The New York Times: "Una demanda que podría modificar la forma de interactuar en internet"

Nota publicada en The New York Times

Por Cecilia Kang, David McCabe y Daisuke Wakabayashi

El Departamento de Justicia acusó a Google el martes de proteger ilegalmente su monopolio sobre búsquedas y publicidad en búsquedas, el desafío más importante que realiza un gobierno a una empresa de tecnología que podría modificar la forma de interactuar en internet.

En una demanda muy esperada, la agencia acusó a Google de cerrar acuerdos con socios gigantes como Apple y de limitar la competencia a través de contratos y acuerdos comerciales exclusivos.

Los acuerdos de Google con Apple, operadores de telefonía móvil y otros fabricantes de teléfonos móviles para hacer de su motor de búsqueda la opción predeterminada para los usuarios representaron la mayor parte de su participación de mercado dominante en búsquedas, dijo la agencia, una cifra que situó en alrededor del 80 por ciento.

"Durante muchos años", dijo la agencia en su queja de 57 páginas, "Google ha utilizado tácticas anticompetitivas para mantener y extender sus monopolios en los mercados de servicios de búsqueda general, publicidad de búsqueda y publicidad de texto de búsqueda general, las piedras angulares de su imperio".

La demanda, que puede extenderse durante años, podría desencadenar una cascada de otras demandas antimonopolio de los fiscales generales estatales. Aproximadamente, cuatro docenas de estados y jurisdicciones, incluidos Nueva York y Texas, han realizado investigaciones paralelas y se espera que algunos de ellos presenten quejas por separado contra el control de la empresa sobre la tecnología para la publicidad en línea. En tanto, 11 fiscales generales estatales, todos republicanos, firmaron para apoyar la demanda federal.

El fiscal general William P. Barr había hablado públicamente sobre la investigación durante meses. Instó a la agencia a presentar un caso para fines de septiembre, lo que provocó la resistencia de algunos de sus abogados que querían más tiempo y se quejaban de motivaciones políticas.

Google calificó la demanda como "profundamente defectuosa". Pero la acción de la agencia marcó una nueva era para el sector tecnológico: refleja la frustración reprimida y bipartidista hacia un puñado de empresas, en particular Google, Amazon, Apple y Facebook, que han evolucionado de firmas pequeñas y rudimentarias a potencias globales con gran influencia sobre el comercio, el habla, los medios y la publicidad. Conservadores como el presidente Donald Trump y liberales como la senadora Elizabeth Warren han pedido más restricciones sobre las grandes tecnologías.

Una victoria para el gobierno podría reestructurar una de las empresas más reconocidas de Estados Unidos y la economía de Internet que ha ayudado a definir desde que fue fundada por dos estudiantes graduados de la Universidad de Stanford en 1998. El Departamento de Justicia no presentó de inmediato soluciones, como vender partes de la empresa o rescindir contratos comerciales, en la demanda. Por lo general, estas acciones se llevan a cabo en etapas posteriores de un caso.

Ryan Shores, un asistente del fiscal general adjunto, dijo que "nada está fuera de la mesa" en términos de soluciones.

Google ha negado durante mucho tiempo las acusaciones de violaciones antimonopolio y se espera que la compañía luche contra los esfuerzos del gobierno utilizando su red global de abogados, economistas y lobbistas. Alphabet, valorada en 1.040 millones de dólares y con reservas de efectivo de 120.000 millones de dólares, ha enfrentado demandas antimonopolio similares en Europa. La compañía gastó U$S 12,7 millones en lobby en Estados Unidos en 2019, lo que la convierte en una de las principales empresas que gastan más dinero en Washington.

La compañía dice que tiene una fuerte competencia en el mercado de búsquedas, con más personas que encuentran información en sitios como Amazon. Dice que sus servicios han sido de gran ayuda para las pequeñas empresas.

"La gente usa Google porque así lo desea, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas", dijo Kent Walker, director legal de la compañía, en una publicación de blog .

Walker dijo que la demanda "no haría nada para ayudar a los consumidores. Por el contrario, apuntalaría artificialmente alternativas de búsqueda de menor calidad, aumentaría los precios de los teléfonos y dificultaría que las personas obtengan los servicios de búsqueda que desean utilizar".

Los legisladores demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes publicaron un informe extenso sobre los gigantes tecnológicos hace dos semanas, acusando también a Google de controlar el monopolio de las búsquedas en línea y los anuncios que aparecen cuando los usuarios ingresan una consulta.

"Un número significativo de entidades, que abarcan las principales corporaciones públicas, pequeñas empresas y empresarios, dependen de Google para el tráfico y ningún motor de búsqueda alternativo sirve como sustituto", dijo el informe. Los legisladores también acusaron a Apple, Amazon y Facebook de abusar de su poder de mercado. Pidieron una aplicación más agresiva de las leyes antimonopolio y que el Congreso considere fortalecerlas.

El escrutinio refleja cómo Google se ha convertido en un actor dominante en las comunicaciones, el comercio y los medios durante las últimas dos décadas. Ese negocio es lucrativo: el año pasado, Google generó 34.300 millones de dólares en ingresos por búsquedas en Estados Unidos, según la firma de investigación eMarketer. Se espera que esa cifra crezca a 42.500 millones de dólares para 2022, dijo la firma.

En su denuncia, el Departamento de Justicia dijo que las acciones de Google habían perjudicado a los consumidores al sofocar la innovación, reducir las opciones y disminuir la calidad de los servicios de búsqueda, incluida la privacidad de los datos del consumidor. También dijo que los anunciantes que utilizan sus productos "deben pagar un peaje a la publicidad de búsqueda de Google y a los monopolios generales de publicidad de texto de búsqueda".

