Sin embargo, si entienden o entendían que la minería es necesaria, por qué no avanzaron con la búsqueda de formas para hacer minería "distinta", buscar formas para producir minerales que necesitamos, pero con otros procesos. Hacerlo, habría sido una acción propia de un ambientalista y, además, sería darle un valor agregado a la minería en una etapa previa. En esa búsqueda, podías crear algo nuevo y con un valor comercial para la industria.

¿En 17 años cuántas investigaciones se iniciaron en universidades mendocinas con el objetivo de producir minerales sin utilizar los elementos que menciona el artículo 1° de la Ley 7.722? Una pregunta que debemos hacernos, justamente, en un período en el que las universidades están en la mirada de todos, porque deberían ser los espacios en los que se esté pensando en soluciones como estas.

Recordemos que recibimos la visita de una empresa australiana que quería producir oro sin cianuro, algo que no avanzó, pero que curiosamente no era único. Se estudia en Chile y se logra hacer en pequeña escala y también se estudia en universidad de San Juan. Allí buscan una alternativa al tradicional proceso de lixiviación que no es efectivo en la separación en el caso de los minerales refractarios. Si en la vecina provincia se avanza con estudios enfocados en desarrollar su industria, por qué acá no. Acá, y en el sentido contrario, en la UNCUYO -por ejemplo- hay marcados grupos antimineros encabezados por docentes y, por si fuera poco, en más de una ocasión la misma casa de estudios tomó una posición en la vereda del frente del desarrollo de la industria.

Procesos y patentes

Hace algunos días la ministra Latorre mencionó la biolixiviación y el acuerdo de Aldebaran con Nuton en San Juan. Acordaron que se aplique a varios estilos de mineralización presentes en el proyecto Altar una tecnología de lixiviación en biopilas que utiliza microorganismos naturales. Pareciera lejano, pero no, porque la utilización de bacterias para procesos de lixiviación se aplica hace más de una década en Chile, en compañías como la estatal Codelco, para hacer rentable el procesamiento de mineral de baja ley.

De hecho, los laboratorios que se desarrollan esa tecnología patentan todas las bacterias que desarrollan y todos los procesos. Eso, porque saben que mientras más avancen en su investigación, el valor de lo que están analizando no sólo quedará en lo científico o lo académico, sino que también tendrá un alto valor comercial.

Entonces, en un momento en el que nos preguntamos cómo las universidades pueden generar recursos, nos damos cuenta que por cuestiones de posicionamiento ideológico o de la conducción eventual que puedan tener, han dejado pasar oportunidades de desarrollar valor agregado. No hay duda que existe capacidad para hacerlo en Mendoza, pero en los lugares claves eligieron pararse en la vereda del mejor "no hagamos nada" y si podemos también nos oponemos. Lo mencionado es sólo un ejemplo, porque la minería como pocas industrias concentra profesionales de todo tipo y todas las áreas, y en cada una de ellas se pueden ofrecer alternativas y mejoras.

¿Entonces por qué acá no se trabajo en alternativas y sólo se prohibió? La respuesta está en que acá actuaron grupos antimineros, que se oponen a una industria por cuestiones ideológicas. Acá no tuvimos ambientalistas buscando un mejor futuro, como tampoco tuvimos actores políticos que actuaran a esa misma altura, porque actuaron de la misma forma, prohibir sin ofrecer alternativas reales.

Ahora resta ver qué posición tomará cada actor social después de 17 años presos de los que se atribuyen la representación de "todos los mendocinos". Además, espero haberme equivocado rotundamente y que me digan que sí se está trabajando en buscar alternativas en Mendoza, porque ahí es donde tenemos que poner todo el apoyo. Y si no se ha hecho nada, siempre es buen momento para empezar.