La corrupción en la obra pública es un mal que debe ser erradicado porque atenta contra el bienestar general

El país vio y escuchó a dos de sus fiscales federales acusando, ante un Tribunal Oral, a la Vicepresidenta de la Nación y a otros funcionarios de haber cometido graves delitos de corrupción en la contratación de la obra pública en Vialidad Nacional. 

La principal acusada no tardó en reaccionar utilizando la sede del Senado de la Nación para agredir a fiscales y jueces. No se puede callar ante el atropello institucional y social que expresa, agraviando a las Instituciones de la República basada en privilegios solapados que han sido ya desterrados de nuestra sociedad. 

Ha ignorado que hace 40 años el pueblo argentino decidió insertarse en el mundo de las democracias donde las Instituciones de la República deben ser respetadas y dignificadas; que hace casi 210 años se abolieron los privilegios y hace casi 170 años el primer texto de nuestra Constitución Nacional declaró la igualdad ante la ley. 

Su defensa, en cambio, se aferra a una presunta inmunidad de origen sin ejercer los derechos que la ley les otorga a todos. Prioriza su interés personal sobre los de la Nación y se ciñe en el principio de no responsabilidad con validez absoluta ni siquiera relativizada por el conocimiento del delito que debió denunciar como funcionaria. 

Por su parte, los funcionarios militantes apoyando a su líder dominante brindaron el lamentable espectáculo de su apoyo irrestricto. De tal manera la acusada y quienes así la defienden asumen una clara posición antirrepublicana ignorando la supremacía de la Constitución Nacional. 

La temeraria amenaza de la pueblada contra uno de los tres poderes independiente del Estado es una involución trágica de nuestra sociedad que debe encender todas las alertas para evitar entrar en caminos sin retorno. Por ello ahora debemos considerar la existencia de un plan, puesto a prueba, que pretende que el caos sea la solución final de problemas personales de carácter judicial. 

Los episodios de la Recoleta, organizados y coordinados por empleados públicos de alta jerarquía, activistas y gente trasladada desde lugares identificados del Gran Buenos Aires, lucen como que podría continuarse con la ocupación ilegal del espacio público hasta consumarse el objetivo de la impunidad. 

En consecuencia, cualquier atentado contra la vida de las personas debe repudiarse y ser denunciado para ser juzgado por los Tribunales competentes. Así lo impone la Constitución Nacional y lo reclama la necesidad de la paz, requerimiento esencial para el progreso del país. 

Si además de los apoyos interesados el único titular de un Poder del Gobierno Nacional enfrenta destempladamente a los titulares del Tribunal Supremo de la Nación que ejerce con los demás Tribunales el Poder Judicial, la institucionalidad republicana está en peligro y de eso se trata. 

No debemos olvidar que el Gobierno Nacional tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires, cuyo territorio fue federalizado pero el Poder Ejecutivo Nacional debe colaborar con las autoridades electas de la Ciudad respetando su régimen de Gobierno Autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción para que los derechos de todos sus habitantes puedan ser ejercidos. 

Los dirigentes que representan a los partidos republicanos y democráticos deben comprometerse a desterrar la corrupción de la administración de los dineros públicos del Estado Nacional asegurando así la mejor prestación de todas las obras, servicios y obligaciones a su cargo. 

El discurso debe ser dirigido a todos los habitantes para que no se destruya lo construido hasta el presente recorriendo todo el territorio para predicar que Argentina es un solo país. Las consecuencias de lo que logremos hoy se verán en el futuro. Cumplir la Constitución Nacional y respetar su supremacía será siempre el mejor proyecto.