Empieza en Diputados el debate por los cambios en el monotributo

Esta semana comienza el tratamiento en las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto en la Cámara de Diputados de la Nación, del proyecto de ley que establece toda una serie de cambios en el monotributo referido a los topes de facturación para cada categoría, los porcentajes de aumentos en las cuotas y la eliminación del monotributo social. Este último tema anticipa un ríspido debate porque esa categoría fue creada para los pequeños emprendedores y muchos volverían a la informalidad.

En el proyecto que finalmente fue enviado por el Ejecutivo la semana pasada, se incluyen principalmente cinco grandes temas: una moratoria, un blanqueo de capitales, modificaciones al impuesto a las ganancias, a los bienes personales y al monotributo.

De estos 5 ejes,  la eliminación del monotributo social podría ser el que mayor controversia despierte, ya que esta categoría fue creada para promover la formalización de los sectores de menores ingresos permitiéndoles facturar y acceder a ciertos derechos afrontando un pago mínimo de $3.200. Son algo más de 600.000 trabajadores que facturan menos de $175.000 mensuales. Si este proyecto llegara a aprobarse, pasarían a abonar $26.600

Para el resto de los monotributistas, se incrementan las escalas de facturación, pero también los importes a pagar por mes: para la categoría A, el aumento del impuesto integrado sería de 119%.

El proyecto también avanza sobre los trabajadores registrados restituyendo el Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría. Con esta modificación, quienes cobren más de $1,8 millones bruto por mes, volverían a tributar el impuesto que fue eliminado en septiembre de 2023.

Por otro lado, este paquete fiscal impulsa un "Régimen de Regularización Excepcional": una moratoria para deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social, que permitiría mediante condonación de intereses y planes de pago regularizar la situación ante el fisco.

En cuarto lugar, el proyecto contempla una "Regularización de activos", es decir, un "blanqueo de capitales" en condiciones muy favorables. Hasta 100.000 dólares, el impuesto a pagar es cero, y por el excedente se cobra una alícuota de 5, 10 o 15% según el período temporal en el que se ingrese al blanqueo, sin importar los montos declarados.

Para el efectivo que sea depositado en entidades financieras o en sociedades de bolsa, el costo del blanqueo también es cero si no retiran el dinero hasta el 31 de diciembre de 2025. Este beneficio no presenta ningún tope: es sin cargo tanto para quien blanquea 10.000, 100.000 o 1 millón de dólares.

El incentivo para sacar los dólares de abajo del colchón -o de las cajas de seguridad- se acompaña con una reducción de alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales: no sólo no abonarán nada si depositan los dólares en el banco, sino que anualmente pagarán por esa tenencia cada vez menos.

Según los datos provistos por la Secretaría de Hacienda, sólo 125.000 contribuyentes pagan la alícuota máxima de 2,25%. Sin embargo, en el nuevo esquema propuesto, es a este sector al que más se lo beneficia: para 2023 la alícuota máxima baja a 1,5% (0,75 puntos porcentuales menos que lo vigente), con reducciones graduales hasta llegar al año 2027 con una alícuota única de 0,25%.

El proyecto prevé un Régimen de "pago anticipado" del impuesto por 5 períodos fiscales: se paga por el patrimonio actual (y no por lo que vaya a aumentar en los próximos años), sólo se tributa 0,45% por año, es decir, 2,25% total.

También les ofrecen estabilidad fiscal hasta 2038: el Estado no podrá cobrar una alícuota superior al 0,25%, limitando así la capacidad de futuros gobiernos de gravar el patrimonio.

Por supuesto, que diversos expertos en materia tributaria aseguran que es un proyecto muy regresivo, ya que desprotege a los sectores de menores ingresos