De que se trata el proyecto de ley para crear un "mini RIGI"
Este es un proyecto que requirió meses de desarrollo e impulsado por cámaras empresariales. El Ejecutivo se compromete a realizar los cambios en las regulaciones laborales establecidos por el mega DNU que han sido objeto de procesos judiciales.
En el contexto de la tensión generada por la ausencia de altos funcionarios en la conferencia anual de este martes de la Unión Industrial Argentina (UIA), el Gobierno presentó a la industria el anuncio de que el proyecto de ley "mini RIGI". Tras varios meses de negociaciones y elaboración, sería enviado al Congreso esta semana, a pesar de que el tiempo para su discusión está restringido por el cierre de las sesiones ordinarias.
La UIA ha sido una de las entidades empresariales que durante meses abogó por la presentación de una iniciativa legislativa que extendiera los beneficios fiscales del RIGI a inversiones inferiores a 200 millones de dólares. Se discutía entre los empresarios la posibilidad de un "mini RIGI" que incluyera inversiones de áreas como la industria manufacturera. El proyecto está dividido en seis capítulos: Inversiones productivas, Exportaciones incrementales, sector agropecuario, régimen laboral, promoción del empleo y Otras disposiciones.
Según el Ministerio de Economía, el proyecto incluirá "beneficios fiscales, exención de derechos de exportación para productos industriales, reembolso anticipado de IVA y otros incentivos para inversiones que excedan los 150 mil dólares para empresas micro; 600 mil dólares para pequeñas empresas; 3,5 millones de dólares para empresas de tramo 1; 9 millones de dólares para empresas de tramo 2; y 30 millones de dólares para las demás".
Los detalles
Las inversiones se beneficiarán de la amortización acelerada, es decir, la reducción de los plazos para la amortización de bienes en el impuesto a las ganancias y la devolución anticipada del IVA, que verá sus plazos reducidos de seis a tres meses. En cuanto a las exportaciones incrementales, la parte adicional de las ventas al exterior que realicen las empresas, el proyecto de ley contempla la exención de los derechos de exportación para las pymes que exporten bienes industriales. Aún no se han determinado con precisión las posiciones arancelarias que estarán incluidas. Solo las compañías ya existentes se beneficiarán de esto, excluyendo a las de nueva creación.
Para el sector agrario, se destinará un capítulo con artículos en la ley que postergarán la valuación del ganado hasta el momento de su venta efectiva, pagando hasta entonces el impuesto a las Ganancias sobre la valuación fiscal; y para inversiones en sistemas de riego y mallas antigranizo, el Gobierno ofrecerá amortización acelerada y devolución anticipada del IVA. Además, se reducirá la alícuota del IVA en la energía para sistemas de riego agrícola del 27% al 10,5%.
"En lo relacionado al régimen laboral y el fomento al empleo formal, la iniciativa contempla la actualización laboral de la Ley de Contrato de Trabajo según está contemplado en el DNU 70/23 y de la modernización del Régimen de Trabajo Agrario, al tiempo que prevé la reducción de contribuciones patronales sobre empleos incrementales, y un bono de crédito fiscal para empresas que tomen trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal", mencionaron desde ese ministerio.
El capítulo laboral del DNU es crítico porque fue judicializado por acción de los gremios. El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Juan Pazo precisó que la ley que anticipó este martes incluirá esos puntos objetados, salvo aquellos que establecen cambios en el sistema de organización sindical. "Vamos a poner una tasa específica para el pago de juicios laborales de IPC más 3% anual para que no haya capacidad de interpretación o creatividad en la Justicia. Los créditos laborales también devengarán esta misma tasa. La idea es generar una tasa consistente", adelantó.
Por otra parte, el Gobierno determinará que para los empleos incrementales -es decir, la misma lógica que con las exportaciones, solo correrá para los puestos de trabajo nuevos creados- habría un "bono de crédito fiscal sobre un porcentaje de las sumas abonadas en concepto de contribuciones patronales al SIPA para los nuevos empleos incrementales y por el término de 1 año".
Y, por último, la ley propondrá un "bono de crédito fiscal sobre las sumas abonadas en concepto de contribuciones patronales al SIPA para la contratación de trabajadores del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal, por el término de 2 años. Se excluye del beneficio la contratación de funcionarios públicos". Es una de las formas que el Gobierno pensó para facilitar una "transición" para que el empleo público pase a ser privado.
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