Trump quiere cambiar las reglas de la globalización

Se suele afirmar que el comienzo de la globalización, como hoy la entendemos, se puede situar en la caída del Muro de Berlín, en noviembre de 1989 y de la caída de la Unión Soviética en 1991. Eliminadas las barreras del comunismo que habían separado a Europa se fue generando la recuperación de la autonomía de las antiguas repúblicas que habían estado sometidas al régimen comunista soviético.

El mundo se enfrentaba a un desafío no esperado. Había desaparecido el enemigo y había que organizarse para el futuro. La Ronda Uruguay del GATT (Acuerdo General de Precios y Tarifas) venía buscando soluciones que no aparecían, pero, finalmente, el 1 de enero de 1995 nació la Organización Mundial del Comercio (OMC), fruto del acuerdo de 160 países que representaban el 98% del comercio mundial.

La creación de este organismo fue trascendente porque por primera vez el consenso de los países, por unanimidad, le concedió a este organismo facultades sancionatorias contra los países que violen las normativas de la organización. Ningún otro organismo de Naciones Unidas tuvo esas facultades. Desde su creación se ratificaron muchas normas y se aplicaron sanciones a muchos países, hasta que llegó el primer mandato de Trump.

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El presidente norteamericano se quejaba por el sistema de sanciones y porque los acuerdos eran desfavorables para su país, y al vencerse el mandato de sus representantes no designó reemplazantes, por lo que el organismo no tenía quorum para funcionar. Además, como hizo con otros organismos internacionales, les quitó el financiamiento, lo que complicó su funcionamiento. Este fue el primer golpe de Trump a una de las instituciones más significativas que encarnaron la globalización. Ahora, la OMC deambula como un organismo burocrático que no genera temor a nadie.

Trump reivindica sus políticas en el hecho de que su país ha sido demasiado generoso con el mundo, les abrió sus mercados y eso costó muchos puestos de trabajo y la vida de empresas. El más significativo fue el de la industria automotriz, que era el orgullo de la ciudad de Detroit y hoy es un cementerio de plantas industriales porque no han quedado fábricas. La mayoría de las empresas se instalaron en otros países y, con el tiempo, empresas japonesas y coreanas se instalaron en EE.UU.

En este segundo mandato, Donald Trump prometió acelerar la protección de las industrias y aplicar aranceles a los países que no tuvieran reciprocidad. El anuncio del miércoles fue un despliegue de aparato, donde el mandatario norteamericano anunció una base de 10% de aranceles para la mayoría de los países, mientras que, para otros, especialmente asiáticos, la aplicación fue mayor. En algunos casos, como Camboya o Vietnam, los aranceles llegarían a 80%.

Lógicamente, estas decisiones complican al mundo, pero también a EE.UU. Estas decisiones no van a paralizar las compras, solo haría que los productos sean más caros. Puede ser una oportunidad para países con menor aranceles para competir con otros con mayores aranceles (como el caso de los vinos argentinos con los europeos). De todos modos, las reacciones han sido importantes porque los europeos han dicho que contestarán a la imposición de aranceles del 20%. China anunció aranceles del 34% para la totalidad de los productos de EEUU.

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Esta decisión provocó una reacción negativa en los mercados donde bajaron acciones de empresas y hasta el petróleo retrocedió hasta niveles de la pandemia, por el temor de que esto produzca una fuerte recesión y mucha incertidumbre. Trump dijo el viernes todos los países llamaron para negociar "lo que significa que estamos en tope del poder" dijo el mandatario norteamericano.

Definitivamente, Trump le dio punto final a lo que conocemos como globalización y pretende instalar reglas más equitativas. Su objetivo es que nadie le imponga condiciones desiguales que les sirvan para establecer sistemas desiguales. Los países asiáticos, como Camboya o Vietnam, tenían grandes factorías de textiles y calzados con trabajo esclavo lo que les daba ventaja de costos a las mismas empresas americanas o europeas que luego ingresaban las mercarías.

El préstamo con el FMI sigue pendiente

Luego de varias declaraciones y muestras de apoyo, esta semana del Banco Mundial y del BID, se sigue esperando una definición que, como anticipábamos, se podía producir antes de la reunión de primavera del FMI. Ya se aceptó que se le otorgará a la Argentina un anticipo de 40%, o sea, us$8000 millones, aunque Caputo quiere que le den más. Los especuladores siguen alimentando el temor de que con esa plata no alcanza por la pérdida de reservas del Banco Central, debido al atraso cambiario.

De todos modos, se supone que el FMI pondrá algún condicionante a la política cambiaria. Es posible que termine con el blend con el que se liquida exportaciones, pero perjudicaría más a las empresas por el atraso cambiario. También es probable que se pida bandas de flotación, aunque este método ya se aplicó en el gobierno de Macri y no dio resultado.

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El problema del ministro y del gobierno es que, con las medidas de Trump, se aceleró notablemente la desconfianza en la Argentina y, más allá del equilibrio fiscal, todos siguen viendo el tema reservas. El ministro puede verse obligado a tomar una decisión fundamental a efectos de terminar con esto y ya lo hemos dicho hasta el cansancio: hay que liberar el cepo, aunque tengan algunos desajustes monetarios.

Lo importante para hacer esto es que el Banco Central no emita más moneda para comprar dólares a los exportadores y que los importadores vayan a comprarlos al mercado. Es posible que, en un primer momento, hagan subir el valor de la divisa, pero no tendría mucho recorrido porque faltarán pesos y deberían hacer esto antes que el ajuste se lo haga el mercado, a lo bestia, como siempre y los obligue a convalidar esa situación.

Mientras tanto, se sigue con mucha atención la evolución de los precios de abril, ya que los de marzo, que se conocerán pronto, habrían vuelto a subir hasta 2,8%. Preocupa que la inestabilidad lleve a algunos empresarios a hacer movimientos preventivos y poner en riesgo un programa que es exitoso porque está sustentado en el superávit fiscal y la ausencia de emisión monetaria.