Presupuesto 2025: el Gobierno endurece su posición ante los gobernadores
El Ejecutivo no llamaría a sesiones extraordinarias si no logra un acuerdo con los mandatarios; los equipos técnicos ya trabajan para programar la gestión sin la pauta de gastos aprobada por el Congreso.
La discusión sobre el Presupuesto 2025 se encuentra estancada en el Congreso. Esta semana, el oficialismo pospuso la sesión destinada al tratamiento del proyecto que Javier Milei presentó el 15 de septiembre. Con el cierre del período de sesiones ordinarias del Congreso el 30 de noviembre, el Gobierno aún no ha decidido si convocará a sesiones extraordinarias para concluir el debate del Presupuesto.
De no alcanzarse un consenso en el poder legislativo, el Presupuesto de este año se extenderá automáticamente al próximo. Sería el segundo año seguido en esta circunstancia, un hecho sin precedentes desde la sanción de la Ley de Administración Financiera actual en 1992.
Desde la Asociacion Argentina de Presupuesto informaron que hasta ahora fue entendible que el gobierno tuviera un presupuesto reconducido, sobre todo cuando el cambio político fue tan fuerte con la llegada de LLA al poder. Pero a un año de gestión, no conseguir los consensos necesarios implican una mala señal que puede perjudicar el plan económico.
Qué pasa si se prorroga el Presupuesto 2024
Si finalmente se concreta la prórroga, se prolongarán los créditos presupuestarios existentes hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto abarca todas las ampliaciones y reasignaciones de partidas que el Gobierno ha realizado durante el año en curso.
"Los créditos vigentes son las autorizaciones máximas para gastar, que nunca se usan al 100%. Cuando arrancó el año 2024, el monto total era lo de 2023. Como está establecido que esa cifra no se puede tocar sino por ley, en los casos de prórroga del Presupuesto, los DNU operan como una ley y el Gobierno fue aumentando las partidas que le pareció y otras no tanto", indica el informe la ASAP.
Entre enero y octubre de este año, los créditos vigentes experimentaron un incremento del 138% en comparación con el mismo período de 2023. Sin embargo, ajustado por la inflación de esos intervalos, representó una caída cercana al 30%.
Gobernar sin Presupuesto le ofrece mayor flexibilidad a Milei para asignar partidas y recortar gastos. Un límite que podría surgir a esa flexibilidad es el proyecto de la oposición para limitar los DNU, que por ahora no logró acuerdo en el Congreso.
"El margen de maniobra que gana el Ejecutivo tiene como correlato decisiones de gobierno que no son consensuadas y que, por ello, son menos previsibles. Eso tiene una repercusión, que a veces es difícil de medir, pero existe, en términos de confianza para los mercados y también de señales que el Gobierno le da al sector privado mediante los lineamientos que incluye en el Presupuesto", indican desde la ASAP
Se endurece la posición del Ejecutivo
En tanto, en Casa Rosada las negociaciones con los gobernadores dialoguistas no avanzaron demasiado, tras el encuentro del jueves pasado. Es más, fue el propio Vocero presidencial, Manuel Adorni quien dejó en claro la dureza de la posición del Ejecutivo: "Si quieren romper el equilibrio fiscal, seguimos con el Presupuesto 2023 ", dijo en conferencia de prensa, pero ratificó que no negociará el déficit cero.
El Gobierno afirma que conceder estas solicitudes representaría un costo de $3700 millones para el Tesoro y admite que las negociaciones están estancadas. Por otro lado, los líderes provinciales también indican que no ha habido un acercamiento de posturas con el Gobierno Nacional.
El martes el diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, suspendió el encuentro en que estaba previsto que se firmaran los dictámenes de la iniciativa para su avance en el Congreso por diferencias con los gobernadores.
Entre tanto, en Balcarce 50 avanzan en los planes para programar el 2025 sin contar con el proyecto. El encargado de habilitar fondos para las partidas es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que estuvo reunido ayer con el asesor presidencial, Santiago Caputo. El ala más conservadora del gobierno busca eludir la supervisión directa del Congreso, argumentando que la ausencia de un presupuesto no impacta la capacidad de obtener crédito internacional.
El Gobierno busca endurecer su postura con los gobernadores e insiste en que "no está dentro de las posibilidades que se cumplan todos los pedidos". Esos reclamos incluyen los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no distribuidos -$293.000 millones- y el financiamiento de cajas jubilatorias, que significan $322.000 millones.
También la reducción de aportes por la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos -$221.000 millones-, las compensaciones pendientes del consenso fiscal del 2017 ($1000 millones) y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos ($1700 millones).
La mesa chica de Balcarce 50 afirma que convocará a sesiones extraordinarias solo si hay un acuerdo avanzado con las provincias previo al 30 de noviembre, que termina el tratamiento ordinario en el Congreso. Adorni confirmó que por el momento "no está definido" que vaya a haber una convocatoria.
tn