Desafíos de una Ley de Educación para Mendoza

La provincia de Mendoza se apresta a debatir una nueva Ley de Educación, y a mi juicio es un desafío que el Gobernador ha lanzado en un momento de difícil tránsito para la vida, la salud, la economía y la política. Se puede decir que estamos en una de las crisis más profundas y acompañados injustamente por la pandemia que azota al mundo entero.

Es un desafío que debemos afrontar todos los mendocinos porque en situaciones como la que describimos es cuando más hay que elaborar el futuro, y sin hesitación alguna pienso que es el momento para hacerlo.

En general estamos preparados para afrontar lo conocido, que es el dominio de lo actual, a veces también para lo conocible, en el dominio de lo probable, pero no lo estamos tanto cuando se trata de lo complejo, en el dominio de muchas posibilidades, y mucho menos para lo caótico, en el dominio de lo inconcebible. Hoy nos toca vivir en una situación que supera lo complejo y llega a lo inconcebible, y que hemos tenido que aprender, crear, suponer, diseñar, y que tenemos limitadas hasta nuestras libertades.

La educación no es ajena a todo esto y en ese sentido el Gobierno Escolar se ha encontrado con algo inconcebible, tener escuelas cerradas, sin alumnos presentes, pero resulta que ellos y los docentes están cumpliendo con el aislamiento social, y la vida continúa por eso es que se ha tenido que recurrir a la virtualidad, algo temido e impensado por muchos hasta hace escasamente unos meses y que hoy las escuelas lo están haciendo, demostrándonos a todos que somos capaces para enfrentar lo inconcebible.

Pues entonces, cómo no vamos a poder afrontar el desafío de consensuar una ley de educación para la provincia, máxime teniendo una ley vigente 6970, que se sancionó con la estructura de la EGB y el Polimodal, agotada por el tiempo.

Opino que es posible debatir una nueva ley de educación, buscando los consensos con la mayor participación y protagonismo de todos los sectores de la sociedad y de todas las comunidades educativas, aun con el recurso de la virtualidad; es por eso que agradezco y doy la bienvenida a la idea de crear un ámbito en ese sentido, convocando a un Congreso Pedagógico Provincial.

He tomado conocimiento esta semana que el Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo va a ser puesto a disposición de todos los interesados, y presumo sin temor a equivocarme, que la participación y protagonismo para debatirlo están en la voluntad de José Thomas, que ya generosamente nos convocara a los ex Directores Generales de Escuelas de las distintas gestiones democráticas a una mesa de diálogo, que se llevó a cabo el día 05 de agosto pasado, para que hiciéramos nuestros aportes y diéramos nuestras opiniones acerca del proceso educativo del primer cuatrimestre en función del coronavirus.

Desde el punto de vista técnico se hace necesario que una ley de educación deba tener normas que son operativas y otras programáticas. Las primeras son auto-aplicativas, vinculadas por ejemplo con los principios y fines de la educación.

Las normas programáticas necesitan de normas generalmente inferiores que las reglamenten (decretos, resoluciones ...); en este caso concreto podemos decir que esas normas tendrían que ver con la educación digital, la virtualidad, las herramientas informáticas, la conectividad; con la estructura del sistema educativo provincial, sus niveles y modalidades, entre otros aspectos, que otorguen más dinámica para su adaptación o adecuación.

Sería, a mi juicio, acertado aplicar este formato legislativo, teniendo en cuenta que la Ley de Educación debe ser general y el marco en el que se debe regir todo el sistema, por eso tiene que contener normas con carácter de permanencia, y normas que por su dinámica en el tiempo, su evolución en los derechos y obligaciones, el avance de la tecnología y la ciencia, o en lo complejo o inconcebible, puedan tener la necesidad de actualización.

