Cantero, nuevo titular del área en Mendoza: La morosidad en pago de viviendas del IPV llega al 57%
El titular del IPV explicó cuál es el plan de acción para este año y los objetivos planteados desde el gobierno provincial. A su vez, señaló que la tasa de mora 'ronda el 57%'.
Dentro de la obra pública, el Instituto Provincial de la Vivienda es una de las instituciones que deberá encontrar el camino correcto para poder operar de manera tranquila en un año complejo desde lo económico. El titular del IPV Gustavo Cantero dialogó con "Tenés que saberlo", por Radio Jornada 91.9, y explicó cuáles serán los objetivos del organismo.
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Con la mayor parte de su trayectoria en el ámbito privado, Cantero desembarcó en la función pública en el 2022 y tendrá por delante la responsabilidad de conducir lo que él denominó como 'una institución ordenada y con una operatoria bastante grande': "De 3500 casas aproximadamente, el 95% están financiadas por el Estado provincial. Me encontré con una operatoria grande, en una coyuntura complicada y un contexto macroeconómico difícil. Estamos tratando de, en función de lo que bajó línea el gobernador, ordenar los barrios y continuar con la obra pública. Se están reprogramando plazos de obra, pero la intención es terminar con toda la que ya estaba comprometida".
Cantero señaló que es importante el trabajo mancomunado con los municipios y destacó la necesidad de contar con una planta de trabajadores eficientes: "Mendoza Construye, que es una de las operatorias más grandes, se hacen a través de los municipios, que recepcionan las demandas, consiguen el terreno y lo urbanizan, mientras que la provincia financia y administra los créditos. La cantidad de personas necesarias es subjetiva, necesito gente para inspeccionar, para controlar las viviendas, para evaluar a los beneficiarios, para cobrar. La mayoría de los empleados son de planta, hay muy pocos contratados", explicó.
Cantero señaló que en el programa IPV Mi Casa, en donde hay cerca de 2000 viviendas, se inscribieron más de 60 mil personas: "Es una muestra de la necesidad de vivienda en la provincia y el IPV no va a poder hacerlo solo, necesitamos que las variables cambien para que el privado ayude". Además, explicó que se está ejecutando y que la cuestión económica ha complicado tanto al Estado como a los beneficiarios: "Son cerca de 4 millones de pesos, 25 salarios mínimos vitales y móviles. Como no era uno de los requisitos del sorteo, a veces se complica para conseguir la plata, pero estamos viendo opciones para ayudar". Además, explicó que se están 'repensando' las operatorias realizadas y presentar algún proyecto para presentar al gobernador apra comenzar con operatorias el segundo semestre.
El titular del IPV también señaló que hay algunos casos en donde los programas de crédito, entregados en épocas pasadas, quedaron atrasados y que desde el 2021 se aplicó el coeficiente de variación salarial: "Las cuotas no acompañan a la inflación, pero acompañan al crecimiento del sueldo". Además, explicó que estos programas tienen una mora baja, pero que en total, con más de 35 mil créditos activos 'la mora está en el orden del 57%': "En el 2022 se sacó una ley, la 9378, en la cual se permitía cancelar las cuotas para que podamos regularizar las atrasadas y también que se pudieran cancelar los créditos. Fue un éxito, la idea es plantear a la Legislatura y al gobernador extender esa ley para reducir la mora que tenemos".
Cantero explicó que, para viviendas entre 55 y 120m2, el IPV presta el 85% y comienza con 25 millones de pesos: "Es el valor de más de 400m2, ayuda muchísimo a la construcción. Si vas para arriba, en IPV Mi Casa el préstamo llega a 45 millones. Estamos hablando de operatorias en donde no se construye una sola casa, sino 15 ó 20, entonces cuando sumás el volúmen, a las empresas les cierra el número", señaló a la vez que agregó que no hay un número de viviendas a realizarse, sino objetivos: "El objetivo es seguir dando soluciones habitacionales, siguiendo con operatorias sociales, tratar de abarcar a la clase media que puede pagar una cuota con un coeficiente de variación más una pequeña tasa, para que una parte del programa pueda subsidiar la construcción de casas sociales. Tirar números sería descabellado, pero sí está el objetivo del gobernador de hacer operatorias, siempre que el contexto y la coyuntura nacional nos ayude", explicó, marcando que 'el plan está, necesitamos que el gobierno nacional nos ayude normalizando el país'.
Finalmente, el titular del IPV marcó que las viviendas son de uso propio y se pueden trasladar cuando sea a un familiar en las mismas condiciones: "Estamos detrás de algunas operatorias que hemos detectado y que se han denunciado. Estamos verificando si el crédito está cancelado, ahí no podemos actuar". Además, explicó que una vez realizadas las adjudicaciones, la idea es que no pasen más de 60 días para entregar la vivienda: "Cuando se entrega el ingreso, tratamos que 30 ó 60 días antes de las entregas estén todos los beneficiarios. Si no está la totalidad no se puede entregar el barrio y empiezan los problemas de seguridad. El objetivo de la parte de planificación que lleva el tema de selección de beneficiarios, tiene la obligación que a los 60 ó 30 días de la entrega, estén la totalidad de los beneficiarios y ahí es cuando tenes que hacer el aporte de los 25 salarios".
