El retroceso del acceso a la información pública en Argentina
Una crítica al Decreto 780/2024 a cargo de Fernanda Bernabé, Coordinadora Nacional Red Académica de Gobierno Abierto.
Es imperativo manifestar la profunda preocupación respecto al reciente Decreto Nacional 780/2024. Dicho decreto, firmado por el presidente Javier Milei, representa un grave retroceso en materia de acceso a la información pública, esencial para la transparencia y el control ciudadano sobre la gestión estatal.
Desde la Red Académica de Gobierno Abierto de Argentina, el Instituto de Gestión Pública de la Universidad Champagnat y el Centro de Estudios de Estado e Innovación Pública de la Universidad Nacional de Cuyo, consideramos que el decreto introduce cambios significativos al restringir el acceso a la información que involucra aspectos privados de los funcionarios, bajo el pretexto de proteger la privacidad y prevenir abusos mediante pedidos que no se realicen de buena fe. Sin embargo, este enfoque plantea un debilitamiento considerable del principio de transparencia que debe regir en una democracia. Reducir el alcance del concepto de información pública, al excluir contenidos que podrían ser de interés público, limita de manera preocupante la capacidad de la ciudadanía para ejercer un control efectivo sobre sus dirigentes.
Estos cambios contradicen los compromisos internacionales adquiridos por Argentina en materia de transparencia y acceso a la información, como los promovidos por la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y organismos como el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Todas estas instancias abogan por un acceso más robusto y abierto a la información, entendiendo que este es un pilar fundamental para la rendición de cuentas y la calidad institucional.
La incorporación de la figura de "buena fe" como condicionante para los pedidos de información es una táctica preocupante que puede utilizarse para obstaculizar o desestimar solicitudes legítimas. Esto, sumado a los estrictos requisitos burocráticos impuestos para acceder a la información, no solo desalienta a los ciudadanos de ejercer su derecho, sino que también revierte años de progreso hacia la construcción de un estado más abierto y participativo.
El gobierno nacional cambió los alcances del Acceso a la Información Pública
Adicionalmente, las excepciones planteadas en el decreto respecto a la divulgación de información relacionada con rutinas de los funcionarios o datos que puedan causar daño evidencia una subjetividad peligrosa que puede llevar a interpretaciones arbitrarias y discrecionales. Si bien la protección de datos sensibles es comprensible, la forma en que se ha planteado facilita la opacidad gubernamental.
En definitiva, el Decreto 780/2024 constituye un retroceso evidente en materia de transparencia y acceso a la información pública. Es vital que este marco regresivo sea reconsiderado y se restablezcan las garantías necesarias para asegurar que la ciudadanía argentina continúe teniendo acceso pleno y sin restricciones injustificadas a la información pública. En tiempos de creciente demanda por transparencia y accountability, este decreto se posiciona en dirección contraria, poniendo en riesgo no solo la confianza pública, sino también los compromisos internacionales que Argentina ha elegido abrazar.
LA AUTORA. Mgtr. Fernanda Bernabé. Coordinadora Nacional Red Académica de Gobierno Abierto.
