Bajar la edad de imputabilidad e inseguridad

A raíz del criminal hecho de violencia provocado por dos menores en La Plata (uno de 14 años) unos días atrás que terminó con la vida de una niña de siete años, ha vuelto a debatirse -una vez más- la edad de imputabilidad de los menores en nuestro sistema penal

Al sistema judicial argentino, que muchas veces no sabe qué hacer con los delincuentes mayores de edad, le pedimos soluciones para los delincuentes menores como si fuera fácil la cuestión. La Justicia está atada de pies y manos sin una reforma judicial sobre la edad de imputabilidad y normativas precisas que no dejen dudas en los sistemas procesales de todo el país.

La edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los menores imputados pueden ser juzgados. En Argentina esa edad se estableció en los 16 años. Es decir que los menores de esa edad no pueden ser juzgados. Luego, tenemos los adolescentes de 16 a 18 años que sólo pueden ser condenados por delitos que tengan penas mayores de 2 años, aunque nunca serán detenidos en cárceles comunes sino en institutos de menores.

Tapar el Sol con la mano: crónicas inaceptables

Para entender la problemática es conveniente examinar su origen. El Régimen Penal de Minoridad fue creado por la ley 22.278, que lleva muchísimos años sin modificarse. Se sancionó y promulgó en el año 1980 lo cual evidencia la antigüedad de la norma. La anacrónica ley no cumple su función en la actualidad, ya que cuando se dictó, la intervención de los menores en los delitos era otra muy distinta a lo que sucede en la actualidad. Hoy un menor no es igual a un menor de hace 45 años atrás, que es el tiempo que transcurrió desde que se sancionó la ley. Tienen un conocimiento y desarrollo, psíquico y físico, completamente distinto al pasado, sumado a toda la problemática que introdujo el narcotráfico inexististe hace 5 década atrás.

Hace años se debate sobre la edad de imputabilidad, pero nunca terminaron de definirlo. Esta deficiencia del Estado, de no ser punibles los menores, es aprovechada por delincuentes mayores quienes los envían a robar, matar, o cometer otros tipos de delitos.

¿Qué sucede en otros países?

En la legislación comparada encontramos que la edad en Canadá y Bélgica es a partir de los 12 años, en Finlandia a partir de 15 años, en Italia y Alemania a partir de los 14 años se los considera plenamente responsables. Por su parte, Suiza e Inglaterra, estipularon la edad mínima a los 10 años. En este último país - Inglaterra- hubo un hecho que conmovió al mundo en 1993.

Se trata de lo que sucedió con James Bulger, un niño de dos años secuestrado, torturado y asesinado por dos chicos de 10 años, este crimen dejó una marca indeleble en la sociedad británica.

El 12 de febrero de 1993, Denise Fergus, madre de James, salió de compras a un centro comercial en Merseyside, cerca de Liverpool. Durante una breve parada en un local de compra la madre soltó la mano de su hijo, momento en el que James fue abordado por dos niños de 10 años, Robert Thompson y Jon Venables que lo asesinaron a golpes y lo dejaron tirado en las vías del ferrocarril para simular un accidente.

"Hay que ser prácticos": Arturo Piracés explica por qué hay que bajar la edad de imputabilidad

No estamos lejos en argentina que niños de 10 u 12 años actúen criminal y salvajemente, pero, la baja de imputabilidad espera el sueño de los justos, envuelta en discusiones bizantinas alejadas de la realidad.

Es impostergable una rápida respuesta del Congreso y considerar que un menor de 14 años debe ser pasible de imputabilidad, más aún, menores a esa edad podrían ser imputados si estudios forenses (psicológicos, psiquiátricos y otros) determinan que comprendían la criminalidad del acto y las consecuencias que ese acto provocaría.

O sea, la referencia es los 14 años, pero no debe la ley impedir que menores de 10 o 12 años también puedan ser imputados.

¿Ahora bien, si se bajara la edad de imputabilidad terminaría o disminuiría sensiblemente la inseguridad? A mi juicio de ninguna manera. Hay que comprometer a todos los sectores gubernamentales a construir consensos para que trabajen de forma conjunta -sin especulaciones políticas- para hacer frente a este fenómeno que tiene muchas causales y que tiene en vilo a gran parte de la sociedad. La Nación, las provincias y los municipios deben comprometerse seriamente.

En Mendoza, desde hace cerca de 20 años muchos municipios comenzaron a involucrarse en este tema creando cuerpos de preventores municipales para colaborar con la lucha contra el delito y trabajar en conjunto con las fuerzas policiales de la provincia y las fuerzas federales llegado el caso.

No todos han comprendido la magnitud del problema del mismo modo, sin embargo, otros si, como es el caso de la municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Inseguridad: Argentina y la oda a la "teoría del caballo muerto"

En la actual gestión de Ulpiano Suarez se le ha dado una impronta muy fuerte que debe destacarse. Cuenta el municipio con 40 móviles, 30 motos, 440 efectivos, tablero de gestión, 300 cámaras de vigilancia y sectores de la Ciudad monitoreados por GPS. Sumado todo este involucramiento a la iniciativa (que se encuentra en la legislatura) para que puedan los preventores usar las pistolas Taser, de forma tal de ser aún más eficientes en prevenir situaciones de violencia.

Bajar la imputabilidad, mejorar nuestros subsistemas judiciales y policiales en todos los niveles, mejorar la capacitación y los salarios de las fuerzas de seguridad planificar acciones coordinadas, abordar la problemática del delito dejando disputas políticas al margen, podrían mitigar, en parte, los padecimientos de la sociedad ante la creciente ola de violencia que se observa en muchos lugares del país.

Lo demás son cortinas de humo circunstanciales para evitar responsabilidades y que todo siga más o menos igual o, mejor dicho, ¡para que siga peor!