Bukele, Milei y Bullrich: el peligroso coqueteo con la mano dura que ignora la realidad Argentina

La reciente visita de Nayib Bukele a Buenos Aires ha reavivado un debate crucial sobre seguridad y populismo punitivo en América Latina. A partir del artículo de Hugo Alconada Mon, "El lado B de Nayib Bukele, entre la corrupción, el espionaje y la muerte", se exponen los cuestionables métodos del presidente salvadoreño, su concentración de poder y el debilitamiento institucional que genera. Esto plantea un dilema sobre la conveniencia de emular sus políticas en Argentina. Además, se analiza el rol de los discursos de figuras políticas locales como Javier Milei y Patricia Bullrich, y cómo construyen su narrativa en torno a la inseguridad.

Criminalidad visible e invisible

Bukele ha logrado reducir de manera significativa la criminalidad visible en El Salvador, principalmente a través de la represión de las pandillas y la construcción de una imagen de seguridad en las calles. Sin embargo, su enfoque deja de lado otras formas de criminalidad menos perceptibles pero igualmente preocupantes, como los delitos cibernéticos, el acoso en línea y las brechas en ciberseguridad. Estos problemas, que crecen en el contexto global, no han sido priorizados por su gobierno, evidenciando una falta de respuesta integral frente a las amenazas invisibles que afectan tanto a individuos como a las instituciones del país.

Reducción aparente del crimen a corto plazo

Las políticas de encarcelamiento masivo y militarización de las calles han logrado una disminución inmediata de ciertos delitos, especialmente homicidios y extorsiones relacionados con pandillas. Sin embargo, este éxito aparente se debe a la supresión de la criminalidad visible, sin abordar las causas estructurales de la delincuencia. La "reducción" del crimen se basa en un efecto disuasorio temporal: los delincuentes se ocultan por miedo a ser capturados, pero esto no implica desarticular las estructuras criminales ni rehabilitar a sus miembros.

Sistema penitenciario insostenible

El uso indiscriminado de encarcelamientos masivos provoca un fenómeno similar al de utilizar antibióticos de amplio espectro: a mayor uso, mayor resistencia. Las cárceles superpobladas se convierten en "incubadoras de criminalidad", donde jóvenes y delincuentes menores se exponen a la influencia de criminales experimentados, facilitando su reclutamiento y desarrollo delictivo.

Esto genera un círculo vicioso: sin un verdadero sistema de rehabilitación y reinserción, se incrementa la reincidencia, multiplicando la criminalidad a largo plazo en lugar de reducirla.

Desplazamiento del crimen y adaptación criminal

La represión intensa puede provocar el desplazamiento de estructuras criminales a territorios vecinos o su reorganización en formas más difíciles de detectar, como el crimen organizado transnacional, la Trata de personas o la ciberdelincuencia. La criminalidad puede disminuir en las calles de El Salvador, pero se fortalece en redes invisibles, donde el control estatal es menos efectivo.

La inseguridad en argentina: entre la realidad y la percepción

La realidad de la inseguridad en Argentina presenta desafíos únicos que no pueden resolverse con medidas autoritarias. Según el Latinobarómetro, en 2017 el 49% de la población salvadoreña y el 52% de los argentinos manifestaban preocupación constante por ser víctimas de un delito. Sin embargo, cada sociedad reacciona según su propia historia y contexto, y no siempre se puede aplicar el mismo "tratamiento" a problemáticas diferentes.

El principal problema en Argentina es que la falta de abordaje integral alimenta la inseguridad subjetiva (percepción de riesgo y miedo al delito). Si bien las políticas de "mano dura" pueden reducir la criminalidad a corto plazo mediante la incapacitación de infractores, no abordan el flujo de entrada al delito ni las condiciones sociales que generan propensión criminógena. En definitiva, se retira a los delincuentes de la calle, pero no se previene la criminalidad futura.

