Piden que los fusilamientos de la "Patagonia Rebelde" sean considerados de lesa humanidad

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió que se investiguen los delitos ocurridos durante la conocida "Patagonia Rebelde" y sean considerados de lesa humanidad, con el fin que tengan un juicio.

Si bien la presentación fue realizada en 2021, desde la Secretaría anunciaron que no hay avances significativos en la causa contra la masacre de peones rurales ocurrida entre 1921 y 1922, en medio del gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen.

"La obligación del Estado no se agota en la respuesta punitiva, pues se debe garantizar el derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad toda a conocer la verdad de lo sucedido", sostuvo la Secretaría en un escrito.

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La masacre ocurrió en medio del reclamo de los obreros, quienes tras varias huelgas por aumentos salariales y mínimas condiciones laborales, a fines de 1921, fueron reprimidos por el Ejército y Gendarmería tras una orden de Yrigoyen.

En colaboración con civiles y empresarios, distintos destacamentos militares presionaron, persiguieron y atacaron a los peones. Muchos de éstos, que se entregaron al Ejército desarmados, fueron fusilados en las estancias donde trabajaban, como "Anita" y "Bella Vista", donde se cavaron fosas comunes para enterrarlos. Se produjeron cientos de detenciones, tratos brutales y torturas y se calcula que hasta 1500 huelguistas fueron asesinados.

La Secretaría de Derechos Humanos consideró que los delitos cometidos por el Estado nacional al fusilar colectivamente a un grupo de civiles desarmados, por orden de una autoridad y desde el aparato del Estado, son crímenes de lesa humanidad y deben ser juzgados en el ámbito penal.

Esta presentación se enmarca en una decisión de la Secretaría de Derechos Humanos de impulsar el reconocimiento de los delitos de lesa humanidad y la búsqueda de reparación en causas históricas, como las masacres indígenas de Napalpí (1924) y de Rincón Bomba (1947) y los Bombardeos a la Plaza de Mayo de 1955.

El antecedente más importante es el de Napalpí. Por impulso de descendientes y últimos sobrevinientes vivos de la masacre, en 2021 la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, Chaco, solicitó la realización del juicio por la verdad, que se concretó entre abril y mayo de este año.