A pedido del FMI, Nación debería dejar de subsidiar los servicios públicos del AMBA
La creciente inflación y el impacto en los sectores vulnerables obliga a reducir el gasto público. Una de las medidas es que Nación no regule las empresas públicas de servicios.
La creciente inflación se vuelve cada vez más difícil de afrontar para los sectores vulnerables. Si bien hay múltiples causas de este incremento, reducirla es una prioridad y reducir el gasto público se convierte en la solución urgente.
Tras cumplir con las metas fijadas por el FMI, desde el organismo internacional insisten en hablar sobre los subsidios económicos, que llevaría a un aumento en las tarifas.
De acuerdo a la Asociación Argentina de Presupuesto y y Administración Financiera Pública (ASAP) los subsidios económicos equivalen a 3,9% del PBI, más que el déficit proyectado para 2022 que es de 2,5% del PBI.
En cuanto a la energía eléctrica, las distribuidoras no le pagan a CAMMESA la energía que les vende. Debido a esto, la Nación podrá descontarles a las provincias las deudas que generen sus distribuidoras de electricidad con la Compañía Administradora.
El problema radica que en AMBA es la Nación la que regula los precios de la electricidad, por lo que se podrán tocar los subsidios solo en el interior del país, de acuerdo al informe de IDESA.
Una similar situación se observa en los subsidios al transporte público, donde la mayor parte van a parar al AMBA y el resto a las provincias.
Esto justifica la reducción del gasto público y la necesidad de que cada provincia se haga cargo de las tarifas sociales. Asimismo, es urgente que Nación deje de regular a la empresas públicas de distribución eléctrica, transporte y agua.
