El Gobierno presenta un plan de modernización del INTA y ya hay polémica

Una información que circuló en los últimos días fue anunciada oficialmente por el vocero presidencial en la conferencia de prensa que hace semanas dejó de ser diaria, para pasar a realizarse una vez por semana. Se trata del "plan de modernización del INTA", la entidad de ciencia y tecnología creada en 1956 para desarrollar la agroindustria argentina, ayudando al campo y a las economías regionales en su despegue, después de los años de intervención que tuvo durante la gestión de Juan Domingo Perón.

El anuncio tiene alto impacto en todo el país, y supera largamente la discusión presupuestaria, ya que la mayoría de las investigaciones se realizan con el aporte de empresas bajo el esquema "público-privado" o el financiamiento de organismos internacionales que respaldan la investigación. En efecto, tal como dijo Manuel Adorni, el 90% del presupuesto asignado se usa para pagar sueldos" (en el INTA dicen que es el 85%, de todos modos) y el objetivo del plan es que "esa cifra aumente al 30 por ciento en 2027", pero el ente autárquico obtiene sus propios fondos a través de la Fundación ArgenINTA y la sociedad anónima INTEA.

Hay que partir de la base de que dos programas del INTA nacidos en la década del 90, Cambio Rural (que dependía presupuestariamente de la Secretaría de Agricultura) y ProHuerta (que dependía de Desarrollo Social, hoy Capital Humano), fueron desactivados ya en la gestión de Javier Milei. Ese personal, seguramente en los años kirchneristas muy politizado, sería el más afectado por la reducción drástica, sobre todo en los casos de contratos transitorios.

"El 50 por ciento de sus 6.852 empleados ingresaron durante los gobiernos de Cristina Fernández entre 2007 y 2015", aseguró Adorni.

El vocero también precisó que "de las 116.000 hectáreas que tiene el INTA entre todos sus predios y propiedades, solo 45.000 de ellas se usan para experimentación con fines comerciales y productivos". Y aseguró que "entre los inmuebles que serán vendidos como parte del plan, se encuentra el edificio ubicado en Cerviño y Ortiz de Ocampo, valuado en 6 millones de dólares, como precio base", que "quedará en manos del propio INTA y será destinado a financiar lo que debe financiar el INTA, que son investigaciones". Y aquí aparece la primera polémica.

Ese edificio fue una donación de la familia Leloir para el INTA, con lo cual es bastante poco probable que esa venta pueda concretarse. Si bien es cierto que "nadie encuentra el legado que certifique esa donación, lo seguro es que está flojo de papeles para que alguien lo compre, mucho menos si pretende hacer un edificio o torre, cuyas unidades tendrá que vender".

Otra polémica está en relación a la aprobación del plan que, en tanto organismo autárquico, debe aprobar el Consejo Directivo, integrado por el Poder Ejecutivo, las universidades y las entidades agropecuarias. Es decir, además del nuevo presidente de la entidad, Nicolás Bronzovich, y la vicepresidenta, María Beatriz Giraudo, hay un representante por la Secretaría de Agricultura, otro por la carrera de Veterinaria, otro por Agronomía, y cinco miembros por el sector privado: AACREA, SRA, FAA, Coninagro y CRA.

¿Podrá el Ejecutivo quebrar la desconfianza que tienen contra Bronzovich y lograr el respaldo mañana jueves, cuando se reunirán las autoridades? Por lo que trascendió, en la orden del día no figura el tratamiento del plan de modernización, ni los miembros de las entidades del campo lo conocen todavía.

 Sí figura el plan de retiro voluntarios, al que se acogerían unos 300 empleados. También hay un número similar de jubilaciones anticipadas. Pero el plan en cuestión implica "poner a disposición el predio del ente estatal en Cerrillos", donde funciona la estación experimental Salta-Jujuy y no se conocieron todavía detalles de otras experimentales o laboratorios, como los cinco que tiene en Mendoza y San Juan, en Pocito, Luján de Cuyo, Junín, La Consulta y Rama Caída, bajo la conducción regional de Claudio Galmarini, que en octubre asumió su segundo mandato.

La ayuda que tiene el actual titular del INTA se la brinda Juan Pazo, desde julio Secretario de Coordinación de Producción, que decide lo que sucede también en Agricultura. El funcionario, de estrecho vínculo con Luis "Toto" Capùto no tiene el habitual prejuicio contra el campo que otros funcionarios de economía, pero en el organismo científico temen que las decisiones en el INTA se tomen "desde afuera, con poco conocimiento de los detalles y buscando achicar gastos sin pensar en la generación de productividad".

Para algunos, el anuncio que hoy realizó Adorni "fue más una presión contra el Consejo Directivo que otra cosa", pero no descartan que el Gobierno logre la mayoría de los votos del Consejo Directivo, algo que tampoco es habitual en la historia del organismo, que normalmente tomó las decisiones por consenso.