Desaparecidos: entre 8 mil y 30 mil

"La Conadep tenía como objetivo recabar denuncias de sobrevivientes, sobre los años más oscuros del país que acababan de terminar", rememora Pablo Gómez en esta nota y desarrolla la historia de la histórica comisión.

Pablo Gómez

Cada mes de marzo (como mínimo) se vuelve a poner en debate el número total de personas desaparecidas que hubo en nuestro país principalmente en la década del setenta del siglo pasado, aunque también a inicios de los ochenta. Los números que se manejan, dependiendo de quienes los expresen, varían entre 8.000 y 30.000 personas asesinadas y desaparecidas, números espantosos que, en cualquiera de los casos, deberían imposibilitar la defensa de lo actuado en esos años. 

Pero aun así, ya desde el retorno a la Democracia los números en cuestión han sido utilizados como símbolos de formas de pensar más complejas que lo que podría parecerle a personas nacidas con posterioridad a esa fecha, milennials que solo parecen detectar la discusión como una diferencia en contabilizar a un conjunto de dígitos, de una historia que ya no es tan reciente.

Es importante recordar que, durante la dictadura, los organismos de derechos humanos calcularon en forma aproximada la cantidad de personas desaparecidas, teniendo en cuenta los campos clandestinos de detención que se iban conociendo, la cantidad de personal dedicado a la represión, y un par de números que los militares argentinos habían expresado, aún en los inicios de la dictadura, sobre la cifra de "subversivos" que creían que debían abatir. 

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La definición de "subversivo" que usaban quienes habían dado el golpe de estado, en relación a las personas que detenían, era paradójica: subvertir implica alterar el orden social y/o político, y eso era precisamente lo que hacían los militares en el poder; eran ni más ni menos que un grupo político subvirtiendo el orden democrático, y acusando de subversivos a sus adversarios.

Pero más allá de las diferencias de conceptos, lo cierto es que los organismos de derechos humanos de nuestro país calcularon y difundieron que, durante la última dictadura militar, hubo 30.000 personas que fueron privadas de su libertad, y desaparecidas.

Luego de eso y ya en el inicio de la Democracia, el presidente Raúl Alfonsín conformó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) junto a casi todos los sectores políticos nacionales, con excepción del peronismo que no quiso participar. La Conadep tenía como objetivo recabar denuncias de sobrevivientes, sobre los años más oscuros del país que acababan de terminar. El número total de denuncias recibidas fue de 8.961, y es de allí de donde sale el otro número que es reivindicado por algunos sectores, en lugar de los treinta mil que proclamaban los organismos de derechos humanos.

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En este punto es necesario aclarar que, a pesar de lo trascendente de su trabajo y de la utilidad que tuvo para condenar y encarcelar a los máximos responsables de las desapariciones, la Conadep tuvo sus limitaciones: por un lado, hubo un tiempo fijado en seis meses para presentar denuncias, por lo que hubo quienes seguramente no llegaron a realizar su presentación, sumado a las personas que no quisieron revictimizarse y no asistieron, más aquellos desaparecidos que no tuvieron quién reclamara por ellos; también es cierto que la amenaza de un nuevo golpe militar estuvo vigente durante todo el gobierno de Alfonsín, y muchas personas seguramente no quisieron arriesgarse nuevamente, luego de haber sobrevivido a la tortura, para que sus nombres quedaran plasmados en un informe oficial que podría haber sido usado en el futuro en su contra. 

Es importante recordar también que el doctor Favaloro, que inicialmente formó parte de la Conadep, renunció a la misma ante la negativa de la Comisión de recibir denuncias sobre desaparecidos en el gobierno peronista anterior al golpe, durante el cual ya había organismos parapoliciales torturando, deteniendo y desapareciendo a opositores. Aun así, y a pesar de que ocho mil desaparecidos siguen siendo una barbaridad, sectores afines a los militares defendían este número con la excusa de que lo que demostraba era que los organismos de derechos humanos mentían, y que todo el tema de las desapariciones era una farsa para desprestigiar a las fuerzas armadas.

Los años pasaron, y aquella "grieta" dio lugar a una nueva. El siglo XXI se ubicó entre nosotros, y cambiaron los sectores que utilizan a las dos cantidades que recuerdan a personas desaparecidas. Por un lado, se utiliza el número de 30.000 desde un espacio partidario específico y con un discurso que pretende ser de izquierda, pero en mi opinión sin mucho sustento moral. Como contraparte, algunos sectores partidarios que se oponen políticamente a esta pseudoizquierda, y probablemente con el objeto de no compartir nada con ellos, vuelven a reflotar el tema de los ocho mil. Y son nuevamente estas diferencias circunstanciales y menores, comparadas con la masacre que se perpetró en nuestro país en aquellos años, las que ganan la pulseada.

Porque en mi opinión, la oposición a los hechos de desaparición forzada de personas por parte del mismo Estado que debía protegerlas, es algo que no debe ser monopolizado por ningún sector. No hay partidismo que valga para negar la verdad, y hay símbolos que deben seguir siendo de todas las personas que habitamos en este maravilloso país: la Democracia, los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo, los 30.000 desaparecidos, y el informe Nunca Más de la Conadep (entre otros) son símbolos al menos para mí, y expresan sentimientos nacionales de los que argentinas y argentinos deberíamos apropiarnos, sin importar a quien votemos. Porque nos marcaron como Nación, y solo la memoria colectiva podrá salvarnos de repetir aquellos viejos errores, para lograr crecer como sociedad, en Democracia, y sin exclusiones. Sobre esa base común, debatamos las diferencias sí, pero con respeto y libertad; sin torturas ni desapariciones: Nunca más.


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