¿Seguridad a cualquier costo?: el mito de la mano dura y sus consecuencias

La aceptación social de modelos de encarcelamiento masivo, como el implementado por Nayib Bukele en El Salvador, se explica por factores psicológicos y sociopolíticos. Cuando una sociedad se enfrenta a altos índices de violencia, el miedo y la inseguridad se vuelven determinantes en la opinión pública, llevando a priorizar medidas drásticas que ofrezcan seguridad inmediata, aunque impliquen la erosión de derechos fundamentales.

En términos de salud pública, es como tratar de curar una enfermedad solo con analgésicos: se alivian los síntomas, pero se deja intacta la causa, perpetuando el problema a largo plazo y aumentando la dependencia en estas medidas extremas.

Por eso, la seguridad no debe basarse únicamente en la sanción y el encarcelamiento, sino en una estrategia integral que incluya políticas de prevención, rehabilitación y reinserción. Esto no solo reduce el flujo de entrada al delito, sino que también disminuye la reincidencia, creando condiciones que permitan una verdadera y sostenible mejora en la seguridad pública.

El populismo punitivo y el discurso del miedo en Argentina

Los discursos de Milei y Bullrich se inscriben en lo que se denomina populismo punitivo, una estrategia que explota el miedo al crimen para ganar apoyo político. Este tipo de comunicación presenta la inseguridad como un conflicto entre el caos y el orden, y ofrece soluciones simplistas que ignoran los matices institucionales y las consecuencias a largo plazo.

Bullrich ha propuesto la construcción de megacárceles similares a las de Bukele, mientras Milei defiende un Estado mínimo, pero con un enfoque paradójicamente intervencionista en seguridad. En un entorno de alta conflictividad, estos discursos tienden a polarizar a la sociedad, identificando culpables (delincuentes, inmigrantes, minorías) y ofreciendo soluciones rápidas que conectan emocionalmente con la audiencia.

Realidad institucional argentina vs. autoritarismo emergente

El modelo de Bukele se caracteriza por escándalos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y un desmantelamiento de las instituciones democráticas. Al elogiar estas políticas, Milei y Bullrich omiten la importancia de las instituciones democráticas en Argentina. Replicar este modelo en un país con una tradición de pesos y contrapesos, como el nuestro, no solo sería antidemocrático, sino insostenible.

Psicopolítica: miedo y control

Autores como Byung-Chul Han señalan que las emociones, particularmente el miedo, son manipuladas para ejercer control social. Los discursos que apelan a un temor exacerbado hacia la inseguridad buscan moldear la percepción pública para justificar medidas más extremas. En Argentina, la percepción de riesgo se amplifica constantemente, llevando a la sociedad a demandar soluciones rápidas y autoritarias, como las de Bukele.

El peligro de desdibujar las instituciones democráticas

Los discursos de Milei y Bullrich, basados en la promesa de orden inmediato, contrastan con la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas para generar respuestas sostenibles a largo plazo. El debilitamiento institucional no es una opción viable para Argentina. La construcción de políticas de seguridad eficientes debe basarse en la justicia, la transparencia y el respeto por los derechos humanos.

Un futuro incierto si el miedo define el debate político

La seguridad es un tema que exige un enfoque integral, no meramente punitivo. A diferencia de El Salvador, la realidad argentina presenta desafíos complejos que no pueden solucionarse con recetas autoritarias ni con la erosión de las instituciones democráticas.

Aunque el miedo al robo y la inseguridad impulsan gran parte de los discursos políticos actuales, este temor debe ser gestionado de manera racional y democrática, sin recurrir a medidas extremas que prometen soluciones rápidas, pero generan problemas más profundos.

Si Argentina adopta el modelo de Bukele, se arriesga a sufrir un debilitamiento institucional sin precedentes, con consecuencias devastadoras para la democracia. La seguridad debe basarse en una estrategia que combine políticas preventivas, un sistema de justicia sólido y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Un país seguro no se construye a partir del miedo y la concentración de poder, sino desde la justicia, la equidad y el fortalecimiento de las instituciones.