Creo pertinente hacer una comparación entre las Leyes de Educación Nacional 1420/1884, y provincial 37/1897, que estuvieron en vigencia por 109 años la primera y por 123 años la segunda, pudiendo legislar tanto tiempo porque tuvieron la característica de regular el sistema de forma general con principios inmanentes. No así la que la sucedió, Ley Federal 24.195/1993, que duró tan solo 13 años, ya que fue derogada por y la Ley Nacional 26.206/2006.

Sugiero modernizar el principio de igualdad de oportunidades, hoy no es más que el mismo de la ley Nacional 1420 y la 37 de la provincia (muy importantes en sus años de vigencia), pero en la actualidad debe hacer referencia a la igualdad de oportunidades no solo en el ingreso, permanencia y contención del estudiante en el sistema, sino también hacer real y efectiva la calidad educativa y su evaluación, logrando así, en un pie de igualdad, la adquisición de competencias aptas para el mundo del trabajo y abiertas al conocimiento.

Todas las escuelas ya sean urbanas, rurales o de zonas socialmente vulnerables, tienen que lograr calidad, ejecutando la misma cantidad de contenidos curriculares para cumplir con la igualdad de oportunidades sobre las competencias laborales, y de articulación con los estudios superiores; o que existan más escuelas con jornada extendida; o el caso de la conectividad, que debería cubrir todo el territorio provincial, ya que, según datos oficiales, en la virtualidad, que no obstante haber transitado un proceso exitoso durante el primer cuatrimestre, hubieron 8.990 estudiantes con trayectorias discontinuas, 14.000 con dificultades y 15.000 sin herramientas para conectarse (celulares o computadoras), asimismo hay muchos que aun teniendo herramientas no tienen conectividad.

El principio de igualdad de oportunidades no puede ser declamatorio, aliento el debate de este tema porque hay que asegurar que la D.G.E. tenga la real posibilidad de aplicarlo en la concepción arriba comentada con la financiación acorde a las necesidades de movilidad, ascenso social, laborales y atendiendo la demanda de recursos humanos de la empresa, la industria y todas las actividades productivas de la provincia.

Tampoco puede faltar el tratamiento, como principios generales de administración, la eficacia pedagógica, y la eficiencia económica. Son obligaciones que debe tener el Gobierno Escolar a través de la ley para aprovechar convenientemente los recursos presupuestarios y exigir el cumplimiento total de su ejecución.

Tengo entendido que el proyecto incorpora los servicios educativos de gestión municipal, siendo esto una necesidad de regulación que viene a llenar un vacío legal imprescindible, por la importancia de los municipios en relación con las escuelas. También hay que dar certidumbre legislativa dentro del sistema educativo a los servicios educativos de gestión social (SEOS), quienes cumplen una función social y profesional de gran utilidad a la comunidad y al sistema mismo.

Respecto a la educación pública de gestión privada sería toda una novedad y justicia, que los docentes de las instituciones educativas de gestión privada reconocidas tengan el derecho a la equiparación salarial, y de derechos y obligaciones, con los docentes del sector estatal.

Otra necesidad que enriquecerá al debate sería la modernización de la educación, en el sentido de fomentar el uso crítico y responsable de los recursos tecnológicos tanto en la producción como en la recepción de los discursos mediáticos a través de la progresiva alfabetización en competencias digitales, aulas virtuales para que los docentes desarrollen el uso de las herramientas nuevas. Este es un aspecto en el que la experiencia adquirida por los docentes, estudiantes y familias, en este tiempo de pandemia, no solo favorecerá la búsqueda de consenso, sino que también harán aportes importantes.

En mi experiencia no hay leyes de educación que tengan éxito si no tienen la plena participación, protagonismo y compromiso de toda la comunidad educativa, y de todas las instituciones con todos los sectores del trabajo, empresarial, productivo y político, porque los estudiantes y docentes son grandes protagonistas pero no lo únicos responsables; creo que la convocatoria a un Congreso Pedagógico Provincial es un acierto a todas luces.

EL AUTOR. Hugo Salvador Duch. Abogado y doctor en Educación. Ex Director General de Escuelas (1983-1987) - (1999-2003).