Sobre el 25N, los femicidios y la responsabilidad de las y los funcionarios públicos
Una opinión oportuna a raíz de la conmemoración de este 25 de noviembre, o "25N", Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.
Dos cuestiones centrales reviven el interés de escribir esta nota, enmarcada en el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.
En primer lugar, el informe recientemente publicado por el Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Maricel Zambrano" de la Casa del Encuentro, que visibiliza mensualmente la cifra de femicidios que ocurren a lo largo y ancho del país.
En noviembre ascendió a 307 la cifra de mujeres asesinadas por personas de su entorno cercano.
La segunda cuestión tiene que ver con la resistencia que diversos legisladores nacionales pusieron hace unas semanas ante el posible tratamiento para otorgarle rango constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, mejor conocida como Belem Do Pará.
El viernes expondrá en Guaymallén la comisaria trans expulsada de la Federal
Dicha Convención, aprobada por Ley 24.632 en 1996, reconoce que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencias, tanto en el ámbito público como en el privado.
También dispone, dentro de su articulado, "fomentar la práctica del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, propiciando la educación e instituyendo como obligatoria la capacitación de personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios y funcionarias que se encarguen de la aplicación de las leyes, a quienes les cabe también la modificación de los patrones socioculturales...".
Es necesario resaltar que la disposición de capacitar a las y los agentes públicos en perspectiva de género y derechos humanos no solo aparece en dicha Convención, sino que es compartida por diversos dispositivos legales del orden internacional a los cuales Argentina ha suscrito, y con los que ha asumido una gran cantidad de obligaciones para el resguardo de los derechos de las mujeres.
Sabemos que la perspectiva de género no es una noción fácil de comprender, pero también sabemos que la resistencia a incorporar dicho enfoque como una herramienta teórica que permita visibilizar las desigualdades y la discriminación hacia las mujeres forma parte de las estrategias que buscan seguir sosteniendo la estructura sexista en la que estamos inmersos como sociedad.
Esta estructura sexista construida a partir de patrones socioculturales es la que da lugar a relaciones desiguales y jerarquizadas entre los sexos, caldo de cultivo para la realización de numerosas formas de violencia hacia la mujer.
Ahora bien, ¿cuál es el punto de unión entre los femicidios contabilizados por La Casa del Encuentro y estas líneas desarrolladas? Hoy por hoy, la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas depende de la sensibilización de quienes ostentan el poder, y como vimos en el debate surgido con la Belem Do Pará, estamos muy lejos de tener funcionarios públicos que comprendan la gravedad del asunto.
Contar con agentes estatales que al día de hoy dudan de la existencia de la violencia contra la mujer no solo es incumplir con obligaciones públicas (ya que la Ley 27.499 obliga a las y los funcionarios del Estado a capacitarse en cuestiones de género) sino que es avalar y promover la ineficacia estatal frente a los casos de violencia, propiciando un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos hace especial hincapié en la educación como herramienta eficaz para superar los estereotipos de género que establecen la desigualdad y contribuyen a generar violencia contra las mujeres. Es momento de romper con el orden establecido. Debemos exigir a las y los funcionarios públicos que estén a la altura de las circunstancias.
LA AUTORA. Luciana Ibañez Mendez, diplomada en Estudios Avanzados en Género, cultura y poder.
