Crisis universitaria: ¿desmantelamiento de un legado de igualdad?
Sigue el debate sobre el financiamiento universitario. La Opinión de Exequiel Lucero.
James S. Coleman afirmó: "La educación es el medio por el cual se puede lograr la movilidad social y la igualdad de oportunidades". Esta perspectiva resuena con la actual crisis de la educación pública en Argentina, donde el veto a la ley de financiamiento universitario representa una grave amenaza a los principios de igualdad y meritocracia.
La reciente declaración del presidente de la Nación y su portavoz sobre el veto total a la ley de financiamiento universitario plantea una seria amenaza no solo para la educación pública, sino también para los principios de igualdad de oportunidades y meritocracia que han sido fundamentales en la historia argentina. Este momento se inscribe en un escenario más amplio, que incluye el legado del reformismo universitario de 1918 y la labor de los legisladores en favor de la educación pública.
El movimiento reformista de 1918 fue un hito en la historia de la educación superior en Argentina, marcando un camino hacia la democratización del acceso a la educación y la promoción de la autonomía universitaria. Este legado sigue siendo relevante hoy en día, ya que la lucha por una educación pública de calidad es un reflejo de los ideales de igualdad y justicia social que emergieron de aquel movimiento. La universidad pública debe ser un espacio donde se fomente el pensamiento crítico y se forme a ciudadanos capaces de cuestionar las estructuras de poder.
El anuncio del veto a la ley de financiamiento universitario, que implicaría un impacto fiscal de $735.598 millones (0,14% del PBI), no solo afecta a las universidades, sino que también socava los esfuerzos por garantizar salarios dignos para los trabajadores de la educación. Más del 70% de estos trabajadores perciben salarios por debajo de la línea de pobreza, lo que refleja una crisis que va más allá de lo presupuestario. La ley, que fue aprobada por el Senado el 13 de septiembre, busca una recomposición salarial sujeta a la inflación, pero su aplicación se ve amenazada por la falta de consensos en las paritarias.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha sido un actor relevante en la defensa de la educación pública y la promoción de políticas que garanticen la equidad. Su reclamo por la recomposición del Fondo Nacional de Incentivo Docente, vigente desde 1998, resalta la necesidad de un financiamiento adecuado que permita a las universidades cumplir con su misión social. La movilización estudiantil y docente, como la marcha del 24 de abril y la prevista para el 2 de octubre, son ejemplos de la sensibilidad colectiva que se ha generado en respuesta a estas políticas.
La situación actual exige una reflexión profunda sobre el papel de la universidad pública en la construcción de una sociedad más justa. La defensa de la educación superior no es solo una cuestión de financiamiento; es un imperativo democrático. Como sostiene John Rawls en su obra "Teoría de la Justicia", la justicia social se basa en la idea de que las instituciones deben estructurarse de tal manera que beneficien a los menos favorecidos. La educación pública debe ser vista como un espacio de igualdad de oportunidades, donde cada individuo tenga la posibilidad de acceder a una formación de calidad, sin importar su origen socioeconómico.
El veto a la ley de financiamiento universitario no es solo un ataque a la educación, sino un intento de debilitar un bastión de la democracia y la igualdad en Argentina. La historia ha demostrado que la movilización ciudadana es esencial para defender nuestras instituciones democráticas. La lucha por la educación pública es, en última instancia, una lucha por el futuro de nuestra nación. Es hora de que la ciudadanía tome conciencia de que la defensa de la universidad pública es la defensa del futuro mismo de Argentina. Sin una educación superior accesible y de calidad, corremos el riesgo de caer en un oscurantismo intelectual que amenazaría nuestras libertades y derechos.
