Rechazan redeterminación de precios solicitada por Bravin Hnos
La decisión, contenida en el decreto 2749/24 y publicada en el Boletín Oficial, cierra la posibilidad de nuevas gestiones administrativas por parte de la empresa, que podría recurrir a la Justicia para continuar con su reclamo.
Este miércoles, el Gobierno de Mendoza oficializó su negativa a la solicitud de redeterminación de precios presentada por la constructora Bravin Hnos., encargada de construir el barrio Palmira Crece en el departamento de San Martín.
La obra, entregada en 2023 tras sufrir importantes demoras, fue objeto de una disputa en la que Bravin Hnos. argumentó que los retrasos y sobrecostos respondían a circunstancias externas, como la inflación, el desabastecimiento de materiales y la falta de mano de obra calificada. Según la empresa, estas dificultades justificaban la aplicación de la teoría de la imprevisión, que permite revisar contratos cuando eventos extraordinarios afectan su cumplimiento.
Además, la constructora señaló que el anticipo financiero otorgado por el Estado-equivalente al 30% del contrato, unos $33.210.261,99-resultó insuficiente frente a las adversidades enfrentadas, las cuales también se vieron agravadas por modificaciones en el proyecto original.
La postura oficial
El Gobierno mendocino, apoyado en informes del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y dictámenes de la Dirección de Asuntos Jurídicos, rechazó los argumentos de la empresa, atribuyendo los problemas de la obra a falencias en su gestión y no a factores externos.
Entre las fallas señaladas, destacaron:
El decreto subraya que los retrasos y complicaciones no se debieron a factores imprevistos, sino a una gestión deficiente por parte de la constructora.
Impacto y próximos pasos
Con la publicación del decreto, el Ejecutivo provincial ratificó su decisión de cerrar la vía administrativa, dejando a Bravin Hnos. la única alternativa de recurrir al ámbito judicial si desea insistir con su reclamo.
El barrio Palmira Crece, concebido como una solución habitacional para el departamento de San Martín, fue entregado a los beneficiarios en 2023, aunque las polémicas sobre su ejecución y costos persisten en la agenda pública.
La decisión marca un precedente en la postura gubernamental frente a conflictos similares, consolidando una política de control estricto sobre la ejecución de contratos públicos y el manejo de fondos estatales.