Boletín oficial

Anses ya no otorgará créditos personales

La norma firmada por Milei, Francos y Pettovello consideró que eran "un perjuicio significativo en términos reales para los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad".

El Gobierno ha derogado los artículos que permitían a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) conceder créditos utilizando los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La acción fue formalizada a través de un decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial este lunes, como parte de un esfuerzo por reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

El decreto, suscrito por el presidente de la Nación, suprime los apartados m) y n) del artículo 74 de la Ley Nº 24.241 y abroga las normativas relacionadas que extendían dichas facultades. Se argumenta que la concesión de créditos a tasas negativas resultaba en pérdidas considerables para los activos del FGS, que registraron una inflación anual del 211,4% en 2023, de acuerdo con la información proporcionada por el Indec.

"El otorgamiento de financiamiento constituye una actividad que puede ser desempeñada de manera eficiente y competitiva por el sector privado, el cual cuenta con los recursos y la capacidad para ofrecer productos crediticios bajo la supervisión del Banco Central (BCRA)", dicen en uno de los considerandos.

El FGS, administrado por Anses, fue concebido en 2007 con el propósito de garantizar la sustentabilidad del sistema previsional y amortiguar los impactos de crisis económicas sobre el sector. Sin embargo, informes recientes alertaron sobre la erosión del valor real de los activos debido a las líneas de crédito ofrecidas a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y otros programas.

En el decreto se considera que "ofrecer créditos a tasas reales negativas implica un subsidio implícito a los beneficiarios de dichos créditos, en detrimento de los activos del fondo y, por ende, de todo el resto de los beneficiarios y aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)".

Un informe de auditoría interna destacó que las tasas de interés de los créditos de ANSES eran significativamente más bajas que las proporcionadas por las entidades financieras privadas y públicas.

Al respecto, la norma argumenta también que "durante el año 2023, la línea de créditos para trabajadores se ofreció con una Tasa Nominal Anual del 50%, mientras que la inflación anual registrada fue del 211,4 %, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que evidencia un perjuicio significativo en términos reales para los activos del FGS que atenta contra la preservación y sostenibilidad del mencionado Fondo".

El decreto sostiene que incorporar al sector privado en la oferta de créditos ayudará a diversificar las fuentes de financiación para los jubilados y pensionados, reduciendo así la presión sobre los recursos del FGS, limitando a la Anses a su función esencial de administración de la previsión social.

La norma insiste en explicar que "fomentar la inclusión financiera a través del sector privado permitirá una diversificación de las fuentes de financiamiento para las personas jubiladas, pensionadas y beneficiarias de otras prestaciones a cargo de la Anses, aliviando su presión y contribuyendo a la preservación de los recursos del FGS. Tanto las instituciones financieras públicas como las privadas poseen líneas de crédito activas dirigidas a jubilados y pensionados, lo que evidencia la capacidad del sistema financiero para atender esta demanda".

Con esta medida, el Gobierno intenta priorizar la conservación de los activos del fondo, siguiendo las recomendaciones de la Ley Nº 27.574, que dicta criterios de seguridad y rentabilidad para las inversiones del FGS. Se considera también que la concesión de créditos puede ser realizada más eficientemente por el sector financiero, bajo la supervisión del Banco Central de la República Argentina.

Esta acción se toma en el marco de la emergencia económica, proclamada en 2023 y que se extenderá hasta 2025, lo cual requiere una reestructuración de las políticas públicas para abordar los elevados niveles de pobreza e inflación.

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