Piden que se normalice el ENRE antes de decidir sobre Edesur
El Instituto Argentino de Energía Gral. Mosconi emitió un documento crítico del avance del Poder Ejecutivo nacional sobre Edesur. Los conceptos.
En los últimos días aparecen diversas opiniones en relación con la rescisión del contrato de concesión de Edesur S.A. Estas opiniones están aparentemente coordinadas y se expresan por fuera de los canales institucionales correspondientes.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), intervenido desde el inicio de la actual administración, publicó una gacetilla de prensa en la cual informa los resultados de una auditoría al proceso de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del año 2017 que deriva en la recomendación de anular dicha RTI.
En forma contemporánea con esa información el "Defensor del pueblo de la Provincia de Buenos Aires", Guido Lorenzino, realiza una presentación ante el ENRE aduciendo el aumento generalizado de reclamos por el servicio brindado por Edesur y solicita la rescisión del contrato de concesión. Y en línea con la pretensión del Defensor del Pueblo, varios Intendentes justicialistas de localidades abastecidos por Edesur han solicitado a autoridades nacionales "medidas drásticas" contra la empresa.
En relación con este tema el IAE Gral. Mosconi advierte sobre algunas cuestiones relevantes:
- Edesur abastece a más de 2,5 millones de usuarios, de los cuales 2 millones son residenciales. Es decir, estamos hablamos de la seguridad de abastecimiento de aproximadamente 8 millones de personas. Debe tenerse sumo cuidado con lo que se diga o decida sobre esta cuestión porque está en juego "un servicio público esencial", no tenerlo o perturbarlo puede ser muy negativo en medio de una pandemia que tiene efectos severos en el conjunto de la sociedad.- La "Gacetilla de prensa" del ENRE no da cuenta de que haya intervenido en dicha auditoría la línea profesional del ENRE, ni tampoco que la misma haya sido reemplazada por la Intervención por motivos fundados. La gacetilla publicada por la intervención no constituye un documento oficial del ENRE que se expresa por medio de Resoluciones aprobadas por el Directorio, o en la situación actual con la firma del Interventor.- El "Defensor de Pueblo de la Provincia de Buenos Aires" funda su reclamo en el estudio de dos casos puntuales de anomalías y reclamos de vecinos de los Partidos de Quilmes y Florencio Varela. Es más: el Defensor hace su reclamo sobre la base de dos casos parciales que ni siquiera representan a la situación del servicio eléctrico en la totalidad de los dos partidos analizados.Pero además no tiene en cuenta que Edesur presta servicio en 12 Comunas de la CABA y 12 partidos del GBA lo que demuestra lo parcial del reclamo.
En función de las consideraciones anteriores el IAE Mosconi considera que:
- La Recisión de un Contrato de Concesión es un hecho previsto en los Contratos ante incumplimientos manifiestos y reiterados del Concesionario incumplidor. Esas constancias no surgen en la documentación analizada por el IAE Mosconi.- La Intervención del ENRE debería suministrar información detallada respaldada por los equipos profesionales especializados del ENRE sobre las anomalías eventualmente detectadas.- Las anomalías puntuales consignadas por el Defensor del Pueblo deberán ser solucionadas una vez que se expida el ENRE sobre la entidad y el alcance de las mismas. El ENRE dispone de los mecanismos necesarios para verificar la calidad de servicio por usuario y en caso de incumplimiento con la calidad comprometida contractualmente advertir al Concesionario, aplicar multas y la reiteración de incumplimientos puede ser causal de rescisión, situación que como dijimos anteriormente no se ha verificado.Recomendación
En opinión del IAE Mosconi la solución no pasa por rescindir la concesión que implica un largo proceso, un enorme pasivo a futuro para el Estado y un salto al vacío en la prestación del servicio, sino ajustar los mecanismos que permitan inversión y control asegurando a todos los usuarios un servicio de calidad. Esa es una tarea del ENRE, que debería ser normalizado integrando su directorio con profesionales seleccionados a partir de concursos públicos y cuya intervención no debería prorrogarse.
Sería importante que la máxima autoridad en materia energética - el ministro de Desarrollo Productivo - se pronuncie claramente en relación con este tema, a fin de aclarar la posición del Gobierno sobre el mismo.