La demanda es el resultado de una investigación que se ha prolongado durante más de un año. Los fiscales han hablado con los rivales de Google en tecnología y medios, recopilando información y documentos que podrían usarse para construir un caso.

El Departamento de Justicia también investigó el comportamiento y las adquisiciones de Google en el mercado general de publicidad digital, que incluye anuncios de búsqueda, visualización web y video.

Pero el caso de la búsqueda es el más sencillo y le brinda al gobierno la mejor oportunidad de ganar. Para prevalecer, el Departamento de Justicia tiene que demostrar dos cosas: que Google es dominante en las búsquedas y que sus acuerdos con Apple y otras empresas obstaculizan la competencia en el mercado de las búsquedas.

El Departamento de Justicia dijo que Google estima que casi el 50 por ciento de su tráfico de búsqueda se originó en dispositivos Apple en 2019. Debido a que es una gran parte de sus consultas, Google paga al fabricante de iPhone entre U$S 8.000 millones y U$S 12.000 millones al año para seguir siendo el predeterminado. opción en sus teléfonos, iPads y computadoras Mac.

Ese arreglo ha hecho que Apple y Google dependan enormemente el uno del otro, al tiempo que superan a otros motores de búsqueda y, según el gobierno, protegen el monopolio de Google. Dentro de Google, perder su posición privilegiada en los iPhones se considera un escenario de "Código Rojo", según la demanda, mientras que en Apple, los pagos de Google representan aproximadamente entre el 15 y el 20 por ciento de las ganancias de Apple.

Gene Kimmelman, un ex alto funcionario antimonopolio de la agencia, dijo que el caso se centró en cómo el bloqueo de Google en la búsqueda le permitió "controlar un tesoro de datos de usuarios y denegar el acceso a la competencia". Dijo que el enfoque en los contratos era significativo porque algunos se hicieron cuando Bing y Yahoo de Microsoft representaron una amenaza competitiva para la búsqueda de Google.

En su publicación de blog, Google argumentó que no había nada de malo en sus acuerdos con Apple, otros fabricantes de teléfonos y operadores, comparándolos con las marcas de cereales que pagan por una ubicación prominente en los estantes de las tiendas. También dijo que no era difícil para los consumidores cambiar la configuración predeterminada de Google a otro motor de búsqueda.

Barr, un ex ejecutivo de telecomunicaciones de Verizon que una vez argumentó un caso antimonopolio ante la Corte Suprema, señaló que pondría a los gigantes de la tecnología bajo un nuevo escrutinio en su audiencia de confirmación a principios de 2019. Dijo que "mucha gente se pregunta cómo gigantes gigantes que ahora existen en Silicon Valley han tomado forma bajo las narices de los agentes antimonopolio".

Puso la investigación bajo el control de su adjunto, Jeffrey Rosen, quien a su vez contrató a Shores, un asistente de un importante bufete de abogados, para supervisar el caso y otros asuntos tecnológicos. El control de Barr sobre la investigación se endureció cuando el jefe de la división antimonopolio del Departamento de Justicia, Makan Delrahim, se retiró de la investigación porque representó a Google en la adquisición del servicio publicitario DoubleClick en 2007.

El fiscal general William P. Barr y el presidente Trump. Barr, un ex ejecutivo de telecomunicaciones de Verizon, ha tenido un papel activo en la investigación.

Barr quería que los fiscales concluyeran sus investigaciones y decidieran si entablar un caso antes del día de las elecciones. Si bien los funcionarios del Departamento de Justicia generalmente son callados sobre sus investigaciones hasta que se presenta un caso, Barr declaró públicamente su intención de tomar una decisión sobre el asunto de Google para fines del verano.

Este año, la mayoría de los aproximadamente 40 abogados que desarrollaron el caso dijeron que se oponían a presentar una denuncia antes de la fecha límite del 30 de septiembre de Barr. Algunos dijeron que no firmarían la denuncia y varios abandonaron el caso este verano.

Google enfrentó por última vez un escrutinio serio por parte de un regulador antimonopolio estadounidense hace casi una década, cuando la Comisión Federal de Comercio investigó si había abusado de su poder sobre el mercado de búsquedas. El personal de la agencia recomendó presentar cargos contra la empresa, según un memorando informado por The Wall Street Journal. Pero los cinco comisionados de la agencia votaron en 2013 para no presentar un caso.

Otros gobiernos han sido más agresivos con las grandes empresas tecnológicas. La Unión Europea ha presentado tres casos antimonopolio contra Google en los últimos años, centrados en su motor de búsqueda, negocio publicitario y sistema operativo móvil Android. Los reguladores de Gran Bretaña y Australia están examinando el mercado de la publicidad digital, en investigaciones que, en última instancia, podrían implicar a la empresa.

"Es la acción de monopolización más noticiosa presentada por el gobierno desde el caso de Microsoft a finales de los 90", dijo Bill Baer, exjefe de la división antimonopolio del Departamento de Justicia. "Es significativo porque el gobierno cree que una plataforma tecnológica de gran éxito se ha involucrado en una conducta que mantiene su poder de monopolio ilegalmente y, como resultado, daña a los consumidores y la competencia".

Lo más probable es que Google y sus aliados critiquen la demanda por motivos políticos. La administración Trump ha atacado a Google, propietario de YouTube, y a otras empresas de plataformas en línea por estar sesgadas en contra de las opiniones conservadoras.

Es probable que la demanda dure más que la administración Trump. El Departamento de Justicia pasó más de una década enfrentándose a Microsoft.

Los representantes de Google dijeron que anticiparon que pasaría al menos un año antes de que el caso fuera a juicio.

Si bien es posible que una nueva administración demócrata revise la estrategia detrás del caso, los expertos dijeron que era poco probable que se retirara bajo un nuevo liderazgo.