Las Pymes constructoras piden que se prorrogue el plazo para pagar el bono de $24 mil

La Confederación de Pymes Constructoras envió una carta a la ministra de Trabajo en la que alegan que es imposible pagarlo en dieciembre.

La Confederación de Pymes Constructoras, que reúne a 500 empresas de todo el país y que comanda el mendocino Gerardo Fernández, se unió al reclamo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) pidiendo que se prorrogue el plazo para pagar el bono de $24 mil para los empleados que cobren menos de $185.859, y que están obligados a pagar por decreto.

Las constructoras enviaron una carta a la ministra de Trabajo Kelly Olmos, planteando la imposibilidad de cumplimiento "material y objetiva de la retribución no remunerativa por ser arbitraria y por ende, ilegítima".

Gerardo Fernández envió la nota a la ministra Olmos

Gerardo Fernández envió la nota a la ministra Olmos

Según publicó La Nación, el escrito menciona que el 2 de diciembre pasado la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (Faec) resolvieron reabrir y complementar los acuerdos paritarios de mayo y septiembre previéndose aumentos escalonados para diciembre de este año, enero, febrero y marzo de 2023.

"Dichos porcentajes posicionan al sector con una variación interanual que significa un incremento de sueldo del obrero de la construcción en un 105% sobre marzo de 2022. Es decir que el sector previó con anterioridad al dictado del DNU 841/2022 la necesidad de un ajuste salarial", alegan.

El decreto salva de pagar el bono extra a aquellas empresas que hubieran acordado en los respectivos Convenios Colectivos de Trabajo el pago de asignaciones no remunerativas por única vez o beneficios equivalentes entre noviembre de 2022 y enero de 2023, motivo que llevó a las Pymes constructoras a hacer el reclamo.

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Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, afirmó que desde la entidad venían alertando sobre las implicancias que tendría la determinación unilateral del bono. "En el caso del sector privado el camino es el de la negociación colectiva y, si hubiera otro tipo de acuerdo, debe ser con la participación de los actores. No fuimos consultados por el bono, ni por las características y no compartimos ni la necesidad ni la conveniencia de establecerlo. Destacamos que iba a generar superposiciones e interferencias con lo pautado en los propios convenios, perturbando las escalas más bajas y generando expectativas en otros eslabones de la cadena", explicó.

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